Monitorización remota de pacientes y derechos constitucionales: Evitar un terreno resbaladizo

Nuestro mundo digitalmente conectado ha creado nuevas oportunidades –y peligros potenciales– en el nexo entre la atención médica y los derechos de los pacientes. La telemedicina desempeñó un papel muy importante durante la pandemia de COVID, ayudando a los proveedores de atención médica a mantenerse conectados con sus pacientes, al menos nominalmente, y permitiendo realizar exámenes a distancia, comprobar recetas, etc. Pero la misma tecnología puede convertirse en una herramienta que interfiera en la relación proveedor-paciente y en la privacidad médica.

Pero la misma tecnología puede convertirse en una herramienta que se entrometa en la relación proveedor-paciente y en la privacidad médica. Las fuerzas del orden pueden utilizarla para vigilar a los pacientes a los que los médicos recetan analgésicos legales con fines legítimos bajo la falsa presunción de que los pacientes harán un mal uso de ellos. Esto puede infligir aún más daño a una población de pacientes que ya es un daño colateral en la guerra de Estados Unidos contra las drogas.

Por supuesto, los avances en tecnología y técnicas de telemedicina fueron uno de los pocos puntos brillantes durante la pandemia, y esas relaciones proveedor-paciente siguieron siendo voluntarias y tuvieron lugar bajo las protecciones de privacidad que ofrece la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

Pero ahora, la actual polémica sobre la prescripción y el consumo de opiáceos ha avivado el interés de algunos congresistas por pedir a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) que estudie las posibilidades sobre el "uso de la monitorización a distancia con respecto a las personas a las que se prescriben opiáceos". Esa disposición de estudio de la GAO se encuentra en la Sección 118 de la Ley de Reautorización de Apoyo a Pacientes y Comunidades, que fue aprobada por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes por 49 votos a favor y 0 en contra el 19 de julio.

Existe abundante bibliografía sobre la monitorización a distancia de pacientes para el tratamiento ambulatorio del trastorno por consumo de opiáceos, incluidos los especialistas en adicciones que reducen gradualmente la dosis de metadona a sus pacientes para evitar los síntomas de abstinencia. Esto se debe a que, con la llegada de la telemedicina, se espera que los médicos puedan tratar todo tipo de afecciones a distancia mediante dispositivos sensores sin que los pacientes tengan que acudir a la consulta.

La investigación no se limita a la monitorización de opiáceos. Las tecnologías para controlar a distancia la tensión arterial, los electrocardiogramas, la oxigenación, etc., ya están disponibles o lo estarán pronto. Las empresas tecnológicas privadas, financiadas con capital riesgo, siguen desarrollando estos dispositivos en respuesta al creciente mercado de servicios de telesalud.

El único papel del gobierno en este ámbito es eliminar las reliquias normativas de los siglos XIX y XX que frenan el crecimiento de los servicios de telesalud. Son avances bienvenidos, pero nunca debemos perder de vista el potencial de compromiso o incluso abuso de esos datos recogidos y almacenados.

El reciente proyecto de ley que exige un estudio de la GAO es una solución en busca de un problema. No es necesario que la legislación financie estudios para controlar a distancia el consumo de opiáceos, puesto que estos estudios ya se están realizando y están muy avanzados. Como tal, el requisito de estudio de la GAO en el proyecto de ley parece ser una forma de teatro político legislativo destinado a mostrar preocupación por el problema de la sobredosis de opioides.

Además, la redacción del estudio es demasiado amplia. No habla de monitorización remota para tratar el trastorno por consumo de opiáceos o la dependencia, sino sólo de monitorización remota de pacientes con opiáceos. Un lenguaje tan amplio puede tener consecuencias no deseadas y perjudiciales.

A pesar de los abundantes datos públicos que indican lo contrario, la mayoría de los legisladores creen que todas esas personas que acceden al fentanilo, la cocaína, la metanfetamina y el Tranq en el mercado negro son producto de los médicos que recetan opioides a sus pacientes para tratar su dolor. Esa desinformación es, en muchos sentidos, el núcleo del problema en nuestro debate público sobre cómo tratar los opioides de forma responsable.

Un estudio avalado por el Gobierno como el propuesto por la GAO demostrará sin duda que, con las tecnologías actuales o previstas, es posible controlar a distancia cómo consumen opioides los pacientes a través de sus respuestas fisiológicas. Con esos datos en la mano, los cruzados antiopioides mal informados del Congreso darán entonces el siguiente paso "lógico": legislación que exija que todos los pacientes a los que se prescriban opioides por cualquier motivo sean monitorizados a distancia (otro ejemplo de "policías practicando la medicina").

Esto intimidará a los profesionales sanitarios para que reduzcan aún más la prescripción de opioides a sus pacientes con dolor. Esto simplemente exacerba la miseria que las políticas estatales y federales de prescripción de opioides ya les han infligido y que está llevando a muchos al suicidio y a algunos al homicidio.

Ya vivimos en un país excesivamente vigilado, cortesía de leyes draconianas y radicales como la Ley Patriota y la Ley de Enmiendas FISA, junto con la proliferación de lectores automáticos de matrículas, tecnología de reconocimiento facial, etcétera. Estas leyes y tecnologías han comprometido gravemente la privacidad de nuestras comunicaciones personales, y lo último que necesitamos es una perversión de la tecnología de la telemedicina que comprometa aún más la ya amenazada relación médico-paciente.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 31 de agosto de 2023.