Igualdad en el matrimonio para todas las parejas

John D. Podesta es fundador y presidente del Center for American Progress.

Casi un siglo después de la ratificación de la XIV enmienda de la Constitución de EE.UU. en 1868, la Corte Suprema de Justicia afirmó de manera unánime que “el matrimonio es uno de los ‘derechos civiles básicos del hombre’”. Ese caso de 1967, Loving vs. Virginia, acabó con la prohibición sobre los matrimonios interraciales en los 16 estados que todavía tenían dichas leyes.

Hoy, 43 años después de Loving, los tribunales están una vez más lidiando con la denegación de la igualdad de derechos al matrimonio —esta vez el de las parejas homosexuales. Creemos que una sociedad respetuosa de la libertad individual debe acabar con el trato desigual ante la ley.

Con dicho fin hemos aceptado codirigir la junta de consejeros de la American Foundation for Equal Rights. Esta fundación ayudó a presentar el caso Perry vs. Schwarzenegger que se encuentra actualmente en un tribunal de distrito federal en California, pero que probablemente llegará hasta la Corte Suprema de EE.UU. a través del proceso de apelaciones.

El caso Perry se suscitó por dos parejas cuyas relaciones estaban caracterizadas por el tipo de amor, compromiso y respeto que conduce naturalmente al matrimonio. Kris Perry y Sandy Stier y sus cuatro niños, y Paul Katami y Jeff Zarrillo, no piden ni más ni menos derechos que los reconocidos al resto de los ciudadanos estadounidenses. Pero se les prohíbe obtener licencias de matrimonio en virtud de la Proposición 8 del estado de California.

El equipo legal de los demandantes, encabezado por los anteriores antagonistas en el caso Bush vs. Gore, Theodore Olson y David Boies, ha demostrado que no existe una buena razón para negarles derechos civiles fundamentales bajo la Proposición 8. Nosotros respaldamos esa posición.

Aunque ambos ejercemos, respectivamente, como presidente de un centro de investigaciones progresista sin fines de lucro y como presidente de la junta directiva de otro instituto libertario, no estamos integrándonos a la junta de consejeros de la fundación con el fin de presentar un frente “bipartidista”. En cambio, nos hemos integrado de una manera no partidista, ya que el principio de la igualdad ante la ley trasciende la división de derecha e izquierda y se halla en el corazón del carácter de nuestra nación. Esto no se trata de política, sino de un derecho indispensable que tienen todos los estadounidenses.

A lo largo de más de dos siglos, las minorías en EE.UU. han ampliado de forma gradual su libertad y han estado sujetas a menos leyes discriminatorias. Pero ese proceso se desarrolló con gran dificultad.

Conforme el país evolucionó, el significado de una pequeña palabra —“todos”— también evolucionó. Los Fundadores de nuestra nación reafirmaron en la Declaración de la Independencia la verdad evidente en sí misma de que “todos los hombres son creados iguales” y nuestro Compromiso de Lealtad concluye con las simples y claras palabras “libertad y justicia para todos”. Aún así, hemos tenido que luchar arduamente desde nuestra independencia, muchas veces a través de los tribunales, para garantizar que la libertad y la justicia verdaderamente estén al alcance de todos los estadounidenses.

Gracias al genio de nuestros Fundadores, quienes dividieron el poder entre tres ramas del gobierno, nuestros tribunales han sido capaces de tomar el liderazgo —haciendo respetar la protección igualitaria, tal como lo establece la Constitución— aún cuando las ramas ejecutiva y legislativa, y muchas veces el público también, no tuvieron la voluntad de confrontar la indebida discriminación.

De hecho, la Corte Suprema emitió su fallo de Loving ante una amplia oposición. Una encuesta llevada a cabo por Gallup meses antes del fallo mostró que el 74 por ciento del público estadounidense “desaprobaba” el matrimonio interracial. Aún así, la corte vindicó aquellas garantías constitucionales a las que todo estadounidense tiene derecho. Ahora que miramos atrás, el fallo de Loving es admirado como un ejemplo de lo mejor en la jurisprudencia estadounidense.

En cuanto a la opinión pública, los tribunales que están tratando con la igualdad en el matrimonio tienen una cuesta mucho menos empinada que escalar. La oposición al matrimonio homosexual palidece frente a la intensa hostilidad que enfrentó la Corte Suprema antes de su fallo en el caso Loving. Una encuesta del Washington Post en febrero pasado señala que el 47 por ciento de los encuestados respaldan al matrimonio homosexual (un aumento en relación al 37 por ciento que respaldaba la misma posición en 2003). La encuesta del Post también mostró que mientras más joven es un individuo, más probable es que favorezca la igualdad en el matrimonio, sin importar su afiliación política. Entre los individuos de 18 y 29 años, alrededor de un 65 por ciento respalda la igualdad en el matrimonio.

Nuestra historia pronto será escrita por personas jóvenes que están tomando las riendas de la generación de los baby boomers. Ellos parecen estar preparados para deshacerse de aquellas leyes que no sirven otro propósito más que negarles a dos individuos comprometidos y que se aman el derecho a unirse en una relación marital mutuamente fortalecedora.

El fallo en el caso Perry depende, por supuesto, de valores mucho más permanentes e importantes que los resultados de las encuestas. Están en juego nada menos que los derechos constitucionales de millones de estadounidenses. Pero el público parece estar poniéndose al día con la Constitución. Tan solo un poco más de liderazgo por parte de los tribunales sería la prescripción perfecta para una sociedad libre.

Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Post (EE.UU.) el 8 de junio de 2010.