Los funcionarios no deben tratar de influir en las redes sociales
Jeffrey A. Miron y Jacob Winter defienden la libertad de expresión no porque siempre sea buena o sin consecuencias perjudiciales, sino porque el control de la expresión empeora la sociedad al impedir la discusión de diferentes puntos de vista y los debates enérgicos que caracterizan a una sociedad libre.
Por Jeffrey A. Miron y Jacob Winter
La Corte Suprema ha desestimado recientemente un caso en el que se alegaba que funcionarios de la administración Biden presionaron ilegalmente a las empresas de medios sociales para que retiraran la desinformación relacionada con el COVID-19. El Tribunal consideró que los demandantes carecían de legitimación activa, por lo que no abordó las cuestiones de libertad de expresión o de política general. Sin embargo, es probable que en el futuro se planteen casos de legitimación activa, por lo que es importante tener en cuenta las cuestiones subyacentes.
Resulta preocupante que muchos, tanto de izquierdas como de derechas, quieran regular las redes sociales, alegando que promueven o suprimen indebidamente determinados puntos de vista. Los medios de comunicación social toman inevitablemente decisiones sobre si promover o suprimir en sus sitios, cuánto y qué, y sus decisiones no pueden ser neutrales.
Sin embargo, esa es la naturaleza de la libertad de expresión. La defensa de la Primera Enmienda no es que todo discurso sea bueno, correcto o sin consecuencias perjudiciales. Por el contrario, la defensa es que el control de la expresión empeora la sociedad al impedir la discusión, la expresión de diferentes puntos de vista y los debates vigorosos que caracterizan a una sociedad libre.
El punto de vista opuesto sostiene que si el contenido es falso y perjudicial, puede ser bueno en general mantenerlo fuera de línea. Sin embargo, no es posible restringir este poder de modo que los funcionarios puedan presionar para que sólo se retiren los contenidos falsos o perjudiciales.
En particular, muchas reclamaciones son difíciles de probar. Conceder a los funcionarios el poder de decidir la validez privilegia la ponderación de las pruebas por parte de dichos funcionarios. Además, ceder el poder de evaluación al gobierno fomenta una cultura en la que el público no es responsable de evaluar las reclamaciones por sí mismo. En el peor de los casos, esto permitiría a los funcionarios del gobierno afirmar que las afirmaciones falsas son verdaderas, o viceversa, con una resistencia mínima.
En términos más generales, es difícil conocer la nocividad de los contenidos. Por ejemplo, las plataformas de las redes sociales moderan los contenidos sobre salud mental, por ejemplo suprimiendo las imágenes de autolesiones. Sin embargo, tras ver estas imágenes, los jóvenes han informado de reacciones variadas: desde querer imitar el daño hasta ofrecer ayuda y sentir un sentimiento de pertenencia.
Así pues, el antídoto contra los contenidos falsos y nocivos no es la regulación gubernamental; son las fuerzas del mercado las que proporcionarán una gama de medios sociales para que los usuarios se relacionen entre sí.
Por tanto, las redes sociales deben ser libres de elegir sus políticas de moderación y sesgos políticos –o de evitarlos– sin interferencia del gobierno.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 8 de julio de 2024.