La descentralización del seguro social
Gabriela Calderón de Burgos considera que ante la ausencia de un consenso nacional frente a la crisis inminente del seguro social, es necesario avanzar mediante una búsqueda descentralizada de soluciones para el déficit actuarial del sistema.
Por Gabriela Calderón de Burgos
Para resolver la crisis inminente del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) hay que tocar una vaca sagrada: el monopolio estatal sobre la seguridad social. Los afiliados sufren las consecuencias de ser los clientes cautivos de un monopolio estatal conocido por la corrupción y el despilfarro.
Un sistema de capitalización individual les da a los trabajadores la libertad para elegir entre distintas instituciones, rompiendo así el monopolio estatal y dándoles una verdadera propiedad sobre sus ahorros.
La migración a este sistema detendría la hemorragia que constituye un creciente déficit actuarial, establecería un vínculo entre los aportes y las pensiones, eliminaría el monopolio estatal dando paso a una competencia por la gestión de los ahorros de los trabajadores y fomentaría el mercado de capitales del país.
En noviembre de 1995 el entonces presidente Sixto Durán Ballén realizó una consulta popular de 11 preguntas, la segunda decía lo siguiente:
¿Debería incorporarse a la Constitución Política una disposición que diga?:
Toda persona tiene el derecho a escoger libre y voluntariamente que tanto el régimen de seguridad social, como sus prestaciones y servicios estén a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de otra institución pública o privada. El sistema de seguridad social se fundará en los principios de solidaridad y libre competencia.
En esa pregunta el “Sí” ganó cómodamente frente al “No” en Guayaquil y Guayas y perdió masivamente a nivel nacional.
Actualmente, lograr un consenso nacional en torno a esta propuesta luce improbable, siendo necesario avanzar mediante una búsqueda descentralizada de soluciones a los problemas nacionales. Uno o varios alcaldes podrían impulsar una consulta popular para descentralizar el IESS y trasladar su competencia a nivel local.
Asimismo, el presidente podría convocar una consulta popular haciendo una pregunta similar a la del 1995 con una variante: que el resultado sea vinculante a nivel cantonal. Esto es, quedaría a disposición de los cantones donde triunfe el “Sí” la competencia de la seguridad social con sus correspondientes activos y pasivos. Los trabajadores podrían entonces migrar sus ahorros al sistema que consideren más conveniente y se procesará la enmienda constitucional requerida.
Supongamos que la propuesta ganara en el municipio de, por ejemplo, Guayaquil. El gobierno central procedería a trasladar la porción de los activos y pasivos del IESS al municipio de Guayaquil. Este desarrollará organismos de regulación y supervisión y procesos de concesiones de hospitales. Asimismo, podría establecer un organismo de supervisión para las administradoras de fondos (AFPs) dispuestas a competir por los ahorros de los trabajadores del cantón.
El sistema estatal de reparto heredado por el municipio tendría que seguir existiendo para aquellos que deseen permanecer en ese sistema y para resolver el déficit actuarial.
Los trabajadores jóvenes podrían optar por el nuevo sistema de capitalización individual, estimulando el ahorro y las inversiones.
La propuesta es sencilla: permitir la competencia entre el seguro social estatal –supuestamente justo y solidario— y los privados. Si es tan bueno el estatal, ¿por qué se prohíbe elegir a los afiliados?
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 7 de noviembre de 2022.