Libertad de expresión en las urnas

Desde hace varios años he señalado que las administraciones que le sucedieron al correísmo se han dedicado, en gran medida y al menos en el ámbito económico, a gestionar el modelo estatista heredado del correísmo. No obstante, donde si se dio un gran avance es en el ámbito de la libertad de expresión.

Primero, recordemos lo que vivimos. Más de 1.300 horas en un total de 453 cadenas de Rafael Correa, más 127 horas en 37 enlaces de Jorge Glas, y 82 horas en 33 enlaces de Lenin Moreno nos dan un total de 1.547 horas en 523 enlaces o “sabatinas” entre 2007 y 2017.[1] Esta inundación de comunicación desde el poder se estableció supuestamente para rendir cuentas directamente a los ciudadanos, pero acabó siendo una extraña mezcla de circo con inquisición desde el cual el gran líder apuntaba los cañones contra sus enemigos. En 2008, cuando Correa apenas cumplía un año en la presidencia, Fundamedios reportó tan solo 22 agresiones contra la prensa. Esto llegó a un pico de 491 agresiones en 2016.[2]

Las agresiones del correísmo contra la prensa aumentaron significativamente una vez que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), mejor conocida como la Ley Mordaza. De las 491 agresiones registradas en 2016, 168 se deben a la aplicación de dicha ley y 88 fueron clasificadas como “abuso de poder estatal” e incluyen las réplicas impuestas por funcionarios del gobierno en la forma de notas diagramadas listas para ser impresas o cadenas que interrumpían los noticieros.[3] De los más de 600 procesos planteados contra medios de comunicación en virtud de la Ley Mordaza, 425 resultaron en sanciones contra los medios, 98% de los medios sancionados eran privados, 66% fueron procesos iniciados por funcionarios públicos. 

César Ricaurte de Fundamedios concluyó acerca de la Ley Mordaza y la Supercom: 

“…el 67% de procesos son iniciados…por la Supercom, es decir, por el Estado. Es el Estado castigando a los periodistas…Esto demuestra que la LOC es una herramienta no de los ciudadanos para defenderse de los ‘criminales periodistas’, sino del Estado para castigar a los periodistas”.[4]

Durante el gobierno de Guillermo Lasso se derogó la Ley Mordaza. Ahora la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González habla de la necesidad de regular las redes sociales y el asambleísta electo del mismo partido, Xavier Lasso, propone revivir la mordaza.

Pero el entorno de la comunicación ha cambiado radicalmente desde aquel 2007 en que Correa llegó al poder. Los nuevos medios no tenían tanta importancia como la tienen hoy, algunos como TikTok y La Posta ni siquiera existían, Netflix llegó a Ecuador en 2011 y los noticieros y programas de opinión política a través de YouTube y Pocasts recién empezaban a surgir. Un ataque del correísmo contra la prensa hoy tendría que dirigirse a las redes sociales y será difícil imponerse con cadenas e interrupciones cuando las pupilas miran principalmente a “influencers” que transmiten a través de plataformas que son propiedad de empresas extranjeras. Pero no es imposible. Considere lo que sucede en Brasil y Venezuela, donde los usuarios perdieron temporalmente acceso a X o son encarcelados por expresarse en redes.