La criatura proteccionista, hija de la izquierda laborista y la derecha nacionalista

El presidente Donald Trump notoriamente denominó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como “el peor acuerdo comercial alguna vez logrado”. Historia pasada. La necesidad de debatir esa aseveración se ha silenciado por el hecho de que el sucesor del TLCAN —el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)—ahora merece esa distinción.

Hay una razón por la cual ni la palabra “libre” ni la palabra “comercio” aparece en el nombre del acuerdo. No hay mucho de una mayor liberalización en el acuerdo. Nuevamente, un acuerdo buscado teniendo como principales objetivos la reducción de las importaciones y la repatriación de las cadenas de suministro nunca iba a ser un ejemplo de política comercial iluminada.

En cambio, el acuerdo refleja los objetivos compartidos por los nacionalistas económicos y la izquierda laborista del Congreso, los cuales eran fortalecer el cumplimiento de las provisiones y desalentar a las empresas de invertir y operar fábricas en México. Estos incentivos vienen en la forma de unas fortalecidas provisiones laborales y ambientales, requisitos costosos de “reglas de origen”, provisiones de caducidad heterodoxas, y la reducción de protecciones a las inversiones y a la propiedad intelectual.

Ciertamente, el libre comercio y los acuerdos de libre comercio son animales muy distintos. El libre comercio es un ideal económico y es una condición caracterizada por la ausencia de barreras comerciales. Los acuerdos de libre comercio son creaciones políticas construidas sobre la base de falacias mercantilistas y no se tratan acerca del “libre comercio” en sí. Estos acuerdos incluyen reglas que simultáneamente liberalizan, desplazan y obstaculizan los flujos del comercio, el capital, y el trabajo. La liberalización es usualmente el principio rector, pero los detalles específicos suelen limitar la liberalización. Las barreras comerciales son reducidas o eliminadas en algunas provisiones, mientras que el proteccionismo está insertado en otras.

El libre comercio se trata acerca de remover los impedimentos que benefician a algunos a cuesta de otros de tal manera que cada uno de nosotros individualmente tenga la mayor gama posible de opciones para decidir cómo utilizar de mejor manera nuestros propios recursos. Los acuerdos de libre comercio se tratan acerca del comercio dirigido y de reglas laberínticas que tienen la intención de distribuir beneficios particulares a intereses particulares.

Ningún acuerdo ilustra estas distinciones de manera tan clara como lo hace el TMEC.

Para ser justos, el TMEC si “moderniza” el TLCAN dado que incluya normas restringiendo el proteccionismo en el comercio digital, lo cual no estaba en nuestros radares en 1994 antes de que despegaran el Internet y el e-commerce. El acuerdo asegura un mejor acceso al mercado canadiense para los lecheros y productores de vinos estadounidenses. Además, casi todos los productos comercializados dentro de la región permanecerán libres de aranceles.

También hay unas cuantas mejoras (esfuerzos de contener el proteccionismo) en otras áreas del acuerdo, las cuales mis colegas Simon Lester e Inu Manak explican aquí.

Notablemente, el acuerdo no incluye provisión alguna significativa que abra el mercado estadounidense, lo cual es realmente algo sin precedente para un acuerdo comercial de EE.UU. A pesar de que los consumidores estadounidenses gastan $9,2 billones (“trillions” en inglés) en servicios en 2017, tan solo $550.000 millones (6%) lo gastaron en servicios importados. En cambio, más de un 57 por ciento de los $4,7 billones que los estadounidenses gastaron en productos en 2017 se destinó a productos importados.

Esa gran diferencia traiciona algunos mercados estadounidenses de servicios que son significativamente protegidos, algo que el TMEC no aborda para nada. En cambio, el acuerdo re-afirma las prohibiciones a la competencia extranjera en los envíos marítimos, los servicios comerciales aéreos, y el transporte en camiones. La ausencia de competencia extranjera en todas nuestras industrias de servicios de transportación —así como también en nuestras industrias de educación, salud, y servicios profesionales— sugiere que el TMEC podría haber sido mucho más liberalizador. 

El mercado estadounidense generalmente ya está abierto a la inversión extranjera, pero las restricciones a la inversión persisten en ciertas industrias, incluyendo aquella de servicios financieros, servicios de comercio aéreo, de comunicaciones y minería. El TMEC no provee algún acceso nuevo y significativo a los inversores extranjeros en EE.UU.

De igual manera, no hace nada para abrir un poco más el mercado de compras públicas de EE.UU. —estimado en $1,7 billones— a ofertas de empresas canadienses y mexicanas. Está claro que la ausencia de competencia eleva el costo de los proyectos de compras públicas y asegura que los dólares del contribuyente sean innecesariamente desperdiciados.

Pero peor aún que ausencia de liberalización es la abundancia de provisiones con la intención de elevar los costos de las inversiones en y las importaciones de México. Empecemos con las fortalecidas provisiones laborales y ambientales. La oposición a provisiones laborales y ambientales ejecutables en los acuerdos comerciales se ha fundado en preocupaciones de que la demanda de ese tipo de provisiones no están motivadas por el altruismo o las aspiraciones humanitarias, sino por deseos proteccionistas de tener acceso a herramientas que podrían impedir el comercio. La amenaza inminente de una alegación de que una fábrica mexicana violó una provisión laboral, la cual podría resultar en que esa fábrica sufra una pérdida o se le impida el acceso al mercado estadounidense, desalentaría las inversiones y retardaría la cultivación de relaciones de negocios.

Esta no es una preocupación menor. Considere que para muchas empresas de EE.UU. y de otros países occidentales que contratan en el extranjero sus manufacturas, sus activos más grandes son los nombres de sus marcas. Ellos no quieren arriesgarse a ser asociados con fábricas que participan en malas prácticas laborales o que dejan grandes huellas ambientales. Tampoco quieren estar expuestos a alegaciones de que las fábricas que están utilizando son socialmente irresponsables. Las meras alegaciones pueden perjudicar el resultado neto.

Las provisiones laborales y ambientales en el TMEC parecen estar diseñadas para ser fácilmente accesibles. La carga de la prueba ha sido revertida de tal manera que las fábricas acusadas de violaciones deben demostrar cómo es que no han violado sus compromisos o, si los han violado, cómo es que esa violación no afecta de manera significativa el comercio. Entre otras cosas, este reversión de la carga de la prueba reduce el costo para los sindicatos laborales de EE.UU. de, por ejemplo, realizar acusaciones que luego podrían derivar en restricciones del comercio. Esto hace que estas acusaciones sean más probables. Y esto, a su vez, hace que cualquier decisión por parte de las empresas estadounidenses (o de otros países) de establecer operaciones en México sea más complicada, incierta y costosa.

Lo mismo es cierto acerca de las “reglas de origen” del TMEC, específicamente respecto del comercio de autos. Bajo las normas actuales del TLCAN, para recibir un trato libre de aranceles, al menos 62,5 por ciento del costo de los autos debe provenir de trabajo, materiales y gastos generales en la región (EE.UU., Canadá y México). Los autos que no satisfacen este requisito son cobrados un arancel de 2,5 por ciento del costo total.

Bajo las nuevas reglas del TMEC, la vara es mucho más alta —75 por ciento del costo debe originarse en la región. Además, 40 por ciento de ese 75 por ciento (30 por ciento del total) debe ser realizado con trabajo que gana al menos $16 por hora. A modo de referencia, los salarios mexicanos en las líneas de ensamblaje y producción de autos promedian por debajo de los $10 por hora. Además, en virtud del TMEC, un regla adicional para calificar es que 70 por ciento del acero utilizado en el auto debe provenir de la región.

En suma, estas reglas —contrarias a la expectativa de un acuerdo comercial— alientan procesos menos eficientes de producción y prácticamente aseguran costos más altos y productos con precios más altos. Y esto, de manera perversa, podría resultar en que más productores norteamericanos trasladen la producción hacia Asia y otras partes del mundo, y a que dependan cada vez más de importaciones que provengan de afuera de la región. Pagar un arancel de 2,5 por ciento en lugar de cero aranceles con costos de producción y cumplimiento mucho más altos podría ser la alternativa que maximice las ganancias.

El TMEC también incluye una provisión heterodoxa que hace un llamado a que el acuerdo termine automáticamente, a menos que las partes acuerden de manera afirmativa continuar con el acuerdo. El acuerdo de continuar puede llegar tan temprano como el año número 6, cuando la discusión esté abierta para exponer las preocupaciones y posiblemente negociar cambios a las provisiones. Si no se logra un acuerdo, las partes atravesarán por el proceso nuevamente, anualmente, hasta el año número 16 (si es que un acuerdo de continuar no se logra para ese entonces). Si no se logra un acuerdo para el año número 16, el acuerdo se daría por terminado.

Esta provisión inyecta innecesariamente un alto nivel de incertidumbre en el acuerdo. ¿Cómo evaluarán sus costos e ingresos esperados a lo largo de un horizonte de múltiples años los inversores y empresas que podrían estar considerando una producción transnacional si, primero, los términos están sujetos a revisión y, segundo, todo el acuerdo podría expirar? Estas provisiones parecen tener la intensión de desalentar las inversiones afuera de EE.UU.

Finalmente, aunque considero que las protecciones de inversores y de la propiedad intelectual son innecesarias o al menos “demasiado proteccionistas” en los típicos acuerdos comerciales y de inversiones de EE.UU., la reducción considerable de estas protecciones también tiene la intención de elevar los costos de invertir en México vs. EE.UU. Hay riesgos mayores de invertir en el extranjero que en EE.UU., y este tipo de provisiones suelen mitigar esos costos. El embajador Lighthizer considera que estas reglas constituyen subsidios para la contratación externa, y el TMEC pareciera que fue diseñado para desaparecerla. 

Varios editoriales y artículos, recientemente, han expresado sorpresa y alegría y se han maravillado ante el hecho de que Lighthizer haya sido lo suficientemente hábil para de hecho producir un acuerdo comercial que no solo obtiene un respaldo bi-partidista, sino que también obtuvo el respaldo afirmativo de los sindicatos. Estos no han respaldado ningún acuerdo comercial significativo desde la legislación que implementó la ronda Kennedy de negociaciones del GATT en 1967, y una mayoría del Partido Demócrata no ha votado a favor de un acuerdo comercial desde la legislación que implementó la Ronda Uruguay de negociaciones del GATT en 1994. De manera que esto es, de hecho, algo muy raro.

Pero este resultado no debería ser visto a través del lente partidista tradicional. Esta no es su típica situación de los Demócratas anti-comercio vs. los Republicanos pro-comercio. Esto es la izquierda laborista y la derecha nacionalista económica, quienes están firmemente de acuerdo en torno a los resultados del comercio dirigido y a las reglas que mantienen las inversiones y todos los trabajos en EE.UU.

No fue muy difícil para Robert Lighthizer y el director de AFL-CIO (la federación estadounidense de sindicatos) Richard Trumka (a través de su representante, la presidenta del Congreso Nancy Pelosi), dos gemelos en su escepticismo acerca del comercio, ponerse de acuerdo acerca de las principales provisiones del acuerdo que tiene muy poco que ver con la liberalización del comercio, pero mucho que ver con el cumplimiento, la protección y otros incentivos dirigidos a silenciar un imaginario “gigantesco sonido de aspiradora”.

Debería haber pocas dudas de que el TMEC obtendrá la aprobación del Congreso. Los Demócratas están embarcados. Mientras que el viejo Partido Republicano se hubiera opuesto a este acuerdo, el Partido Republicano de Trump no se opondrá. La única pregunta que queda sin respuesta es cuando lo aprobarán.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Cato at Liberty (EE.UU.) el 13 de diciembre de 2019.