Las universidades no deberían violar los derechos de expresión de los estudiantes con impunidad

La universidad es un tiempo para pensar, para cuestionar las ideas de otros, y para que nuestras ideas sean cuestionados también. Así pensaba Chike Uzuegbunam cuando intentó compartir sus ideas religiosas con sus compañeros de estudio y se topó con la política de “zonas de expresión” de Georgia Gwinett College.

Chike decidió compartir sus creencias, mediante conversaciones individuales y volantes, en una gran plaza afuera de la biblioteca. La policía del campus le ordenó parar. Le informaron que él solo podía hablar en las “zonas de expresión” designadas. Chike aplicó para obtener el permiso de utilizar una zona, pero solo pudo hablar brevemente antes de que la policía del campus nuevamente lo abordara. Esta vez le dijeron que su discurso constituía una “conducta alborotadora”, lo cual sucede con cualquier expresión que genera incomodidad, según lo juzga de manera subjetiva quien sea que esté escuchando. La policía amenazó a Chike con procesarlo y luego él fue silenciado por miedo. 

Como una universidad estatal, Georgia Gwinett está comprometida por la Primera Enmienda a no coartar la expresión. Pero la universidad limitó “la expresión libre y abierta de opiniones distintas” a dos áreas minúsculas del campus que solamente estaban disponibles unas pocas horas del día durante la semana y que requerían de una reservación con tres días de anticipación. La universidad tenía una discreción ilimitada para aprobar quién podía hablar, cómo y cuándo. 

Sin ser detenidos, Chike y Joseph Bradford —otro estudiante desalentado de hablar por el código de expresión— intercambiaron sus espacios de expresión por juzgados y llevaron a la universidad ante las cortes. Cuando retan las políticas inconstitucionales de expresión, los estudiantes pueden pedir dos cosas: una orden que evite que la escuela haga cumplir la política en contra de ellos de ahora en adelante y dinero por los daños que la política les ha causado. 

Para recibir una orden, los estudiantes deben estar ellos mismos en riesgo de que sus derechos sean violados. El riesgo deja de existir si ellos se gradúan antes que el caso culmine o si la universidad modifica la política, pero estas consideraciones futuras no previenen normalmente que los estudiantes busquen retribución por daños constitucionales en el pasado. Estos son una cantidad en dólares expresando qué tanto daño la violación constitucional causó. Sin embargo, las violaciones de la Primera Enmienda muchas veces no causan heridas sustanciales entonces las víctimas de estas políticas muchas veces demandan por daños nominales —pequeñas cantidades que cubren el perjuicio intangible de que a uno le sea violado un derecho. En un reciente fallo, la Corte de Apelaciones del Circuito Onceavo de EE.UU. decidió no considerar perjuicios nominales si las partes no pueden también buscar obtener una orden en el futuro o retribución por daños superiores. 

Siguiendo ese fallo, la corte del distrito desestimó la demanda de Chike y Joseph, desestimación que el Circuito Onceavo confirmó. En lugar de decidir si el código de expresión era constitucional o no, la nueva norma de la corte prohibe que los estudiantes siquiera cuestionen una violación pasada de sus derechos en virtud de la Primera Enmienda si la escuela cambia su política, a menos que ellos tengan una herida representable en una cantidad de dólares. Chike y Joseph ahora han llevado su caso a la Corte Suprema. El Instituto Cato se ha unido a la Fundación por los Derechos Individuales en la Educación para presentar un amicus curiae respaldando su argumento. Sostenemos que los daños nominales son un mecanismo importante para reivindicar los derechos constitucionales, particularmente en los casos de expresión en las universidades donde otras formas de reparación muchas veces no están disponibles.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 6 de octubre de 2020.