Midas al revés
Oscar del Brutto dice que cuando se refiere a administración empresarial, el Estado ecuatoriano es como un Midas al revés.
Por Oscar del Brutto
Midas tenía un extraño poder. Era capaz de convertir todo aquello que tocaba en oro. Tocaba una piedra, oro; una silla, oro; una manzana, oro.
Cuando se refiere a administración empresarial, el Estado ecuatoriano es como un Midas al revés. Todo lo que toca pierde valor y se empaña de corrupción. Solo basta ver lo que ocurre con los servicios públicos que presta el Estado. Desde la provisión de energía eléctrica hasta la vialidad, pasando por la salud y la seguridad social. Tal vez el mejor ejemplo de mala administración estatal sea la operación de los pozos petroleros. La producción petrolera funcionaba a la perfección en los bloques que habían sido concesionados a las empresas privadas durante la década de los noventa. Pero durante el gobierno del socialismo del siglo XXI, el Estado decidió expulsar a las petroleras extranjeras y darle la administración de esos bloques a Petroecuador. Desde entonces, cada vez producimos menos petróleo y los escándalos de corrupción en las contrataciones de servicios petroleros se han multiplicado.
La semana pasada, luego de varias prórrogas, se cumplió con el contrato de concesión del oleoducto de crudos pesados y con la ley expedida a propósito de esa concesión. Tanto el contrato como la ley ordenaban que, luego de transcurridos veinte años de concesión del oleoducto, las acciones de la compañía que lo operaba pasarían a manos del Estado.
El oleoducto de crudos pesados es la obra de infraestructura más importante de la historia del país desde que se construyó el ferrocarril Guayaquil-Quito. Gracias a la concesión del oleoducto, que tuvo lugar en 2003 por la determinación y coraje del presidente Gustavo Noboa, el Ecuador pudo generar recursos que permitieron un incremento sostenido del PIB por varios años. El éxito del oleoducto de crudos pesados fue la inversión privada y la administración por parte de la empresa privada.
La gran pregunta es qué va a hacer el Estado ahora que es el titular de las acciones de la compañía que administra el oleoducto de crudos pesados. Se ha dicho que se abrirá un proceso de licitación para otorgar una nueva concesión. Si esto es así, va a ser importante tomar medidas legales para blindar jurídicamente al inversor y darle seguridades de que va a poder operar sin ser objeto de abusos burocráticos. Solo otorgando esas garantías vendrá un inversor que esté a la altura de administrar el oleoducto de forma eficiente y transparente.
Lo que no puede pasar es que el Estado se quede con la administración. Eso sería nefasto. Por un lado, el régimen jurídico de contratación pública y manejo de fondos públicos haría imposible que el oleoducto opere eficientemente. Cada pequeña reparación supondría procesos de licitación interminables. Por otro lado, la falta de capital humano y de recursos para invertir entorpecería la operación del oleoducto. El Estado no tiene ni el conocimiento ni el capital para manejar semejante operación.
El Estado ecuatoriano es un Midas al revés. No podemos permitir que toque el oleoducto de crudos pesados.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 4 de diciembre de 2024.