La incompetencia no es excusa: destruir la economía no es una política social

El dato de fallecimientos e infectados por coronavirus Covid-19 en España ya es causa de alarma en todo el mundo. Recordemos a los fallecidos, enfermos y a sus familiares, y aplaudamos diariamente la respuesta de la sociedad civil, las empresas y los ciudadanos ante el cúmulo de fallos de gestión gubernamental.

Es precisamente ante una crisis de la magnitud a la que nos enfrentamos cuando se hace más urgente que nunca defender la democracia liberal y los frenos y contrapesos que permiten a la sociedad civil protegerse de las tentaciones intervencionistas y controladoras de los gobernantes que deberían dar servicio y facilitar.

El debate en los medios de comunicación se ha intentado centrar en los inexistentes recortes del Gobierno anterior como si esto se hubiera solucionado gastando. 

Esto no es una crisis por falta de gasto sanitario sino de falta de previsión y gestión.

Corea del Sur es, con 51 millones de habitantes, uno de los países con mayor libertad económica (puesto 25 global, comparado con España en el 58) un gasto público sobre PIB muy inferior al nuestro (30% comparado con 41% en España), y un gasto sanitario per cápita un 20% inferior al de nuestro país. Corea del Sur es, además, ejemplo mundial en la gestión de la pandemia, con 139 fallecidos y 9.332 casos a cierre de este artículo. Lo mismo se puede decir de Singapur, también líder en libertad económica y con gasto muy inferior sobre el PIB (18%).

¿Cuál ha sido el éxito de los países líderes? Poca administración burocrática y un sistema de prevención, análisis y contención rápido, eficaz y gestionado de manera modélica.

Cualquier ciudadano español puede entender que el cúmulo de ineficiencias que hemos vivido en la gestión de la pandemia en España habría sido el mismo si en el pasado hubiéramos gastado mucho más, porque de haberlo hecho se habrían destinado los recursos a otras cosas, pero no a una epidemia que el gobierno se negaba a reconocer. Es un problema de gestión, no necesariamente de dinero, y mucho menos de dinero gestionado por el gobierno. 

¿Recortes? El gasto público sanitario aumentó de 71.667 millones en 2011 a 75.435 millones en 2018. Si se dieron recortes fueron entre 2009 y 2011, casi 1.500 millones, periodo en el que se disparó la deuda sanitaria un 173% y el plazo medio de pago de la administración se elevó a 473 días para las empresas de tecnología sanitaria y 525 para las farmacéuticas. Pero incluso contando ese periodo, el gasto sanitario en 2018 fue el mayor de la historia.

Esto nos lleva a otra falacia que es la de "la sanidad pública" cuando lo que se quiere imponer es la "sanidad política". Un sistema de sanidad de servicio público y eficiente no solo no tiene por qué ser de pagador único, sino mucho menos de gestor único y que ese gestor sea político. Equiparar público con gubernamental es algo muy goloso para los intervencionistas, pero es falso.

Recordemos que en julio del año pasado ese mismo Gobierno reclamaba a las comunidades autónomas reducir gasto en Sanidad ("plan urgente de ajustes en gasto farmacéutico y sanitario", exigiendo medidas "en la prestación farmacéutica ambulatoria y hospitalaria, así como en los productos sanitarios").

Si algo está demostrando esta crisis es que funciona el sector privado, garantizando el suministro de todos esos bienes y servicios que considerábamos, erróneamente, como caídos del cielo, y que los servicios públicos que hemos construido en libertad e independientes del gobierno son modélicos. Los trabajadores de servicio público y los del sector privado están dando todo y más por el país. Esta es la evidencia del capitalismo social que comento en mi próximo libro Libertad o Igualdad (Deusto), en inglés, Freedom or Equality (PostHill Press).

La crisis ha demostrado que la colaboración público-privada funciona y que la única solución a los retos futuros viene precisamente de mayor colaboración, con un sector privado sólido y potente. No hay sector público sin el sector privado. No hay sanidad pública sin la tecnología, innovación, investigación, productos y fármacos del sector privado. Ningún estado líder del mundo se plantea los retos de la sanidad del futuro imponiendo la gestión política como única opción.

Todos saben que necesitaremos la importantísima competencia, libertad de elegir y liderazgo tecnológico para atender a mucha más gente maximizando el rendimiento de los recursos. El que piense que dinamitando el sector privado se va a garantizar mayor y mejor acceso a bienes y servicios tiene un problema con la historia y la estadística. Ningún sistema sanitario líder es de gestión estatal única. Y ninguno funciona solo con recursos estatales.

Los profesionales sanitarios que trabajan en el sector público no pertenecen al Gobierno. Son individuos libres, muchos de ellos que trabajan también en el sector privado, y son parte de la sociedad civil que presta un servicio con su magnífico trabajo, que los contribuyentes pagamos. La libertad de elegir distintas opciones es lo que lleva a los funcionarios públicos a preferir un sistema de elección público-privada como Muface. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no son del gobierno. Son de todos, nos sirven a todos, a esa sociedad que se vertebra en un estado formado por individuos libres, no son peones de las veleidades de uno u otro gobernante.

Un Gobierno que se niega a dotar de las más mínimas condiciones de seguridad y salud a los que deberían ser los dos pilares de su gestión, la seguridad y la sanidad, mientras dispara el número de ministerios y altos cargos y no hace un solo ajuste de gasto superfluo en un periodo de crisis, no solo no merece más recursos, merece muchos menos.

El Estado no es el Gobierno, y cuanto más nos quieren convencer de que es así, mayor peligro se ciñe sobre la sociedad libre. El sector público se paga gracias al sector privado.

Ser liberal no es estar en contra del Estado, sino en contra de su sobredimensión y, sobre todo, en contra de la utilización de los mecanismos del Estado al servicio del gobierno y no de la sociedad civil y sus individuos. Por supuesto que los liberales tienen derecho a usar los servicios públicos, entre otras cosas porque los pagan en impuestos y por adelantado. Decir que un liberal, por defender un estado eficiente, pequeño y vertebrador, no puede usar los servicios públicos es como decir que un comunista no puede acudir a un servicio privado, una memez.

Otra cosa que ha demostrado esta crisis es la realidad del capitalismo como sistema más eficiente y social. Las empresas y autónomos han respondido de manera ejemplar. Los ejemplos de empresas, empresarios y organizaciones que han acudido rápidamente a apoyar al país en momentos difíciles son innumerables. Desafortunadamente, en estos días los ejemplos de solidaridad y contribución mostrados por los agitadores anticapitalistas y redistribuidores de la nada son casi inexistentes.

Es curioso que los que antes animaban a hacer impago de la deuda y daban consignas anticapitalistas hoy se lancen a proponer los instrumentos más capitalistas del mundo, pedir ayuda con el balance de las multinacionales, multimillonarias emisiones de bonos que tendrán que vender a los fondos de inversión que vilipendian, deuda que financiarán los inversores que aborrecen e inversiones que pondrán en marcha las empresas que quieren expoliar, con préstamos que van a conceder los bancos que odian.

Y, como guinda, pedir ayuda… a la OTAN, para conseguir recursos, cuando antes la insultaban. Ojo, y hacen muy bien. Mientras tanto, los odiadores de la propiedad privada se aferran a la suya y siguen clamando generosidad con el dinero… de los demás. Nunca he visto unos anticapitalistas más capitalistas.

Gracias al capitalismo vamos a salir de esta crisis de mala prevención y peor gestión en un periodo récord, si no se ponen todavía más escollos para la recuperación. En socialismo podríamos elegir entre miseria y más miseria, para continuar con represión una vez que los ciudadanos empezasen a mostrar su descontento con el Gobierno.

Cuando el Gobierno se erige como el único poder sin contrapesos, se abre la puerta a la incompetencia, el autoritarismo y la miseria. Por eso la competencia es esencial para progresar. En el momento en el que se cercena la competencia y la libertad, se destruye el progreso.

Esa es la gran ventaja de la democracia liberal. Progreso en competencia y libertad. El gobierno está al servicio de la sociedad civil y los contribuyentes, y no al revés.

Esta crisis se va a llevar por delante millones de puestos de trabajo. A una crisis por imprevisión en la gestión sanitaria se añade una crisis económica por inflexibilidad impositiva añadida al cierre forzoso de la economía. España podría perder entre 1 y 2 millones de empleos (aparte de las reducciones temporales por ERTE –expediente de regulación temporal de empleo) en tres meses si el gobierno mantiene su decisión de no exonerar impuestos durante el cierre forzoso. La inmensa mayoría de las empresas no van a despedir porque lo deseen o por malvadas, sino porque se las envía en masa al colapso.

La prohibición de despedir mientras se mantienen todos los impuestos y escollos es la típica medida intervencionista que finge proteger y solo empeora. ¿Van a prohibir quebrar, o tal vez enfermarse o morir? Porque lo que están haciendo es llevar a casi un millón de empresas al borde de la muerte.

¿Por qué destruye más que lo que fingen proteger? Imaginen la siguiente situación: Una pyme con 5 empleados, se encuentra con cero ventas por cierre forzoso, ningún impuesto exonerado y, como mucho, pospuesto, si se endeuda, mientras los costes fijos se acumulan, pero no le permiten ajustar ¡ningún coste!

Es pasar toda la carga de la crisis a las pymes, autónomos y creadores de empleo. Prohíben que se despida a uno para mantener el negocio a flote, y el empleador se ve obligado a echar el cierre. Adiós cinco empleos y adiós empresa, con todo lo que conlleva, pérdida de marca, de base de clientes, etc.

¿Quién va a crear un negocio o invertir en un país donde lo primero que se decide en un cierre de actividad obligatorio por emergencia es que las empresas carguen con todos los costes, asuman todos los impuestos y como mucho, y si se lo conceden, se endeuden?

Esta locura de medida, de dudosa legalidad, que –con políticas similares– entre 1976 y 1980 llevó a que el paro se duplicara en España por el incesante cierre de empresas y de actividad, lleva a muchas empresas asfixiadas por el cierre forzoso e impuesto por ley en la emergencia a tener que cesar actividad y echar a todos sus empleados, en vez de ajustar algún trabajador.

Recordemos que más de 900.000 empresas en España ya se encontraban en pérdidas según la AEAT y que la inmensa mayoría, que son autónomos microempresas, no tienen caja para sobrevivir más de cincuenta y siete días, según muestra JP Morgan, ni se pueden endeudar como quiere el Gobierno.

Pero tiene efectos negativos a medio plazo. Lleva a no contratar después ante el miedo a que el gobierno lleve a cabo más medidas intervencionistas como ésta en cuanto se genere un problema.

Este Gobierno, en vez de proteger el tejido productivo para crear más empleo cuando pase la pandemia, va a llevar a centenares de miles de empresas a la quiebra que no estarán aquí cuando, gracias a la ciencia, pase la crisis.

No olvidemos que el desastre económico al que vamos es consecuencia directa también de la incompetencia en gestión. Ahora, miles de pequeñas empresas y negocios se encuentran con cero ventas, impuestos y costes fijos acumulados, y el gobierno les dice que se endeuden, pero la gran mayoría no puede ni se lo concederían unos bancos que se van a enfrentar ahora una cadena de préstamos incobrables.

Además, el Gobierno se lanza a intervenir hasta los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), lo que llevará todavía a mayor daño a medio plazo. Aumenta el riesgo de cierres en cadena y, con ello, muchos más despidos. Además, se niega a exonerar la cuota de autónomos a unos trabajadores que se encuentran ya con facturas impagadas y al borde del cese de actividad.

Un Gobierno que exige economía de guerra mientras mantiene gasto de bonanza no puede gestionar una crisis de esta magnitud.

Por inflexibilidad y obsesión recaudatoria, peligra la supervivencia de casi 900.000 empresas y el empleo y bases imponibles futuras. Pero saldremos adelante. Miles de empresas y autónomos van a caer por la falta de flexibilidad en levantar escollos fiscales y administrativos de un gobierno que impone economía de guerra al sector privado, a los sanitarios y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero mantiene economía de bonanza en el gobierno. Lo único que se le pide al gobierno es que deje respirar a los creadores de empleo, y ni eso. Como mucho, te permite endeudarte.

Pues bien, aun así, saldremos adelante gracias a esa sociedad civil y esas empresas que transcienden al gobierno y que muestra su espíritu solidario y constructivo en los peores momentos. No, esta crisis no ha mostrado el fracaso del modelo de democracia liberal y capitalista, que es la respuesta más social y eficiente a un reto como el que vivimos. Ha mostrado el fracaso del estatismo, reflejado en el desastre generado por haber creído la versión oficial de los hechos, y el fracaso de equiparar público con gubernamental.

La pandemia sanitaria se vencerá gracias al ingenio humano, la tecnología y las empresas. Lo dije la semana pasada: España es mucho más grande que sus problemas. La pandemia de incompetencia nos costará más, en vidas, en dinero, en empleo, en crecimiento y en oportunidades.

Este artículo fue publicado originalmente en El Español (España) el 28 de marzo de 2020.