Mal diagnóstico de la informalidad

Iván Alonso considera que el problema de la informalidad en el Perú no se debe a los costos no salariales sino más bien a los costos de despido.

Por Iván Alonso

Compartimos la idea del presidente Vizcarra sobre la necesidad de una reforma laboral, pero no su diagnóstico del problema. El viernes pasado, en su discurso ante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el presidente se refirió a los altos costos no salariales como causa de la informalidad. No la única, pero sí, suponemos, la principal, porque lo más concreto que dijo fue que buscará reducirlos para propiciar una migración del empleo informal al formal.

Hay, lamentablemente, una gran confusión sobre los costos no salariales (o “sobrecostos”, como algunos los llaman). Las gratificaciones, la CTS y los aportes a las AFP y a Essalud no son costos “no salariales”. Son solamente otras formas de pagar el salario. Lo único que importa, desde el punto de vista económico, es si la forma de pagar esas distintas partes del salario tiene el mismo valor para el que paga y para el que cobra.

Piense en las gratificaciones la próxima vez que pida una pizza. Se la pueden cortar en 12 pedazos o en 14, pero el tamaño de la pizza es el mismo. Piense, si no, en un ingeniero, digamos, dispuesto a aceptar un trabajo con una remuneración anual de 42.000 soles. Se sobreentiende que le van a pagar doce sueldos y dos gratificaciones; y cuando le preguntan cuánto quiere ganar, dice 3.000. Pero si eliminamos las dos gratificaciones pensando que vamos a reducir los costos no salariales, dirá que quiere ganar 3.500 mensuales. El mercado se ajusta.

La CTS no es más que una remuneración diferida. Se queda en una cuenta bancaria hasta el día en que el trabajador deje su empleo. Eso la hace menos valiosa, a sus ojos, que si recibiera la plata en la mano. Cuánto menos, depende de su impaciencia. Pero la alternativa es peor: las contribuciones a un seguro de desempleo tendrían que ser permanentes; en cambio, los depósitos de la CTS, luego del cuarto año, son de libre disponibilidad.

El aporte a la AFP (Administradora de Fondos Previsionales) es también una forma de remuneración diferida, a más largo plazo y, por consiguiente, con más diferencias de valoración para muchos trabajadores. El mayor problema, sin embargo, está en el aporte a Essalud. El 9% que se les descuenta es más de lo que pagarían voluntariamente. Puede tratarse de un excelente seguro de salud, pero quién sabe con una cobertura mayor de la que comprarían si no estuvieran obligados a hacerlo. La pregunta es: ¿Estaría dispuesto el presidente Vizcarra a reducir los aportes a las AFP y, sobre todo, a Essalud?

Es una pregunta política más que económica. En términos económicos, no hace gran diferencia. El efecto total de la CTS, la AFP y Essalud suma, en el papel, como el 28% de la remuneración total; en la valoración subjetiva del trabajador, mucho menos, porque algo recibe a cambio.

El problema de la informalidad no es un problema de costos no salariales. Los costos no salariales son perfectamente cuantificables. El mercado, repetimos, se ajusta, de tal manera que el salario nominal, sumado a los costos no salariales, se equipara con la productividad del trabajador. El problema de la informalidad está en los costos de despido, que se han vuelto incalculables por el derecho de reposición consagrado por el Tribunal Constitucional y las indemnizaciones por daño moral y lucro cesante que últimamente otorgan los jueces. Más difícil de enfrentar, sin duda; pero con un mal diagnóstico no se cura una enfermedad.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 7 de diciembre de 2018.