Las alternativas a la detención universal son más baratas

El presidente Donald Trump recientemente modificó su política de separar niños de sus familias. Su nueva orden ejecutiva requiere que los niños de quienes cruzan la frontera sean detenidos junto con sus familiares. Aunque la ligera mejora por sobre la separación familiar, la decisión de Trump trae a colación diferentes cuestiones acerca de si detener familias juntas viola el Acuerdo Flores de 1997, mediante el cual los niños deben ser liberados 20 días después, lo cual requeriría la separación familiar. El potencial problema Flores podría ser mitigado totalmente por Trump si dependiera de programas alternativos a la detención (ATD) en lugar de la detención universal de quienes cruzan la frontera. Esto permitiría que el presidente Trump diga que acabó con la "detención y liberación" sin retener a las familias migrantes incurriendo en un costo para los contribuyentes.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) administra los ATDs para explorar los medios costo-eficientes para quienes buscan asilo y para los inmigrantes ilegales que residen fuera de los centros de detención si es que ellos no constituyen una amenaza para la seguridad pública. Los ATDs ayudan a garantizar que los migrantes aparezcan en sus audiencias y aseguren que cumplen con las sentencias de las cortes. El presupuesto de 2017 asignó $114 millones a la ICE para administrar estos programas y la administración de Trump pidió alrededor de $180 millones para estos en 2018.

Los ATDs usualmente adoptan una de tres formas. La primera es el monitoreo electrónico vía dispositivo, esto es, los migrantes tienen que portar un dispositivo de rastreo en el tobillo. La segunda es asignar trabajadores de caso que chequeen periódicamente a los migrantes. La tercera son incentivos monetarios, como los bonos. Muchos programas ATD mezclan estas tres formas. ICE administra el programa ATD porque ellos son responsables de arrestar, remover y detener a los inmigrantes que se encuentran dentro de EE.UU. Los costos de detención son de alrededor de $170 por día para las estadías largas y de alrededor de $30 para las estadías cortas. Las propuestas ciudades carpa para albergar a los niños migrantes hubiesen costado alrededor de $775 por persona por noche. Hasta donde yo se, alrededor de 100 por ciento de ellos cumplen con las ordenes de las cortes ya que se encuentran detenidos por el gobierno y por lo tanto no tienen otra opción. El costo de oportunidad de esta efectividad adicional son los varios costos de la detención.

Los ATDs tendrían que ser modificados para acomodar a los que han cruzado la frontera más recientemente, pero eso no parecería ser difícil dado que la gran mayoría de ellos no constituyen amenazas a la seguridad pública. Quienes solicitan asilo, por ejemplo, han participado en los ATDs desde hace más de una década. Este artículo explicará los principales ATDs, cómo funcionan, sus costos y su eficacia.

El Programa de Supervisión Intensiva de Aparición (ISAP, por sus siglas en inglés)

Este programa empezó como un piloto de cinco años en 2004 y fue para “inmigrantes en procedimientos de deportación que han sido liberados de detención. El objetivo de este programa es evitar la detención y permitir que los inmigrantes vivan con sus familias y continúen trabajando mientras que sus procedimientos de deportación están pendientes”. La segunda fase de ISAP empezó en 2010 y dependía de dispositivos electrónicos en el tobillo, chequeos vía telefónica que se valían de tecnología de reconocimiento de voz, visitas en casa sin aviso previo, verificación ante el empleador, y reportes en persona para supervisar a los participantes. Para febrero de 2014, 95 por ciento de los participantes en el ISAP II fueron monitoreadas solo vía electrónica.

Los datos del ISAP II en 2012, el último año para el cual hay datos confiables disponibles, mostraron que 17.524 personas abandonaron el programa. De estas, 4,9 por ciento se fugaron y 4 por ciento fueron arrestados por otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. El otro 91,1 por ciento cumplió con sus ordenes de la corte y se fueron del país u obtuvieron algún tipo de status legal. Las tasas de asistencia a las cortes fueron de 99,6 por ciento.

La libertad bajo fianza

Las fianzas son comunes en muchos programas ATD y funcionan en gran medida como el pago de fianza en el resto del sistema de justicia criminal. Solo están disponibles a los migrantes que no constituyen una amenaza a la seguridad pública. Solo un poco más del 83 por ciento de aquellos liberados bajo fianza aparecieron en sus audiencias en 2016. La fianza media en los casos migratorios fue de $8.000 en 2016. Una tasa de asistencia de 83 por ciento puede que no parezca impresionante, pero esto es costoso para los migrantes que sacrifican el dinero de la fianza y mucho menos costoso para el gobierno.

El Programa de Administración de Casos Familiares (FCMP, por sus siglas en inglés) utiliza a trabajadores de caso para ayudar a los migrantes a satisfacer sus obligaciones legales y judiciales, tales como presentarse para chequeos ante las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés), y saliendo de EE.UU. cuando las cortes les ordenen hacerlo. ICE empezó el programa en 2015 y lo cerró a mediados de 2017 a pesar de algunos éxitos notables. Alrededor de 99 por ciento de todos los migrantes en el programa llegaron a sus chequeos ante las ICE-ERO, 100 por ciento llegaron a sus audiencias en las cortes, y solo 2 por ciento desaparecieron en el mercado negro luego de recibir ordenes de retirarse del país.

Aunque este programa fue exitoso, también fue costoso. El contrato para el contratista de la prisión privada costó $17,5 millones y solo tuvo 954 participantes, para un precio final de más de $18.000 por migrante. FCMP también fue pequeño y probablemente invendible. Sus costos y escala pequeña hacen que este sea un modelo improbable para uso a nivel nacional, pero podría ser útil en circunstancias especiales.

Programas de Administración de Comunidades

Los Programas de Administración de Comunidades son la versión sin fines de lucro del FCMP. El Instituto de Justicia Vera tenía un contrato con el anterior Servicio de Inmigración y Naturalización entre 1997-2000 para migrantes en los procesos de remoción a través de un programa llamado el Programa de Asistencia y Aparición (AAP, por sus siglas en inglés). Durante ese tiempo, el 91 por ciento de los participantes en el Vera AAP asistieron a sus audiencias requeridas y costó un 15 por ciento menos, per cápita, que la detención durante los procedimientos en las cortes. La libertad condicional y la libertad bajo fianza costaron un 58 por ciento menos pero solo un 71 por ciento de los involucrados asistieron a sus audiencias. Más de un 78 por ciento de aquellos en el programa Vera AAP se que recibieron la orden de retirarse del país cumplieron con el programa, incluyendo el 100 por ciento de los migrantes criminales, 82 por ciento de aquellos que solicitaban asilo, y un 53 por ciento de los trabajadores inmigrantes ilegales.

Las Alternativas para Colocar Familias dirigidas por el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS, por sus siglas en inglés) empezó a aceptar inmigrantes de la detención del ICE en junio de 2013. Ellos lograron una tasa de asistencia ante la corte de inmigración de 97 por ciento y solo costó en promedio $24 al día. El costo por familia de esto es de $50 al día según un programa piloto de 2015, mucho más barato que el costo estimado de detención de $798 por familia.

Las Caridades Católicas de Nueva Orleans trabajaron con 39 solicitantes de asilo que fueron liberados de detención y 64 detenidos indefinidamente que no podían ser deportados entre 1999-2002. Esta fue solo una de las muchas clínicas de la Red Católica de Inmigración Legal, Inc. alrededor de EE.UU. en ese entonces. En el programa de Nueva Orleans, la tasa de asistencia a la corte para los participantes fue de 97 por ciento y el programa costó $1.430 al año por cliente. El costo y éxito de estos programas varía considerablemente.

Hay otros programas de administración de comunidades privadas con similares tasas de éxito.

Conclusión

El Acuerdo Flores limitará la habilidad del gobierno de detener a familias de forma indefinida a menos que el Congreso cambie la ley —lo que probablemente no pasará. Para evitar este problema, la administración de Trump podría expandir el programa ISAP II, aumentar la emisión de libertad bajo fianza, y permitir que los Programas de Administración de Comunidades alberguen y monitoreen a las familias migrantes con algún tipo de incentivo/desaliento para asegurarse de que la gente que ellos monitorean aparezca en sus audiencias. Trump también podría dejar de procesar a todos aquellos que cruzan la frontera, pero eso sería pedir demasiado. Si la experiencia pasada sirve de algo, estos programas ATD podrían asegurar que 90 por ciento de las ordenes de las cortes sean ejecutadas. Eso es menos que un cumplimiento perfecto, pero es algo mucho más barato, más humanitario, y un desastre político mucho menor para esta administración.

Un agradecimiento especial a Lourdes Bautista, Meagan Jacobs, Andrea Vacchiano, y Tim White por su asistencia en la investigación.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato at Liberty (EE.UU.) el 20 de junio de 2018.