Mala gestión de las finanzas públicas

Incluso desde antes de que se iniciara este gobierno era claro para muchos que las finanzas del Ecuador llevaban años en un tren de endeudamiento insostenible. Encima de una cresta de capital político, Lenin Moreno decidió dejar para después los indispensables ajustes que requería la economía. Esto significó que el modelo económico heredado que había casi duplicado el tamaño del estado se mantenga. Y se hizo a costa de nueva deuda. Pero desde el primer año de gobierno hubo claras señales de que esa era una ruta ruinosa. 

Esta semana el economista Marco Flores presentó información que muestra que desde octubre de 2017 prácticamente se le habían cerrado los mercados de capitales al estado ecuatoriano. El gobierno contrató tres créditos por $500 millones cada uno (octubre de 2017, agosto y octubre de 2018) entregando garantías por un valor muy superior y bajo condiciones tales que el gobierno entre marzo y abril de 2020 tuvo hasta que pre-pagar dos de estos créditos para evitar contingentes mucho mayores. 

Por ejemplo, el crédito contratado en octubre de 2018 por $500 millones contemplaba una garantía de $1.250 millones en bonos del estado ecuatoriano a un plazo de 4 años 5 meses y una tasa de interés anual de 3,15% + Libor. En cada uno de estos casos, el gobierno se auto-congratuló porque supuestamente habría logrado una reducción en el interés de la deuda contratada, cuando realmente lo que estábamos viendo eran operaciones que evidenciaban un fisco desesperado por liquidez en aras de mantener el excesivo gasto público. Y esto era así, al menos desde octubre de 2017. 

Considerando estas señales claras de que ya la deuda pública iba por una senda insostenible, ¿por qué el gobierno no empezó a reestructurar la deuda desde ese momento, como tan ávidamente lo está haciendo recién ahora en 2020? Una reestructuración de la deuda, que no es lo mismo que un default o desconocimiento de las obligaciones del estado ecuatoriano, puede mejorar el estado de las finanzas públicas si va acompañada de un plan coherente y creíble de reformas que mejoren la capacidad de pago logrando un superávit primario. Pero esto debe lograrse a través de la reducción del gasto y no a través de aumentos de impuestos, estimulando así el crecimiento económico.

La reducción de la carga tributaria es necesaria para atraer inversiones. Además, es necesario reducir y simplificar las regulaciones que obstaculizan y desalientan las mismas. Para poder bajar los impuestos sin empeorar la situación de las finanzas públicas, es necesario reducir el gasto público y ajustarlo al nivel de los ingresos esperados dada la carga tributaria que la economía puede soportar sin perjudicar su crecimiento. Entre 2000-2006 el país venía creciendo a una tasa promedio ligeramente superior que aquella que se registró en la década correísta, cuando casi se duplicó el peso del estado sobre la economía —pasando de un promedio de 23% del PIB a uno de 40%.

Estas medidas eran necesarias desde 2014. Al gobierno de Presidente Moreno se le presentó la oportunidad de oro para realizar estos ajustes en 2017, pero prefirió mantener el modelo a cualquier costo, sacrificando el crecimiento económico y el bienestar de los ecuatorianos. Hoy estamos pagando la cuenta de esas decisiones.