Kyle Rittenhouse y el derecho a un juicio

Lo más notable acerca del caso de Kyle Rittenhouse es que hubo un juicio para empezar. 

La gran mayoría de acusaciones en nuestro sistema no se resuelven mediante un juicio sino en cambio por un proceso impredecible y muchas veces coercitivo al que llamamos eufemísticamente como “negociación de clemencia”. Por la manera en que sucedió, sin embargo, el caso de Rittenhouse ilustra de manera importante nuestra decisión de generalmente reemplazar la negociación de clemencia por los juicios mediante un jurado que están constitucionalmente prescritos, en un desafío abierto a la decisión deliberada y muy sabia de nuestros Padres Fundadores de hacer que la participación ciudadana sea integral a la administración de la justicia criminal. La lección aquí es clara: podemos estar seguros de que otras acusaciones colapsarían tan espectacularmente como la de Rittenhouse si controlaremos la capacidad del estado de tramitar casos débiles con clemencias forzadas. 

Rittenhouse fue acusado de múltiples cargos de homicidio intencional e imprudente derivados de tres disparos distintos en la noche del 25 de agosto de 2020 en Kenosha, Wisconsin. Nadie cuestionar que él disparó y mató a dos hombres, Joseph Rosenbaum y Anthony Huber, y que hirió a un tercero, Gage Grosskreutz. La pregunta es por qué Rittenhouse disparó esas balas y si su creencia afirmada de que estaba actuando en defensa propia en ese momento es tanto sincera como razonable. 

Como suele suceder, la acusación y la defensa suelen tener narrativas marcadamente distintas acerca de los eventos en cuestión. Según la versión de la acusación, el joven de 17 años Kyle Rittenhouse era un aspirante a policía irresponsable o un vigilante sediento de sangre que fue a buscar problemas con una pistola y los encontró. La defensa, en cambio, buscó presentar a Rittenhouse como un ciudadano modelo que se armó en reacción a los pedidos de los dueños de los negocios locales para ayudar a proteger su propiedad de los saqueadores y pasó la primera parte de la noche ayudando a apagar incendios y prestando asistencia médica a los manifestantes y transeúntes. 

Aunque la evidencia provee algo de respaldo para ambas versiones, es seguro decir que a los argumentos de la acusación les fue peor en el juicio, con una de las supuestas “víctimas”, Grosskreutz, admitiendo en la corte que él apuntó una pistola contra Rittenhouse, mientras que otros testigos corroboraron el testimonio de Rittenhouse de que los dos difuntos, Rosenbaum y Huber, estaban atacándolo físicamente cuando él les disparó. 

Aún así, cualquier falta de claridad es un recordatorio útil de que en nuestro sistema, las situaciones confusas se fallan a favor de la defensa, no de la parte acusatoria. Esto está reflejado en el aforismo que sostiene que es mejor permitir que10 hombres culpables queden en libertad a que un inocente sea condenado. Logramos esta preferencia firme a favor de las absoluciones equivocadas por sobre las condenas equivocadas al imponer cargas considerablemente asimétricas sobre la parte acusatoria tales como la prueba más allá de una duda razonable, la unanimidad de un jurado, y la norma de no ser juzgado dos veces por la misma causa. Por lo tanto, si hay una verdadera incertidumbre acerca de la veracidad de un testigo clave, la pertinencia de determinado estatuto, o si la defensa actuó en defensa propia, luego este podría quedar en libertad.

A lo largo de la historia, no obstante, actores del gobierno siempre han buscado evadir los límites a su poder, y eso incluye su poder de obtener convicciones criminales. Aquí en EE.UU., los fiscales han descubierto una herramienta formidable con la que pueden obviar prácticamente toda la Carta de Derechos: la negociación coercitiva de clemencia. 

Imagínese que usted es un fiscal cuyo caso tiene serias debilidades, como era la situación de la fiscalía en el caso de Rittenhouse. Quizás su teoría del caso no cuadra con la evidencia física, o su testigo estrella carece de credibilidad, o quizás las drogas en cuestión eran producto de una búsqueda inconstitucional, y usted está preocupado de que serán excluidas como la fruta de una árbol envenenado. Todos esos problemas desaparecen si tan solo puede lograr que la defensa dispense de su derecho constitucional a un juicio y en cambio se declare culpable. A diferencia de Kyle Rittenhouse, eso es precisamente lo que la gran mayoría de acusados de delitos hacen. En el sistema federal, por ejemplo, 97,8% de las convicciones criminales son obtenidas mediante declaraciones de culpabilidad, y solo 2% de los casos van a un juicio. Parece que incluso un porcentaje menos de casos van a un juicio a nivel de los estados. 

En un sistema que provee tantas protecciones y ventajas a la defensa como el nuestro, esos números son profundamente sospechosos. ¿Qué cosa podría llevar a tantas personas a intercambiar la posibilidad de ser absueltos y quedar libres si ejercieran su derecho a un juicio por la certidumbre de una convicción y un castigo si se declarasen culpables? La respuesta es presión, mucha presión. 

Los fiscales y jueces mantienen la ficción educada de que la clemencia negociada sigue siendo libre de coerción, pero esto se puede demostrar que es falso: las personas inocentes regularmente se declaran culpables por crímenes que no cometieron. De hecho, más de 10% de las personas exoneradas por el Innocence Project utilizando evidencia de ADN se habían declarado culpables falsamente, así como también lo hicieron más de un 15% de aquellos incluidos en el Registro Nacional de Exoneraciones. Esto es difícilmente sorprendente considerando el creciente cuerpo de investigaciones académicas que muestran cuán fácilmente se ha vuelto inducir a las personas inocentes a confesar cosas que no hicieron.

La gama de herramientas disponibles a los fiscales modernos para inducir declaraciones de culpabilidad es difícilmente distinguible en su efecto coercitivo de aquellas empuñadas por sus contrapartes medievales en Europa. La coerción física en tiempos medievales equivalía a la tortura sancionada por el poder judicial para obtener confesiones; en nuestro sistema, la coerción física incluye el encierro antes del juicio en un escape al infierno como la Isla Rikers. Pero muchas de las herramientas no son físicas, un hecho que no disminuye su eficacia. Estas incluyen la exposición dramáticamente aumentada de un acusado al castigo mediante el abultamiento de cargos, la notoria penalidad de juicio representada por la brecha entre la sentencia ofrecida durante la negociación de clemencia y la sentencia a la que se enfrenta el acusado después de un juicio con jurado, e incluso amenazando con la acusación (o promesa de no acusar) a los seres queridos del acusado simplemente para ejercer presión —una táctica de forcejeo que los fiscales utilizan con frecuencia y que múltiples cortes de apelaciones han aprobado de manera explícita. 

A pesar de la evidencia abrumadora de la coerción en el proceso de negociación de clemencia, el sistema no hace ningún esfuerzo serio de combatirla. En cambio, las cortes tienen “coloquios de clemencia” al estilo Kabuki en los que la jueza distrital jubilada Nancy Gertner memorablemente describió su papel de esta manera: “‘¿Alguien le ha obligado a declarase culpable’, le preguntaría [al acusado], y yo sentía como que debía agregar, ‘¿con aplastpulgares o tortura con agua? Cualquier cosa menos que eso —una amenaza de triplicar su sentencia si va a un juicio, por ejemplo— no cuenta’”.

La buena noticia es que solo porque no nos preocupamos de proteger en contra de la coerción en la negociación de clemencia no significa que seamos incapaces. Al contrario, hay muchas reformas que podríamos implementar inmediatamente si tuviésemos la voluntad de superar la firme preferencia del sistema por la eficiencia sobre el debido proceso. Ya he discutido en estas páginas la idea de crear una “unidad de integridad de clemencia” que revisaría los acuerdos de clemencia propuestos de manera que un equipo nuevo de fiscales lo hizo en al caso de Michael Flynn antes de concluir que las afirmaciones falsas de cargos en su contra carecían de fundamento. Otras posibles reformas incluyen la creación de un proceso de auditoría que seleccionaría aleatoriamente cierto porcentaje de casos para que vayan a un juicio, luego de haberse logrado un acuerdo de clemencia para poder ver cuál hubiese sido el resultado, proveyendo la información de sentencia a los jurados para que sepan qué es lo que está en juego para el acusado si ellos lo condenan, y proveyendo para la inhabilitación de cualquier fiscal que celebre un acuerdo de clemencia con un acusado que luego es exonerado. 

Esta última idea merece ser discutida a fondo, tanto por cuán eficaz sería y porque podría parecerle a algunos extrema. De hecho, no es extrema, y los miembros de otras vocaciones de alta responsabilidad frecuentemente se exponen a un riesgo personal y profesional significativo durante el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, los leñadores, pescadores y pilotos tienen tres de los trabajos más mortales en EE.UU.; los capitanes navales pueden ser llamados a una corte por la perdida de su barco; los atletas profesionales arriesgan literalmente su piel en el juego. Además, cualquiera que está dispuesto a volar comercialmente pero no con un piloto de zonas remotas en Alaska comprende la diferencia entre certeza y no mucha certeza. Una fiscal que se niega a arriesgar su carrera por cualquier oferta de acuerdo de clemencia está hablándonos claramente. Tal vez deberíamos escuchar. 

Por supuesto, es cierto que habrán más juicios si implementamos reformas que los hacen relativamente más atractivos para la defensa y si hacemos que los acuerdos de clemencia sean menos atractivos para los fiscales. Pero eso es algo bueno. Tener más juicios obligará a los fiscales a ser mas realistas al evaluar la solidez de sus casos y a ser más selectivos acerca de qué casos seguir. ¿Será más costos proveer para más juicios con jurado? Sin duda. Pero si no estamos dispuestos a incurrir en el costo de un juicio, esa parece ser una buena señal de que la conducta en cuestión no merece el encarcelamiento. Los juicios criminales con jurado por lo tanto proveen un límite constitucional a nuestro instinto en contra del encarcelamiento masivo. 

Los conservadores se jactan de su compromiso con el textualismo y el originalísimo, y deberían hacerlo. Hablando del texto, la Carta de Derechos gasta más palabras en los juicios con jurado que cualquier otro tema, y es el único derecho mencionado en la Carta de Derechos y en el cuerpo de la Constitución. En cambio, no hay ni una sola palabra acerca de los acuerdos de clemencia en la Constitución, y por una buena razón —los Padres Fundadores entendieron perfectamente bien qué tarea sucia es para los agentes del gobierno provocar confesiones, y ellos no hubiesen tenido la ilusión acerca de la imposibilidad de vigilar la línea entre las provocaciones permisibles y la coerción inconstitucional. 

Thomas Jefferson le dijo a Thomas Paine que “Considero que el juicio con jurado es la única ancla alguna vez imaginada por el hombre, mediante la cual el gobierno puede ser llamado a respetar los principios de su constitución”. Tenía razón acerca de esto. Así como también la tenía Rittenhouse.

Este artículo fue publicado originalmente en Washington Examiner (EE.UU.) el 19 de noviembre de 2021.