Impuestos, regalías y renta minera

El objetivo principal de la reforma tributaria para la cual el Gobierno ha pedido facultades legislativas al Congreso es, para decirlo con sus propias palabras, capturar un mayor porcentaje de la renta minera. El Gobierno parte de la premisa, supuestamente avalada por un informe del Fondo Monetario Internacional que no se ha hecho público, de que “hay espacio” para cobrar más impuestos a la minería. La política tributaria, sin embargo, no debe regirse por los “espacios” que podamos encontrar aquí o allá porque, de esa manera, terminaríamos con un cúmulo de impuestos hechos a la medida de cada sector. La política tributaria debe regirse por el principio de neutralidad, procurando no distorsionar el cálculo económico que guía a los inversionistas hacia aquellos sectores donde vale la pena invertir.

La pregunta que debe hacerse el Gobierno no es si la minería peruana, bajo ciertas reglas tributarias, es competitiva con la minería de otros países. La pregunta es si, dentro del Perú, la minería, con esas reglas, es competitiva con otras actividades económicas adonde podría fluir la inversión. Actualmente no lo es. Aparte del impuesto a la renta que pagan todas las empresas, desde el 2011 las compañías mineras pagan un impuesto o gravamen especial a la minería, según sea el caso, que es un porcentaje variable de sus utilidades operativas. Esta desventaja relativa frente a otros sectores no quiere decir que la inversión minera vaya a desaparecer, sino que solamente se explotará las minas o vetas que puedan soportar una mayor carga tributaria. El mineral de aquellas que no puedan soportarla se quedará bajo tierra.

Si queremos aumentar la producción minera y crear más riqueza para el país, no deberíamos subir las tasas del impuesto y del gravamen especiales a la minería, que es lo que pretende hacer el Gobierno, sino eliminarlos. Eso no significa que el estado renuncie a compartir los beneficios de una bonanza minera como la que hoy estamos viviendo, pues tanto el impuesto a la renta como las regalías mineras, que no son un impuesto, sino un pago por el recurso, suben cuando suben los precios de los minerales. La recaudación del impuesto a la renta sube porque es un impuesto proporcional a las utilidades de las compañías mineras, y las utilidades suben cuando suben los precios. Las regalías también generan más ingresos para el estado porque, por razones que podríamos considerar razones de mercado, son también proporcionales a las utilidades (o, para ser exactos, a las utilidades operativas).

Las regalías son justamente el ducto para la captura de la renta minera de la que tanto le gusta hablar al Gobierno. Ésa es su función, en el Perú y en el resto del mundo. El mineral que está en el subsuelo es un recurso valioso que pertenece al propietario del yacimiento. La regalía es un pago por el derecho de sacarlo a la superficie. Generalmente es un pago variable. Puede variar en función de los precios de los metales; pero, habida cuenta de que los costos de extraer y procesar los minerales varían de un yacimiento a otro, no es inusual que las regalías dependan del margen de utilidad. Obviamente, los operadores están dispuestos a pagar más por el derecho a explotar una mina de bajo costo.

Afortunada o desafortunadamente, los términos de las regalías están regulados por las condiciones del mercado de recursos minerales. Nadie pagará más por el acceso a un yacimiento de determinadas características si hay otros similares en otros países que cobran menos regalías. Si el Gobierno hiciera algo por reducir la inseguridad y la incertidumbre que afectan a las operaciones mineras, seguramente podría cobrar regalías más altas sin ahuyentar la inversión.