Lecciones fiscales colombianas
Juan Carlos Hidalgo señala cómo el consenso socialdemócrata forjado a través de la constitución ha derivado en que Colombia esté en constantes apuros fiscales.
Colombia es uno de los países más complejos de la región, pero en política fiscal brinda lecciones que tienen mucha relevancia para Costa Rica. De hecho, es uno de los casos a los que más deberíamos prestarle atención.
La constitución de 1991, en el mismísimo artículo primero, establece que Colombia es un “Estado Social de Derecho”, pilar sobre el que se ha forjado un consenso político socialdemócrata desde entonces. La Corte Constitucional ha jugado un papel protagónico en ese sentido, desarrollando una jurisprudencia garantista que se traduce en crecientes obligaciones financieras para el Estado. Por ejemplo, en el 2014 estableció que la sostenibilidad fiscal no debe ser un obstáculo para la garantía absoluta de derechos fundamentales como el de la salud. A esto hay que sumarle la enorme carga que ha representado para el fisco un cruento conflicto armado de más de medio siglo.
No sorprende entonces que Colombia esté constantemente en apuros fiscales. Pero, a diferencia de nuestro país, los distintos gobiernos no han tenido problemas en conseguir nuevos impuestos: en los últimos 27 años se han aprobado 14 reformas tributarias. Sin embargo, estos ajustes no han resuelto la dinámica alcista del gasto. Ya que la informalidad es alta –48,3% de la fuerza laboral– los impuestos exprimen cada vez más a una golpeada clase media y a los negocios formales. Según el Banco Mundial, una empresa promedio paga 69,7% de sus ganancias en impuestos.
Con el fin de enfrentar este problema estructural, en el 2011 se aprobó una regla fiscal que establece límites al tamaño del déficit que puede manejar el gobierno. No obstante, como me lo dijo Juan Carlos Echeverry, el ministro de Hacienda que diseñó esa reforma, “la regla fiscal es como la promesa de un alcohólico: en Colombia hicimos la promesa, pero de ahí en adelante el gobierno siguió bebiendo para pagar por la paz y cumplir sus compromisos sociales”. Echeverry observa que, si bien la regla ha servido de algo, “todos los años se le han hecho cambios, por lo que ha perdido credibilidad”.
La última reforma fue un aumento del IVA del 16% al 19% en el 2017. Como resultado, el consumo cayó, la economía se desaceleró y las expectativas de recaudación no se cumplieron. Ahora la nueva administración Duque está contemplando un nuevo paquete tributario. Como ven, Colombia nos ofrece muchas lecciones fiscales.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 21 de octubre de 2018.