México está convirtiéndose en la próxima Colombia

Este estudio fue originalmente publicado el 15 de noviembre de 2005 (Cato Institute Foreign Policy Briefing No. 87). También puede leer este documento en formato PDF aquí.

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Resumen ejecutivo

México es un importante proveedor de heroína, marihuana y metanfetamina del mercado estadounidense, y, además, es el principal punto de tráfico y distribución de la cocaína proveniente de Sudamérica. Desde hace años existe, tanto dentro como fuera de México, el temor de que este país se vea arrastrado por la corriente de corrupción y violencia que asedia a Colombia, la principal productora de drogas del hemisferio occidental. Hoy, cada vez hay más señales de que la “colombianización” de México está convirtiéndose en una realidad.

Este dramático panorama es el resultado directo de la política de Washington para prohibir drogas ilegales, pues las estrategias prohibitivas crean un gigantesco mercado negro propicio para el tráfico de drogas ilegales por su misma naturaleza. Por otro lado, la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero atrae a los elementos criminales más violentos. Es verdad que cuando las drogas son ilegales, sólo las trafican quienes están fuera de la Ley.

Si México va en el mismo camino que Colombia, las consecuencias para Estados Unidos serán mucho más graves. Colombia está relativamente lejos de Estados Unidos, pero México es un país fronterizo y muy ligado económicamente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El caos en México ya está traspasando la frontera y afectará negativamente a Estados Unidos, en especial a los estados del sudoeste.

Aún hay tiempo para que México se detenga y revierta su proceso de “colombianización”, pero, para que esto ocurra, Washington debe cambiar sus políticas de manera drástica. Durante más de tres décadas y media, Estados Unidos libró una dura guerra contra las drogas que generó importantes patologías sociales tanto internamente como en el exterior. Es hora de reconsiderar la estrategia de prohibición en su totalidad.

Introducción

Durante muchos años, la política antidrogas de Estados Unidos en el hemisferio occidental se concentró en erradicar las drogas ilegales provenientes de los principales países productores: Perú, Bolivia y Colombia1. Washington se preocupó especialmente por Colombia, donde grupos insurgentes de extrema izquierda se valían del comercio de drogas para financiar su lucha armada contra el gobierno en Bogotá. Para Washington, el peor escenario posible era el surgimiento de un estado narcotraficante aliado con elementos políticos extremistas y organizaciones terroristas. El gobierno de Bush parece bastante preocupado por esta posibilidad, ya que planea continuar ofreciendo a Bogotá su vasta ayuda antinarcóticos por muchos años más.

Los temores respecto de Colombia no son infundados, aunque el gobierno del presidente Álvaro Uribe ha logrado debilitar a los principales grupos insurgentes en los últimos años. Sin embargo, en Estados Unidos las autoridades encargadas de la formulación de políticas tienen un problema gestándose más cerca: en México. La importancia del comercio de drogas en México aumentó notablemente en la última década. Ya en 1999, Thomas Constantine, el entonces titular de la Dirección de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó ante el Congreso que los traficantes mexicanos se habían multiplicado “de manera virtualmente geométrica” en los cinco años anteriores, y que una corrupción “sin parangón” afectaba a todo el país2. Desde el momento de aquellas declaraciones, las cosas han empeorado sustancialmente.

Hoy, México es un importante proveedor de heroína para el mercado estadounidense, y además, el principal punto de tráfico y distribución de la cocaína proveniente de Sudamérica3. De hecho, existen pruebas de que las organizaciones dedicadas al negocio de la droga han aprovechado las ganancias obtenidas del control de las rutas de tráfico de sus socios colombianos, a lo largo de los años, para arrebatarles el dominio de todo el comercio. “Hoy, los mexicanos han tomado el control del crimen organizado —que ahora dirigen— y se llevan el grueso del dinero”, sostiene John Walters (el zar de la droga de la Casa Blanca), director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos4. En rigor, existen indicios de que los carteles mexicanos de drogas incluso están desempeñando un papel más importante en los países sudamericanos productores de narcóticos, y de que están desplazando cada vez más a los traficantes colombianos.

Tanto dentro como fuera de México, se extiende el temor de que este país se vea arrastrado por la corriente de corrupción y violencia que desde hace tiempo atormenta a Colombia. De hecho, hoy en día, los mexicanos hablan abiertamente de la “colombianización” de su país6.

Es cierto que México no debe enfrentar una insurgencia política extremista a gran escala como la que afecta a Colombia. Sin duda, esto constituye una diferencia importante, porque implica que no hay fuerzas políticas antiestadounidenses significativas que puedan explotar el comercio ilegal de drogas para financiar su causa. No obstante, hay más similitudes que diferencias entre la situación de Colombia y la de México, y Washington tardó en reaccionar ante esta preocupante realidad.

Alianzas inestables y violencia en alza

Una de las consecuencias de que los carteles mexicanos hayan cobrado tanta importancia es el brote de violencia. Si bien existen aproximadamente doce organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en México, hay cuatro grupos especialmente poderosos: el cartel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas; el cartel de Sinaloa, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán; el cartel de Tijuana, manejado desde hace mucho por la familia Arellano Félix, y el cartel de Juárez, liderado por Vicente Carrillo. Estos grupos luchan entre sí y con los organismos de las fuerzas de seguridad por el control de los corredores de acceso al lucrativo mercado estadounidense.

Hay indicios de que el año pasado, los carteles del Golfo y de Tijuana unieron sus fuerzas para combatir al cartel de Sinaloa, que había intentado ampliar su participación en el tráfico. En menor medida, los nuevos aliados lucharon también para resistir las incursiones del cartel de Juárez7. Las luchas de poder fueron feroces. Un día de febrero, especialmente sangriento, se hallaron los cuerpos de 12 hombres, a lo largo de 130 kilómetros de autopista, en el estado de Sinaloa, entre la capital, Culiacán, y el conocido balneario de Mazatlán8. Lo ocurrido en Sinaloa puede haber sido un caso extremo, pero, en 2005, cientos de personas murieron en incidentes violentos menos espectaculares relacionados con el tráfico de drogas, y no hay indicios de que vaya a detenerse la matanza.

Desde hace un tiempo, los principales sicarios de los distintos carteles provienen, cada vez más, de lo que alguna vez fue una fuerza de elite del ejército mexicano: el Grupo Especial de la Fuerza Móvil Aérea. Estos renegados ex miliares, conocidos como “los Zetas”, habían sido enviados originalmente a la frontera con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. En lugar de luchar contra la droga, muchos de ellos se convirtieron en asesinos a las órdenes de los carteles9. Mary Anastasia O’Grady, editora de la columna “América” del Wall Street Journal , describe las tácticas de los Zetas. O’Grady describe que suelen estar involucrados en matanzas que simulan ejecuciones de traficantes de organizaciones rivales, pero destaca que los Zetas tienen otras funciones y se ocupan de otros temas más generales.

Los Zetas son conocidos también por el modo en que intimidan a la policía y a los funcionarios municipales y por sus prácticas extorsivas contra las empresas locales. Su éxito depende, en gran medida, del terror que generen en la población, lo cual explica por qué los asesinatos se han convertido en actos públicos. Este ensañamiento demuestra que no es siempre por codicia que se acatan las condiciones impuestas por los traficantes. También, puede ser una cuestión de vida o muerte para los funcionarios y sus familias10.

Este patrón exhibe un inquietante parecido con la situación de Colombia, en especial durante el brote de violencia relacionada con el tráfico de drogas de fines de los años 80 y de los 90. Allí, también, la intimidación era un objetivo clave de los carteles, objetivo que todos ellos alcanzaron con éxito. Por ejemplo, una serie de gobiernos colombianos no acataron los pedidos de extradición de los zares de droga emitidas por Estados Unidos. Los carteles dejaron en claro que una de sus máximas prioridades consistía en frustrar las extradiciones, y que los legisladores y demás funcionarios que los desafiaran en ese terreno arriesgaban su vida.

El escándalo de Nuevo Laredo

El peor caso de violencia y corrupción en México se dio en la ciudad fronteriza y norteña de Nuevo Laredo, una metrópolis de 350.000 habitantes del otro lado del Río Grande en Laredo, Texas. De los 850 homicidios registrados el año pasado—que las autoridades mexicanas atribuyen a la violencia del tráfico de drogas—, 228 ocurrieron en Nuevo Laredo o en el estado circundante de Tamaulipas11. La violencia y la corrupción policial alcanzaron allí tal nivel, a principios de junio, que el gobierno nacional de México suspendió a toda la fuerza policial de Nuevo Laredo y envió a la policía federal a patrullar las calles12. El asesinato del nuevo jefe de policía de Nueva Laredo, el 8 de junio, unas horas después de su nombramiento, fue para la administración del presidente Vicente Fox, la gota que rebasó el vaso13.

Después de este acontecimiento, las autoridades federales procedieron a purgar la fuerza policial de la ciudad. Luego de exigirles un examen de polígrafo, fueron despedidos 305 de los 765 agentes de policía. Además, 41 de ellos fueron arrestados por atacar a la policía federal cuando ésta llegó a la ciudad. La “nueva y mejorada” policía de Nuevo Laredo volvió a salir a las calles a fines de julio, con un nuevo uniforme de camisa blanca. Según las autoridades mexicanas se eligió el blanco con el objetivo de simbolizar que se trataba de una entidad nueva y confiable14. Aparentemente, estos agentes eran responsables.

Más allá de las dudas respecto de si la purga de la policía local generaría algún beneficio duradero, el traspaso de la fuerza policial a la policía federal no tuvo ningún impacto significativo en los registros de violencia de Nuevo Laredo. De hecho, la cantidad de homicidios relacionados con el tráfico de drogas aumentó durante ese período.

La situación siguió siendo extremadamente violenta aun desde el restablecimiento de la fuerza policial local. A mediados de agosto, Michael Yoder, el cónsul general estadounidense en Nuevo Laredo dijo: “La sensación en Nuevo Laredo es de una total impunidad”15. A fines de julio, luego de un incidente particularmente violento en el que pandillas traficantes rivales se enfrentaron en un tiroteo utilizando rifles de alta potencia, granadas autopropulsadas y bazucas16, Tony Garza, el embajador estadounidense en México, cerró el consulado de Nuevo Laredo por una semana.

La corrupción se propaga

El escándalo de la policía de Nuevo Laredo es sólo una muestra de la creciente corrupción del sistema político y policial de México. Muchos de los episodios violentos más famosos de las luchas de poder en el tráfico de drogas —incluso uno en los alrededores de la ciudad balnearia de Cancún— tuvieron como protagonistas a agentes de policía en servicio o retirados. En marzo de 2005, los fiscales acusaron a 27 policías estaduales, federales y locales, de liderar bandas de traficantes o de colaborar con el asesinato de otros oficiales17. En otro caso, un comandante policial estadual y otros 12 agentes del estado de Chihuahua fueron arrestados por matar a 11 personas cerca de Ciudad Juárez. “En lugar de proteger y garantizar la seguridad de la población, trabajan explícitamente para el crimen organizado”, acusó el Subprocurador General de Justicia de México18.

Durante la última década, hubo otros muchos episodios similares de participación policial en el tráfico de drogas. En febrero de 2000, el jefe de policía de Tijuana fue asesinado: esta era la segunda vez que ocurría un crimen de dichas características en menos de seis años. Poco tiempo después, siete hombres, dos de los cuales eran ex miembros de la fuerza policial de Tijuana, fueron arrestados por el asesinato. Los hombres confesaron que trabajaban para el cartel de Sinaloa. En otro incidente, hubo un sangriento tiroteo en el centro de Tijuana, cuando la policía intentó detener la caravana de autos armada de un traficante. Sus guardaespaldas mataron al comandante de la unidad policial y a tres agentes. Más tarde se descubrió que estos guardaespaldas eran agentes policiales locales19.

El gobierno de Fox ha realizado un gran esfuerzo por tomar medidas ejemplares contra los policías captados por los carteles de la droga. Más de 700 agentes fueron acusados de distintos delitos, desde la aceptación de sobornos de los carteles, hasta la participación en secuestros y asesinatos relacionados con las drogas. Uno de los casos más resonantes es el del ex jefe de la policía estatal de Ciudad Juárez, al que se investiga por asesinato20. Sin embargo, los observadores más informados creen que los policías arrestados son sólo la punta de un enorme iceberg de corrupción.

La corrupción no es un fenómeno nuevo del gobierno de Fox. Hace más de diez años, el jefe de la policía nacional fue detenido con 2,4 millones de dólares en el baúl de su automóvil. Más tarde, se lo condenó por haberle dado más de 20 millones de dólares a otro funcionario del gobierno para comprar la protección de uno de los traficantes de peor fama de México21. Sin embargo, el incidente más vergonzoso, quizás, sea el que ocurrió a mediados de los años 90, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo nombró al general José de Jesús Gutiérrez Rebollo como nuevo zar de la lucha antinarcóticos. El general parecía contar con excelentes referencias en la lucha contra las drogas, ya que había llevado adelante personalmente una ofensiva contra el líder del cartel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses recibieron el nombramiento de Gutiérrez Rebollo con entusiasmo. Barry McCaffrey, zar antinarcóticos de Estados Unidos, lo elogió: “Tiene fama de gozar de una integridad intachable (...) Es una persona sumamente seria”22. Tres meses después, el gobierno mexicano anunciaba que su nuevo zar estaba en una prisión de máxima seguridad, acusado de aceptar sobornos y de proteger al máximo traficante de drogas del país. En efecto, el general había sido muy duro con el tráfico de drogas... es decir, con las organizaciones que competían con el cartel de su cliente.

El paso de los años no ha contribuido demasiado a reducir la corrupción de la fuerza militar de México. En abril de 2003, por ejemplo, tres oficiales militares, entre los cuales se encontraba un brigadier general, fueron condenados por aceptar sobornos de uno de los carteles para proteger cargamentos de droga destinados a Estados Unidos23. Sin embargo, aquél fue un episodio relativamente sin importancia si se lo compara con el ocurrido el año anterior. En octubre de 2002, más de 600 miembros del batallón 65 del ejército, ubicado en Sinaloa, fueron investigados por sus lazos con organizaciones de tráfico de drogas y por proteger plantaciones de amapola, opio y marihuana. El problema de la corrupción resultó estar tan extendido que las autoridades disolvieron el batallón24.

También, es evidente que la corrupción está extendiéndose en el sistema penitenciario nacional. Este año, se encontraron pruebas que demostraron que algunos de los más poderosos líderes del tráfico de drogas del país aún dirigían sus organizaciones desde prisiones que, supuestamente, eran de alta seguridad25. Según funcionarios de las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas, la lucha que se libra en Nuevo Laredo es entre Guzmán, del cartel de Sinaloa (que escapó de una cárcel de máxima seguridad en 2001, en un carro de la lavandería), y Cárdenas, jefe del cartel del Golfo, aún encerrado en una prisión cercana a la ciudad de México26.

El poder de las organizaciones de traficantes genera temor en todo el país. Además, se percibe la preocupación por la posibilidad de que algunas pandillas sanguinarias se hayan propuesto asesinar al presidente Fox, motivo por el cual fue necesario incrementar la seguridad del mandatario27.

Actualmente, no es posible asegurar que exista alguna institución mexicana completamente libre de mancha del comercio de drogas. Se ha afirmado, incluso, que la Iglesia Católica recibió contribuciones sin desconocer que provenían de traficantes. Hace apenas dos años, la investigación sobre el lavado de dinero realizada por el gobierno de Fox incluyó averiguaciones acerca del papel de la Iglesia. Durante el curso de la investigación, se exigió al cardenal Juan Sandoval de Guadalajara que compareciera con sus documentos bancarios28. El obispo Ramón Godínez, del estado central de Aguascalientes, provocó un alboroto, a principios de octubre de 2005, cuando admitió que eran frecuentes las donaciones de traficantes, y argumentó que no era responsabilidad de la Iglesia investigar la fuente de las donaciones. “El hecho de que el dinero haya sido mal habido no significa que haya que quemarlo”, dijo Godínez. “Lo que hay que hacer es transformarlo (...)”. El obispo dijo que el dinero se “purificaba” una vez que atravesaba las puertas de la parroquia29.

El impacto sobre los estadounidenses

Para quienes han estudiado el impacto del comercio de drogas en Colombia durante las últimas dos décadas, todo esto resulta familiar. Ahora otro patrón colombiano comienza a surgir en México: la ramificación de las actividades de las pandillas de traficantes, que empiezan a dedicarse también a los secuestros y otras labores lucrativas. Esto es lo que convirtió a Colombia en la capital mundial de los secuestros en los últimos años. Hoy, el mismo fenómeno tiende a notarse en México. Algunos informes recientes sugieren que hoy el problema de los secuestros en México puede ser más grave que en Colombia30. Algunos ciudadanos estadounidenses de viaje en México fueron víctimas de secuestros31. El peligro ha alcanzado un nivel tan alarmante que, en enero de 2005, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una alerta para viajeros que instaba a los ciudadanos a tomar todas las precauciones posibles al viajar al norte de México, para gran disgusto del gobierno mexicano32.

Las autoridades estadounidenses ya observan señales de que la violencia relacionada con el tráfico de drogas en México no respeta fronteras. Según John Walters, zar antinarcóticos, “Los asesinatos de traficantes rivales ya traspasan la frontera, y también se asesina a testigos. No consideramos que la frontera nos proteja”33. Un funcionario antinarcóticos de Dallas ha llegado a una conclusión similar: “Hay una cantidad alarmante de incidentes que exhiben el mismo tipo de violencia tan frecuente en México, pero aquí en Dallas. Hay asesinatos que simulan ejecuciones, cuerpos quemados y caos (...) Pareciera que las luchas de poder que se libran en México hubieran llegado a Dallas”34. Hasta el normalmente sosegado Informe de la Estrategia Internacional de control de los Narcóticos , del Departamento de Estado, admite que “la violencia de los beligerantes carteles mexicanos se ha desparramado y cruzado la frontera que separa a México de Estados Unidos”35. Quizás aún más preocupantes sean los indicios de que los escuadrones de ataque Zeta han cruzado la frontera y están estableciéndose en ciudades de Estados Unidos, camuflados en las florecientes comunidades de inmigrantes hispanos36.

La creciente violencia que afecta a la frontera entre Estados Unidos y México incitó a los gobernadores de Arizona y de Nuevo México, Janet Napolitano y Bill Richardson, a declarar un estado de emergencia a mediados de agosto de 200537. Por otra parte, varios poderosos electores políticos ejercen cada vez más presión sobre el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, para que éste haga lo mismo. Es cierto que la violencia relacionada con el tráfico de drogas no fue el único factor que llevó a Napolitano y Richardson a tomar esta medida, ya que los problemas asociados a la entrada de inmigrantes ilegales constituyeron un motivo al menos igualmente importante. Sin embargo, es evidente que ambos líderes políticos estaban intranquilos por la posibilidad de que el desorden de las luchas entre traficantes en México traspasara la frontera. Sería trágico que la corrupción y la violencia que acosan desde hace tanto a Colombia también absorbieran a México. Una situación así significaría una gran preocupación para Estados Unidos. Colombia está razonablemente lejos, pero México es nuestro vecino de al lado, además de un socio económico importante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El caos en ese país tendría un efecto inevitable sobre los ciudadanos estadounidenses, en especial, sobre los habitantes de los estados del sudoeste. En algunos aspectos, el impacto ya es un hecho38.

La prohibición de drogas y el problema de México

No debe sorprendernos que México vaya rumbo a convertirse en la próxima Colombia. El comercio global de drogas ilegales es una oportunidad de negocio enorme, estimada conservadoramente en 300.000 millones de dólares por año, cuyo principal mercado minorista es Estados Unidos y del que México es un participante clave; sólo en México, el tráfico de drogas es una industria multimillonaria39. De hecho, la importancia relativa del comercio de drogas en la economía mexicana puede estar acercándose al nivel de importancia del comercio ilícito en la economía de Colombia. Sólo cabe esperar que el comercio de drogas en México no crezca hasta el punto que ha crecido en Afganistán. Allí, este negocio equivale a dos tercios de todo el producto económico legal40. Hasta ahora, en México no ha alcanzado ese nivel calamitoso, pero el comercio es suficientemente rentable como para que las pandillas rivales estén dispuestas a hacer lo que sea necesario para obtener o mantener el control del comercio.

Las políticas de Estados Unidos parecen suponer que si el gobierno mexicano puede eliminar a los principales líderes del tráfico de drogas, sus organizaciones se disolverán y, por lo tanto, se reducirá enormemente la entrada de drogas ilegales en Estados Unidos. Así, los funcionarios estadounidenses celebraron la voluntad del gobierno del presidente Fox de priorizar la guerra contra las drogas y, especialmente, la captura de las principales personalidades del tráfico de drogas41. Desde que Fox asumió en 2000, fueron arrestados en México más de 36 000 traficantes de droga, entre ellos había algunos personajes encumbrados de casi todos los carteles42. Este supuesto de que, al neutralizar a los líderes del narcotráfico se lograría una reducción duradera en la actividad, es similar al que adoptaron las autoridades estadounidenses cuando tomaron medidas de fuerza contra los carteles de Medellín y Cali de Colombia en los años 90. Sin embargo, los acontecimientos posteriores refutaron esta teoría. Lo único que se logró al eliminar esos carteles fue descentralizar el comercio de drogas colombiano. En lugar de ser dos grandes organizaciones las que controlaran el comercio, hoy hay unos 300 grupos, mucho más pequeños y menos organizados.

Para decirlo de un modo más conciso, los arrestos y homicidios de numerosos traficantes líderes en Colombia y México, a lo largo de los años, no tuvieron un efecto significativo en la cantidad de droga que ingresa en Estados Unidos. Al cortar una cabeza de la Hidra del contrabando de drogas, lo único que se consigue es que surjan otras nuevas cabezas para tomar su lugar. Jorge Chabat, analista de seguridad y políticas contra el narcotráfico, señala: “Durante años, Estados Unidos insistió, ante el Gobierno de México, en que el motivo por el cual los narcos mantenían su poder era que el gobierno no desmantelaba las pandillas. Ahora, el gobierno está haciendo precisamente eso (...), y los narcos están más poderosos que nunca”43.

México aún tiene la oportunidad de evitar seguir el rumbo trágico de Colombia, pero cada vez queda menos tiempo. Washington debe empezar a prestar mucho más atención al problema de lo que lo ha hecho hasta ahora, y es necesario que las autoridades estadounidenses elaboren respuestas mejores que las políticas ineficaces y desprestigiadas del pasado. Si Washington mantiene su estrategia de prohibición, la violencia y la corrupción que convulsionan a Colombia se volverán características dominantes y permanentes también de México. La penetración del comercio ilegal de drogas ya alcanzó un grado insalubre en la economía y la sociedad estadounidenses.

La cruda realidad es que la prohibición, sencillamente, empuja el comercio del producto a la clandestinidad, con lo que se genera una enorme ganancia potencial para el mercado negro que atrae elementos criminales propensos a la violencia. Al sopesar la posibilidad de mantener o cambiar la estrategia de prohibición de las drogas, Estados Unidos y otros países deben considerar todos los costos sociales posibles. No hay duda de que el abuso de drogas es un problema grave de salud pública, y somos conscientes de sus considerables costos sociales, pero, tal como lo hemos visto durante décadas en Colombia y otros países productores de drogas, la prohibición del comercio genera distorsiones económicas y la oportunidad para la consolidación de algunos de los elementos más indeseables de la sociedad. La prohibición de las drogas conduce inevitablemente a un desenfreno de corrupción y violencia. Esto también representa un costo social muy real, y esta realidad se está volviendo demasiado evidente en nuestro vecino del sur.

Las autoridades estadounidenses deben preguntarse si desean arriesgarse a que surja una “nueva Colombia”, pero esta vez en la misma frontera sur del país. Si la administración de Bush no quiere tener que enfrentar el conflicto que provocaría una situación de esas características, debe abandonar, y pronto, su estrategia de prohibición.

Notas

1. Véase un análisis de esta política en Ted Galen Carpenter, Bad Neighbor Policy: Washington’s Futile War on Drugs in Latin America, Nueva York, Palgrave/Macmillan, 2003.

2. Citado en Jerry Seper, “Mexico Doubted as Drug Fighter”, Washington Times , 9 de marzo de 1999, p. A4.

3. Departamento de Estado de Estados Unidos, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strategy Report , marzo de 2005, p. 188.

4. Citado en Danna Harman, “Mexican Drug Cartels’ Wars Move Closer to U.S. Border”, USA Today , 17 de agosto de 2005, http://www.usatoday.com/news/world/2005-08-17-mexican-cartels_x.htm.

5. Marco Aquino, “Interview—Mexican Cartels Muscle in on Peru Cocaine”, Reuters, 10 de marzo de 2005.

6. Joseph Contreras, “Losing the Battle”, Newsweek International , 11 de julio de 2005.

7. Chris Kraul, “Mexican Official Says Tijuana, Gulf Cartels Have United”, Los Angeles Times , 14 de enero de 2005, http:www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mexdrug14jan14,1,6849391.story.

8. Mark Stevenson, “Drug Shootouts Kill 12 in Northern Mexico”, Associated Press, 15 de febrero de 2005.

9. Acerca de los Zetas, véanse Tim Padgett, “The Killers Next Door: Brutal Drug Gangs Are Terrorizing the U.S.- Mexico Border”, Time , 18 de abril de 2005, pp. 140–41; Megan Basham, “Cartel Assassins”, American Spectator , 17 de agosto de 2005, http://www.spectator.org/util/print.aspart_id=8599 y Mark Stevenson, “ Elite Soldiers Desert, Switch Sides in Mexican Drug War”, Associated Press, 12 de octubre de 2003.

10. Mary Anastasia O’Grady, “Innocent Mexicans Bear the Brunt of Drug Violence”, Wall Street Journal , 1º de julio de 2005.

11. Harman.

12. Tim Gaynor, “Mexican Troops, Federal Police Seize Border Town”, Reuters, 13 de junio de 2005.

13. Mary Jordan and Kevin Sullivan, “Border Police Chief Only Latest Casualty in Mexico Drug War”, Washington Post , 16 de junio de 2005, p. A1.

14. John Authers, “Police Return to Mexico Frontier Town to Do Battle with Drug Cartels”, Financial Times , 30 de julio de 2005, p. 7.

15. Citado en Harman.

16. “Violence Leads U.S. to Close Consulate”, Associated Press, 29 de julio de 2005.

17. Mark Stevenson, “27 Cancun Policemen Face Drug Charges”, Associated Press, 1º de marzo de 2005.

18. Citado en Mary Jordan y Kevin Sullivan, “Mexican Police Held in Killings; Work for Drug Traffickers Suspected”, Washington Post , 30 de enero de 2004, p. A11.

19. Carpenter, Bad Neighbor Policy , p. 182.

20. Harman.

21. Carpenter, Bad Neighbor Policy , p. 177.

22. Citado en ibid., p. 178.

23. Jerry Seper, “Mexican Army Officers Found Guilty of Taking Drug Bribes”, Washington Times , 4 de abril de 2003, p. A4.

24. Jorge Luis Sierra Guzman, “Mexico’s Military in the War on Drugs”, Drug War Monitor (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), abril de 2003, p. 6.

25. Ginger Thompson y James C. McKinley Jr., “Mexico Drug Cartels Wage Fierce Battle for Their Turf”, New York Times , 13 de enero de 2005, p. A1; Kevin Sullivan and Mary Jordan, “The Gifts of a Mexican Drug Lord”, Washington Post , 10 de junio de 2004; John Rice, “Mexican Army Raids Top Security Prison Following Report of a Prison Drug Alliance”, Associated Press, 14 de enero de 2005, y Mary Jordan, “Prisoners Undercut Mexican Drug Crackdown”, Washington Post , 30 de enero de 2005, p. A23.

26. Harman.

27. David Luhnow, “Tensions Mount in Mexico’s War on Drug Cartel”, Wall Street Journal , 24 de enero de 2005, p. A16, y Alistair Bell, “Mexico Steps Up Security for Fox after Cartel Scare”, Reuters, 7 de febrero de 2005.

28. Mary Jordan, “Inquiry Reignites Talk of Church’s Drug Ties”, Washington Post , 1º de octubre de 2003.

29. Citado en “Bishop’s Admission on Drug-Tainted Donations Causes Uproar”, CNN.com , http://www.cnn.com/2005/WORLD/americas/10/04/mexican.church.ap/index.html .

30. “Report: Mexico World’s Kidnapping King”, Associated Press, 3 de agosto de 2005.

31. Mary Jordan, “Americans Vanish in Mexican Town”, Washington Post , 22 de enero de 2005, p. A10, y Tim Gaynor, “Kidnappings Blight U.S.-Mexico Border in Drug War”, Reuters, 1º de febrero de 2005.

32. Ginger Thompson, “Mexico Rebukes U.S. for Drug Violence Alert”, New York Times , 28 de enero de 2005, p. A6.

33. Citado en Harman.

34. Citado en Basham.

35. U.S. Department of State, Bureau for Narcotics and Law Enforcement Affairs, p. 189.

36. Alfredo Corchado, “Cartel Enforcers Operate in Dallas Trained by U.S. Army”, Dallas Morning News , 19 de junio de 2005, y Jerry Seper, “Mexican Mercenaries Expand Base into U.S.”, Washington Times , 1º de agosto de 2005.

37. John Authers, “Border Tension Rises between U.S. and Mexico”, Financial Times , 18 de agosto de 2005, p. 10.

38. Tim Gaynor, “Mexican Drug War Hurting Business along Texas Border”, Reuters, 25 de enero de 2005.

39. Las estimaciones del valor del comercio de drogas en México varían notablemente. La estimación mínima es de 4.000 millones de dólares anuales. Véase Mary Anastasia O’Grady, OpinionJournal’s Political Diary , 30 de agosto de 2005. La impactante estimación máxima es de 250.000 millones de dólares. Véase Tim Weiner, “Mexico Links Drug Traffic with Police”, New York Times , 30 de enero de 2004, p. A9. Si esta última estimación es correcta, el valor del comercio de drogas supera el de cualquier industria legítima en México. El amplísimo rango de estimaciones acentúa la dificultad de determinar el valor de una empresa oscura e ilegal.

40. Véase un análisis de la importancia del comercio de drogas en la economía de Afganistán en Ted Galen Carpenter, “How the Drug War in Afghanistan Undermines America’s War on Terror”, Cato Institute Foreign Policy Briefing Nº 84, 10 de noviembre de 2004, pp. 4–6.

41. Departamento de Estado de Estados Unidos, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, pp. 188, 189.

42. Ibid., p. 190.

43. Citado en Brian Winter, “Fox Is Victim of Own Success in Mexico Drug War”, Reuters, 15 de febrero de 2005.