Las donaciones de Amancio Ortega son preferibles a sus impuestos

Unidas Podemos ha criticado las donaciones de Amancio Ortega al sistema español de sanidad pública argumentando que se oponen de plano a que el gallego blanquee su condición de “elusor fiscal” a través de su actividad filantrópica. La tesis de fondo es, pues, harto sencilla: los impuestos son preferibles a las donaciones y, en la medida en que el fundador de Inditex no está pagando todos los impuestos que debería, no hemos de contentarnos con unas subóptimas donaciones.

El silogismo de Podemos se edifica, pues, sobre dos proposiciones: una fáctica (Ortega no paga los impuestos que le corresponde abonar) y otra normativa (los impuestos son preferibles a las donaciones).

La proposición fáctica es falsa, o al menos esconde otros presupuestos valorativos no explicitados: Inditex paga todos los impuestos que el marco normativo vigente le exige que abone. Incluso aquellas técnicas de optimización fiscal que pueda utilizar (elusión tributaria) son acordes a la ley: por tanto, no es que Inditex pague menos impuestos de los que debería, sino que paga menos impuestos de los que Podemos cree que debería pagar.

Del mismo modo, otros pensamos que paga más impuestos de los que debería: lo único cierto es que, mientras Podemos no alcance una mayoría parlamentaria suficiente como para incrementar el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades, Amancio Ortega paga exactamente los impuestos que le corresponde de pagar según la ley vigente.

Pero más interesante que la proposición fáctica me resulta la proposición normativa: es decir, que los impuestos son preferibles a las donaciones. Desde una perspectiva deontológica, esto es, fundamentada en principios morales, la proposición me resulta absolutamente disparatada: las relaciones voluntarias siempre son preferibles a las relaciones coactivas. Acaso alguien pueda justificar la coacción como mal subsidiario frente a tratos voluntarios que serían insuficientes para alcanzar determinados objetivos (“solo con donaciones voluntarias no podríamos financiar un Estado de tamaño adecuado”), pero desde luego lo que no tiene sentido es que se juzgue preferible que el Estado le arrebate a Ortega vía coacción aquellos recursos que igualmente lograría vía transferencia voluntaria.

Sin embargo, me resulta todavía más interesante reflexionar sobre esta proposición normativa no desde un punto de vista deontológico sino consecuencialista, esto es, atendiendo a los efectos esperables de que los recursos de Amancio Ortega sean gestionados ora por la casta política ora por él mismo. Desde Unidas Podemos, han defendido con firmeza que las donaciones de Ortega son peores que sus impuestos porque no están sometidas a control político: o dicho de otro modo, que resulta preferible para el interés general que los políticos decidan en qué fines sociales utilizar el dinero de Amancio Ortega a que lo decida él mismo a través de su actividad filantrópica.

Pero, salvo que partamos de una naturaleza absolutamente angelical del ser humano, es obvio que todas las personas tienen intereses parcialmente egoístas: también, claro, los políticos. ¿Cuál es el principal objetivo de todo político (al menos, de todo político que dirija una organización masiva y profesionalizada de aspirantes a gobernante: un partido político de cierta envergadura)? Perpetuarse en el poder (y acaso retirarse del poder con un elevado patrimonio).

¿Cómo consiguen los políticos perpetuarse en el poder en democracia? Por múltiples vías pero, entre ellas, instrumentalizando el Estado: a saber, comprando votos y creando redes clientelares a través del presupuesto público. Por consiguiente, resulta completamente irracional pensar que el dinero que los políticos le arrebaten a Amancio Ortega vía impuestos vaya a emplearse en maximizar el bienestar social (cualquiera que sea la definición que adoptemos de un término tan ambiguo como este): más bien, se gastará en aquellas partidas presupuestarias que maximicen las opciones de reelección de los políticos, no el bienestar de los ciudadanos (y algunas de estas partidas podrán, o no, guardar alguna relación con una mejora efectiva de la educación o de la sanidad que reciben los ciudadanos).

Por supuesto, no solo los políticos poseen motivaciones parcialmente egoístas: también Amancio Ortega puede experimentarlas. Pero donar parte (aunque sea pequeña) de su fortuna a la filantropía es un acto que se acerca bastante al altruismo desinteresado. Nadie le obliga a hacerlo y no parece que vaya a reportarle ningún retorno significativo a quien ya es una de las personas más ricas del planeta. Como mucho, sus donaciones podrían tener el propósito 'egoísta' de mejorar su imagen pública (aunque con las campañas de desprestigio que organiza Podemos después de cada donación, no queda claro que el saldo neto sea positivo): pero ese objetivo egoísta no es en absoluto incompatible con canalizar su actividad filantrópica hacia aquellas cuestiones que representen una auténtica urgencia social.

De ahí que, incluso desde un punto de vista estrictamente consecuencialista, me fíe muchísimo más de cómo Amancio Ortega gestiona la parte de su patrimonio que solidariamente destina a la filantropía que de los políticos que se desesperan por apropiarse de esos fondos para corromperse y apuntalarse en el poder. Confío mucho más en la prudente generosidad de filántropos desinteresados como Ortega que en la maquiavélica sed de poder de políticos ambiciosos como los de Unidas Podemos.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Laissez Faire de El Confidencial (España) el 23 de mayo de 2019.