La economía del COVID-19

Milton Friedman solía decir “no hay almuerzo gratis” para explicar que nada es gratis, todo tiene un costo. El hecho de que no siempre lo asumamos o que no sea visible, no implica que no exista, sino que alguien más está pagando los platos rotos. 

En el caso del Covid-19 hay dos clases de costos. De un lado, se puede imponer una cuarentena obligatoria, paralizando la actividad económica. De otro, se puede permitir que las personas continúen, en la medida en que les sea posible, con sus actividades. 

La primera alternativa representa menores costos inmediatos en vidas y gastos de salud. Si no se descubre una vacuna o una cura, tales costos podrían tener que ser asumidos más tarde. Sin embargo, el ingreso en una recesión económica y los costos que eso implica en el largo plazo (que pueden ser mucho peores) es seguro. Lo segunda opción, si bien evita que entremos en esa crisis, nos fuerza a asumir más temprano los costos en vidas y salud. Como puede verse, son costos que van en direcciones opuestas. Más de uno implica menos del otro. Esto es lo que los economistas llaman sustitución (trade-offs).

En materia de políticas públicas, las alternativas no siempre son excluyentes entre sí de manera absoluta. La idea es que se asuman costos en proporciones que permitan maximizar los beneficios. 

La pandemia nos enfrenta a un dilema. Mientras más estricta la cuarentena (si se cumpliese), más baja sería la tasa de infecciones, pero más profunda la crisis económica; de otro lado, mientras más laxas las medidas, mayor la tasa de contagio, pero menor la crisis. Las variables en juego en esta disyuntiva son de la mayor gravedad. De un lado, tenemos la vida y la salud; del otro, la economía. Es difícil ponerle un valor a la vida de una persona, pero si la economía entra en una recesión severa, no solo habrá pérdidas materiales, sino también muchas vidas. 

Revisando la caja de herramientas vemos que son dos las medidas que pueden adoptarse: (i) políticas de distanciamiento social que impidan las grandes aglomeraciones y eviten que los infectados con el virus y la población vulnerable estén en contacto con los demás; o, (ii) medidas de reclusión absoluta que impidan toda actividad económica, salvo por las esenciales para evitar que las personas estén en las calles. 

¿Qué medida es la adecuada? Depende de qué estemos buscando. Por ejemplo, si se quiere comprar tiempo para mejorar los sistemas de salud, las alternativas a considerar son distintas a si lo que se busca es lograr alcanzar la inmunidad de la población. No obstante, ninguna de las dos medidas descritas es un fin en sí mismo. La política pública debe apuntar a un objetivo y es en función de este que debería optarse por una u otra disposición. 

Hay, no obstante, algunas cosas evidentes desde el punto de vista económico. Las cuarentenas estrictas tienen sentido cuando el contagio se ha extendido y ha agarrado velocidad. De otra forma, se asume un costo enorme al paralizar toda la economía para evitar que sólo un porcentaje muy pequeño de infectados se movilice. En ese caso, lo lógico es tratar de identificar a los infectados y promover el distanciamiento social para el resto. No debemos olvidar, además, que si la cuarentena se impone antes de tiempo luego será muy difícil tener esa herramienta a la mano si la pandemia se desborda, se habrán consumido los recursos que permiten subsistir sin producir. 

Otro tema que parece claro es que las medidas no tienen que ser a nivel nacional. Tendrá sentido hacer una cuarentana en algunos lugares con índices de contagio muy altos, pero no en lugares de poca densidad, con bajos niveles de contagio. Las medidas sectoriales, adecuadas a la realidad de cada lugar, parecen mucho más sensatas que las nacionales. 

Finalmente, como en el caso de cualquier política pública que restringa la libertad de las personas, correspondería que quien la proponga evidencie que los beneficios superan los costos. Aunque esa era una sana costumbre que este virus acabó de destruir.

Este artículo fue publicado originalmente en Gestión (Perú) el 8 de mayo de 2020.