Liberalismo e impuestos

El objetivo principal de esta columna es profundizar en dos cuestiones claves: (a) por qué es importante el sistema impositivo de un país y (b) qué nos muestra acerca de la sociedad que vive en el mismo. Es un tema denso, ya lo sé, pero la realidad es que las decisiones que han tomado muchos de los gobiernos de Hispanoamérica en estos tiempos de pandemia son más que preocupantes y han convertido a este tópico en uno de mucha relevancia y actualidad. Si bien los estados y los individuos interactúan permanentemente, hay algunas cuestiones que no pueden soslayarse y que son importantes de recordar a la hora de determinar si esa interacción debe ser modificada de alguna manera. Dichas cuestiones son las siguientes:

• Estados e individuos no surgieron al mismo tiempo. Fueron los individuos quienes, en algún momento de la historia, y más que nada por cuestiones de seguridad personal, crearon esta figura abstracta e impersonal que hoy llamamos Estado.
• Lo anterior implica, por un lado, que los individuos deben colocarse en todo momento por encima del estado y, por el otro, que la función principal del Estado es precisamente asegurar que dichos individuos puedan gozar libremente de sus derechos sin interferencias de terceros. El rol principal del estado moderno ya no es tanto proteger la integridad física de sus habitantes frente a ataques de otros estados, sino proveer seguridad jurídica para que los mismos puedan llevar adelante la forma de vida que han elegido.
• La potestad del estado de avanzar sobre los derechos de los individuos debe ser siempre reducida al máximo y estar absolutamente justificada. Debe ser siempre la excepción, y no la regla. El expresidente estadounidense Ronald Reagan se refería a esto cuando afirmaba que el hombre no era libre a menos que el gobierno estuviera limitado.

Lo anterior implica que, tal cual he explicado en múltiples ocasiones, los impuestos son una agresión a uno de los derechos individuales más básicos, consagrado en Tratados Internacionales y en las Constituciones de la inmensa mayoría de los países: el derecho a la propiedad privada.

Hay quienes sostienen, de hecho, que la propiedad privada es el principal derecho del individuo en tanto miembro de una sociedad ya que, sin ella, no puede existir organización social alguna, ni puede haber entre lo individuos relaciones jurídicas que otorguen a algunos de ellos el derecho a reclamar de otros la entrega de una cosa o la ejecución de algún acto. 

Es oportuno recordar aquí algunas frases de varios de los más ilustres representantes del liberalismo. John Locke, por ejemplo, sostuvo que “donde no hay propiedad, no hay justicia”. Ludwig Von Mises, por su parte, escribió “si la historia pudiese enseñarnos algo, seria que la propiedad privada esta inextricablemente unida con la civilización”. 

Para el liberalismo, entonces, no hay libertad, civilización ni justicia sin propiedad privada. De allí deriva que toda restricción a los derechos de propiedad de los individuos (y también a su privacidad), debe estar plenamente justificada para ser válida y debe, además, ser lo más pequeña posible (tanto en cuanto a intensidad como en cuanto a duración).

Desde este punto de vista, tenemos –en un extremo– los países comunistas, que no reconocen el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción y que reconocen a los trabajadores salarios absolutamente magros cuyo único objeto es mantener la opresión sobre los mismos y, en el otro, los países más libres del mundo, que toman una parte relativamente pequeña de lo que producen sus individuos con el fin de poder solventar los gastos de administración del Estado de que se trate. En el medio, hay varios grises.

Desafortunadamente, en América Latina los países –muchos de ellos gobernados durante bastante tiempo por gobiernos populistas de izquierda– se acercan más al modelo comunista que al modelo liberal. Si bien no buscan ser propietarios de los medios de producción, si pretenden quedarse con la mayor parte de la renta que esos bienes generan, sin tomar en cuenta, entre otras cosas, que estos bienes generan ganancias por el trabajo de los individuos que los poseen y que un sistema tributario con alta presión fiscal atenta contra el ahorro, la inversión, la productividad y, como consecuencia de ello, contra el trabajo. Nuevamente, es claro que este tipo de estados busca que los trabajadores e incluso en muchos casos los dueños de los bienes y servicios dependan cada día más de ellos.

Queda de esta manera respondidas nuestras preguntas iniciales: los sistemas tributarios son importantes porque determinan el grado de libertad y/o de sumisión al estado que existe en una sociedad determinada, la cantidad de impuestos y la presión tributaria que existe en un país determinado nos muestra el respecto de ese estado por las libertades individuales.

En este contexto, la pandemia desatada por el Covid-19 dejó en más en evidencia aún el respeto (o la falta de) de cada estado hacia los individuos que lo componen. 

Mientras algunos gobiernos redujeron impuestos, postergaron el pago de estos mientras los individuos no podían desarrollar sus actividades con normalidad y/o crearon incentivos tributarios cuando el mundo comenzó a abrirse (ver los ejemplos de Alemania y su descuento del IVA sobre alimentos o Portugal y Colombia y sus medidas de incentivo de la actividad turística), otros, con España y muchos de los países de América Latina a la cabeza, fomentaron desde la dialéctica la grieta entre ricos y pobres, buscaron aprobar reformas tributarias con el objetivo de aumentar la presión tributaria, intentaron establecer un ingreso mínimo universal y tomaron demás medidas de corte netamente populista (aumento o creación de impuestos a la riqueza, etc.).

Es imposible adivinar qué es lo que nos va a deparar el futuro; no solo por la pandemia, sino también por las distintas cuarentenas impuestas por los estados y por la decisión de muchos gobiernos (mayormente populistas) de atacar siempre a los mismos sectores: quienes más tienen, quienes más producen, quienes más invierten.

Sin embargo, si es posible predecir que, muy probablemente, los dos tipos de países que mencionamos anteriormente van a aumentar impuestos en el corto y/o en el mediano plazo. Los primeros, para poder financiar las ayudas que han dado. Los segundos, porque la necesidad de generar dependencia es parte de su ADN.

A fin de justificar estos aumentos de impuestos, vamos a ver cada vez más ataques a la competencia fiscal y a las jurisdicciones de nula o baja tributación. Seguramente vengan de la OCDE, el G-20 y la Unión Europea, como viene sucediendo desde hace tres décadas. No creo que las criptomonedas se salven de estos ataques, ya que se trata de activos en los cuales mucha gente que busca privacidad y seguridad han comenzado a resguardarse. Quienes adherimos a las ideas de la libertad tenemos que estar, por ende, más atentos que nunca. 

Por las razones que esbocé aquí, una de las formas de estarlo es precisamente prestar atención a los cambios que se vayan proponiendo en materia tributaria. No hay que dejarse engañar con consignas que pueden sonar lindas en los papeles (como puede ser el salario mínimo universal) pero que terminan con una parte cada vez más pequeña de la población, que es la que más invierte y arriesga y la que más empleos genera, sosteniendo al resto, luego de que los jerarcas de turno –claro está– se hayan llevado su parte. 

En un contexto de crisis mundial, las limitaciones a los derechos individuales no ayudan absolutamente a nadie. Desde ya que no ayudan a los pagadores de impuestos, que ven aún más limitada su capacidad de trabajar, de invertir y de ahorrar, pero tampoco ayudan a los estados ya que, tal cual explico en mi último libro Paraísos fiscales e infiernos tributarios, a determinado nivel de presión fiscal, el aumento de impuestos no genera una mayor recaudación, sino todo lo contrario. 

Resumiendo, el sistema tributario de un país y sobretodo los cambios que pretenden realizar los gobiernos al mismo en medio de una situación de crisis nos muestran el respeto que dichos gobiernos tienen hacia la propiedad privada y, por ende, hacia los derechos de los individuos que integran la sociedad de que se trate. Decía Ludwig von Mises que “la historia de Occidente, desde la era de las polis griegas hasta la resistencia actual al socialismo, es esencialmente la historia de la lucha por la libertad contra los privilegios de los burócratas”.

En tiempos de crisis, todos debemos prestar más atención a esta lucha, ya que las consecuencias de no estarlo son más gravosas. Y desde ya que cada individuo hará al respecto lo que tenga ganas de hacer. Habrá algunos que querrán involucrarse políticamente y defender en ese campo las libertades individuales. Habrá otros, que preferirán ser parte de la llamada “batalla cultural”, y tratarán de generar y difundir ideas que primero volcarán en consignas o plataformas electorales. Por último, estarán los que –sin interesarse en una cuestión o en la otra– buscarán establecer estrategias de protección patrimonial a nivel personal o familiar que les permitan defenderse de los ataques que sin duda se vienen. Obviamente, no se trata de caminos excluyentes entre sí.

Para terminar, dejemos por un momento al liberalismo como opción ética e ideología y centrémonos en el capitalismo, es decir, en el único sistema económico que puede contener al liberalismo, que ofrece un vehículo para que las ideas liberales puedan florecer y actuar, como diría Antonella Marty, como un verdadero antídoto contra la pobreza. Si el liberalismo, al menos en palabras de Alberto Benegas Lynch (h), puede definirse como el respeto irrestricto hacia el proyecto de vida del otro, la libertad de mercado implica el respeto irrestricto hacia las preferencias de los individuos acerca de los bienes y/o servicios que aquellos deseen ofrecer o consumir. 

En un sistema verdaderamente capitalista, el estado no podría obligar a un particular a producir, adquirir o disponer de un determinado producto o servicio, ni tampoco podría fijar precios o establecer otras condiciones de comercialización. 

Ahora bien, si los miramos desde un punto de vista estrictamente capitalista, o de mercado, los impuestos representan el precio que pagan los pagadores de impuestos para vivir en un lugar determinado. Obviamente, no se trata de un pago voluntario; pero es un pago al fin. En un mundo ideal, con pocas barreras para la inmigración legal y competencia fiscal plena, los países que mejor garanticen la seguridad física y jurídica de sus ciudadanos deberían poder cobrar impuestos más altos.

¿Por qué? Porque las personas elegirían libremente dónde vivir y que nivel de impuestos pagar; y habría una verdadera competencia entre países por captar no solo capitales sino tambien personas. Esto ultimo, porque la forma de aumentar recaudación pasaría por tener más población y no por cobrar más impuestos o aumentar las alícuotas.

Cómo hay muchos países que cobran impuestos por encima de los que razonablemente deberían poder cobrar, limitan tanto la inmigración como, fundamentalmente, la competencia fiscal. Prefieren tener menos pagadores de impuestos pero que estos paguen los impuestos más altos que se puedan cobrar. En términos económicos, recurren a actitudes monopólicas (o, cuando menos, oligopólicas).

Por todo ello, es un error combatir el sistema capitalista. Muy por el contrario, deberíamos intentar que sus reglas lleguen a lugares donde hoy no aplican, o no se aplican de manera pura, como es el caso de los estados y, puntualmente, de sus sistemas tributarios.