La crisis inminente del IESS

Las empresas e individuos con mucho esfuerzo realizan contribuciones al seguro social, que son obligatorias. Gran parte de sus aportantes lo perciben como un impuesto al trabajo, estimulando la informalidad junto con las malas legislaciones tributaria y laboral. Esto explica el nivel bajo de cobertura. 

Sucede que, en los sistemas tradicionales de reparto, cada afiliado nuevo agrava el déficit actuarial. Esto es, incrementa el faltante para cubrir las promesas a los jubilados en el futuro. Esto es así debido a que habrá menos trabajadores financiando las pensiones de cada vez más jubilados.

Súmele a esto la injerencia de los políticos, que conforme aumentan los beneficios del sistema en medio de aplausos, depredan los ya insuficientes ahorros. Por esta razón, se aumentó alegremente la cobertura y los beneficios durante la época del correísmo y recién ahora estamos viendo el impacto negativo de esas decisiones. 

Con la situación actual los empleadores perciben la contribución como parte de la carga tributaria, los empleados como un impuesto a cambio de servicios nulos, tardíos o de mala calidad. Casi nadie está contento. Y, muchos tienen el incentivo de retirar la mayor cantidad de beneficios y fondos posibles ante la percepción —justificada— de que luego se acabarán los recursos. Es un sistema de ahorro para la jubilación y la atención médica que no incentiva el ahorro.

Necesitamos migrar hacia un sistema que aliente el ahorro y elimine la injerencia de los políticos. Este sistema es aquel de las cuentas de capitalización individual.

Así como la competencia es beneficiosa en el mercado de los alimentos, la medicina, la banca, etc., también es conveniente en el mercado de las pensiones para la jubilación y los servicios de salud. Los trabajadores ecuatorianos serían mejor atendidos por un sistema que les permita elegir entre varias administradoras de fondos y sus ahorros dejarían de ser caja chica del gobierno de turno.

Evidentemente, migrar hacia este tipo de sistema carece de un consenso nacional y es poco probable que este se logre en algún momento cercano. Sin embargo, la quiebra del sistema actual es inminente. 

La directora subrogante estima que el Fondo de Pensiones se agotará en aproximadamente 5 a 7 años. Un estudio del Banco Mundial presentado en 2021 estimó que la liquidez se agotaría en apenas dos años si el gobierno dejara de aportar más de $1.000 millones al año. Este estudio estima que actualmente se requieren ocho afiliados cotizantes para financiar a un jubilado, pero solo hay cinco afiliados por cada jubilado y en 2040 solo habrá tres.

Ante la ausencia de un consenso, una posibilidad es que algún municipio, como el de Guayaquil y otros que se adhieran, exijan la competencia de la seguridad social para implementar esta reforma a nivel local o regional.

El gobierno central transferiría los activos y pasivos. Las autoridades locales podrían concesionar los servicios de salud, como ya se lo ha hecho para otros fines con resultados positivos: agua potable, carreteras, aeropuertos, etc. Los dueños de los ahorros podrían elegir dentro del sistema nuevo quién administra su fondo o continuar con el estatal. Sin duda, este es un gran reto, pero quedarnos de brazos cruzados implica riesgos muy superiores. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 12 de agosto de 2022.