Medio ambiente, comunidades indígenas y propiedad privada

Como indica Luis Larrain “Un examen a profundidad sobre la solución de los problemas ambientales nos hace plantear que la respuesta adecuada no es la regulación indiscriminada, que habitualmente se propugna. Por lo contrario, una solución más eficiente, en términos de asignación de recursos e incluso de objetivos ambientales, se puede lograr a través de la definición de los derechos de propiedad donde ella no existe. Ello junto a un mercado competitivo, permiten un mayor cuidado del medio ambiente en un proceso de crecimiento económico”.1

Lamentablemente en el Perú y específicamente en lo que respecta a las comunidades indígenas la asignación de los derechos de propiedad representa un claro ejemplo de burocracia, ineficiencia estatal y una política que en vez de solucionar un problema viene alejando a estos pueblos de la oportunidad de obtener sus títulos de propiedad sobre aquellos territorios que habitan desde hace varios años. Por ejemplo, de las aproximadamente 5.000 comunidades en la amazonía peruana solo alrededor del 5% tienen un título de propiedad que les permita controlar y gestionar su territorio de forma eficiente.

Esta situación se debe básicamente a la excesiva regulación que exige el Estado en materia de titulación de tierras comunales. Una comunidad para obtener un título de propiedad tiene que superar varios pasos administrativos y un sin número de obstáculos que en algunos de los casos pueden demorar hasta 15 años por pérdida o retención de expedientes.

“Lo peor de esta situación es que todos los procesos de inscripción (reconocimiento), demarcación y titulación de las comunidades indígenas no son financiados por el Estado, y deben ser asumidos por las propias comunidades. Para avanzar con los trámites, es preciso cubrir los costos de traslado, hospedaje y alimentación de los funcionarios responsables, e incluso deben otorgarles viáticos según las escalas oficiales”.2

A este problema tenemos que sumarle el desorden y la superposición de funciones de las instituciones públicas responsables de la asignación de derechos de propiedad. Es decir, un Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) que en su momento entregó planos con errores que ponen en duda los límites de las pocas comunidades tituladas, un COFOPRI que no tiene un catastro de tierras comunales actualizado, un Ministerio de Agricultura que no ejerce liderazgo a pesar que tiene la rectoría en esta materia y finalmente los gobiernos regionales que no cuentan con los recursos y capacidades para cumplir con la apresurada transferencia de funciones que le asignaron recientemente en materia de titulación de tierras.   

En consecuencia, es evidente que el estado peruano tiene un grave problema en materia de asignación de derechos de propiedad, más aún si las tierras comunales que aún no disponen de estos títulos se encuentran asentadas en la amazonía peruana (un territorio caracterizado por tener valiosos recursos de flora y fauna). En ese sentido, si el estado desea proteger el medio ambiente y proteger las tierras comunales de amenazas como la minería informal, la tala indiscriminada de bosques y la caza ilegal de especies silvestres debe empezar con un proceso de titulación eficiente y no seguir manteniendo un proceso irresponsable que siga alejando a las comunidades indígenas de una camino de prosperidad y exponiendo a la amazonía peruana a una sobre explotación de los recursos naturales.

Referencias:

1. Luis Larraín,  Javier Hurtado  y  Pedro Ramírez.  Ecología  de  Mercado (1995), Fundación Libertad y Desarrollo (Chile), p. 17.

2. Wilfredo Ardito y Ermeto Tuesta Cerrón. Los papeles de la tierra, superando los obstáculos a la titulación de las comunidades del Perú (2014). Instituto del Bien Común (Perú), p. 32.