La comunidad de privados que protegió la vicuña

La efectividad de una política ambiental depende en gran medida de cómo esta regla formal interactúa y armoniza con las instituciones informales, las costumbres y las tradiciones locales. Si ambos lineamientos trabajan de la mano el objetivo de esta política tendrá más posibilidades de ser alcanzado. En el Perú esta armonía se evidenció en la experiencia de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille (RNPGBA).

Al respecto, el último 18 de mayo esta Reserva Nacional ubicada en la provincia de Lucanas (Ayacucho), que tiene como objetivo proteger a la especie de fauna vicuña y promover el desarrollo comunal mediante el manejo sostenible de esta especie, celebró 50 años desde su creación en el año 1967. La razón de su éxito en la protección de una especie que ese entonces se encontraba en peligro de extinción es la confluencia de aspectos claves como el respeto por las instituciones locales, la implementación de políticas públicas que fomentaron la función empresarial y la definición clara derechos de propiedad.

Sobre el respeto a las instituciones locales, la RNPGBA rescató y promovió el “Chaccu” una costumbre practicada por la Comunidad Campesina de Lucanas desde hace muchos años y que consiste en formar un gran cerco humano para arriar y capturar a la vicuña que se encuentra dispersa y silvestre en amplios terrenos entre los 3900 a 4800 msnm (metros sobre el nivel del mar) y de esta manera solo obtener su valioso pelaje más no matarla.

Continuar con el “Chaccu” fue respetar un sistema de gestión sostenible de la especie que ya se venía practicando desde la época de los Incas. Como indica el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, en el Incanato se tenía especial cuidado por la vicuña, por orden expresa del Inca solo se podía cazar esta especie bajo el Chaccu o de lo contrario la vicuña solo podía morir bajo las fauces de los zorros o pumas.

En lo que respecta a las políticas públicas que fomentaron la función empresarial, en el año 1991 se emitió la Ley de Promoción Agraria, la cual detalló en el artículo 61 que la custodia y usufructo de la vicuña estaba en manos de las comunidades campesinas, personas naturales y jurídicas en cuyos territorios se encuentre la especie. Esto permitió a la comunidad campesina de Lucanas fortalecer sus derechos de propiedad y beneficiarse directamente de la producción de fibra de vicuña que se encontraba en la reserva y en sus territorios privados.  

Desde ese entonces, la seguridad y el incentivo que tenía cada comunero para proteger y cuidar esta especie silvestre fue la base para trabajar durante varios años de manera coordinada con el Estado y alcanzar logros claves como la autorización para iniciar la producción industrial de fibra y su consecuente comercialización internacional por parte de la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Los comuneros recuerdan esta etapa de trabajo y logros iniciales como la “Comunidad de privados”.

Hoy en día gracias al trabajo de esta comunidad y las políticas ambientales que fortalecieron los derechos de propiedad de estos comuneros, en el Perú la población de vicuña paso de 5.000 a 200.000 ejemplares y su pelaje es considerado como el mejor cotizado en el mercado internacional. Este caso nos demuestra que cuando una política ambiental reconoce la institucionalidad local, promueve el emprendimiento y sobre todo define derechos de propiedad, los individuos tienen los incentivos y la seguridad para conservar el medio ambiente y proteger una especie silvestre en peligro de extinción.