Ministro de agua y saneamiento

Más allá de cómo quede la correlación de fuerzas en el Congreso, Carlos Bruce es una buena elección para integrar el nuevo gabinete. Ha sido un hombre valiente a la hora de defender sus convicciones en materia de libertades y derechos personales. Ha sido también un eficaz y popular ministro de vivienda. Más de diez millones de metros cuadrados de vivienda fueron construidos por el sector privado durante su gestión; más de medio millón de préstamos otorgados por el Banco de Materiales; y otros veinte a treinta mil por el Fondo Mi Vivienda. Ahora que regresa al ministerio, sin embargo, creemos que debería preocuparse menos de la vivienda y más del agua.

Sería mucho pedir que abandone los programas de subsidio a la construcción. Sus primeras declaraciones indican, más bien, que tratará de ampliarlos, habilitando a las cooperativas de crédito para canalizarlos. Todos los gobiernos piensan que es parte de su misión resolverle a la gente el problema de la adquisición de una vivienda. El efecto económico de esos programas es ciertamente aumentar la demanda, pero también, inevitablemente, el precio de la vivienda en el segmento relevante del mercado. Aquellos que no necesitaban el subsidio tienen que pagar más. Los que no pueden pagar más se quedan sin comprar, a menos que califiquen para el subsidio. Hay ganadores y perdedores, pero las fotos de los ministros son solamente con los primeros.

Mucho más importante y justificable es que el estado se involucre en la construcción de infraestructura de agua y saneamiento. A diferencia de lo que ocurre en el caso de la vivienda, estas obras proveen beneficios indirectos para la salud pública, además de los beneficios directos que reciben los usuarios. Eso no necesariamente quiere decir que deban ser subsidiados. Los beneficiarios directos e indirectos de una determinada obra son mayormente los mismos. Lo ideal sería que paguen directamente, como usuarios, por los beneficios directos que reciben; e indirectamente, como habitantes de la localidad a la que atiende la obra, por los beneficios indirectos. Las provincias y distritos que reciben canon minero, por ejemplo, podrían comprometer esos recursos para costear la operación y el mantenimiento.

La tarea inmediata debería ser elaborar una lista de obras prioritarias, de acuerdo con su urgencia y viabilidad. Las más urgentes serían las necesarias para llevar a todo el país a un estándar mínimo de, digamos, cuatro horas diarias de disponibilidad de agua y equis por ciento de tratamiento de desagües. Dentro de éstas, las que puedan sostenerse con recursos de la propia localidad son las más viables, y deberían hacerse primero. Con eso tiene el ministerio, estamos seguros, su plan de inversiones hasta el 2021. Y, aparte, podría decidir de una vez por todas si se hacen o no se hacen los llamados proyectos emblemáticos, como las obras de cabecera de Sedapal, que están estancadas hace dos años, o la iniciativa privada para la planta de tratamiento del lago Titicaca, que sigue en estudio después de tres años de presentada.

Es lamentable que hasta el momento lo que este gobierno ha hecho en el ámbito del agua es lo mismo que hace un pez: nada, nada y nada. Se suponía que el acceso universal al agua era una de las prioridades del Presidente. El ministro Bruce es la persona indicada para hacerla realidad.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 22 de septiembre de 2017.