Historia del sector eléctrico

El sistema nacional de electricidad adolece desde hace décadas de dos problemas de fondo: politización y centralización. No siempre fue así. Aprendamos un poco de nuestra historia.

En 1925 se constituyó en Maine, Estados Unidos, la Empresa Eléctrica del Ecuador –Emelec S.A.—que es probablemente la concesión más importante celebrada por el Municipio de Guayaquil en su historia. El contrato contemplaba la generación y distribución de electricidad a la ciudad de Guayaquil por un periodo de 60 años (1925-1985). Fue gracias a esa concesión que Guayaquil en ese entonces llegó a ser la primera ciudad del país con un sistema eléctrico confiable. En ese entonces, la electrificación se desarrolló de manera descentralizada, habiéndose en el año 1940 adjudicado a los municipios la responsabilidad del servicio eléctrico. 

Esto no era raro, de hecho, la electricidad, que llegó por primera vez a las ciudades latinoamericanas hacia fines de los 1800s, llegó gracias a inversores y empresas extranjeras. Rolf Sternberg indica en su estudio que esta tendencia se revirtió, cuando sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso la moda del nacionalismo económico y se estatizaron muchas de estas operaciones alrededor de la región. Antes de que eso sucediera, los proveedores extranjeros se percataron con cada vez mayor nerviosismo de lo que se venía y redujeron considerablemente sus inversiones, por ejemplo, entre 1947 y 1965 la empresa Brazilian Tradition, Light and Power Co. redujo su inversión de capital de 51,5% de sus ingresos totales a 12,1%.

En Ecuador, Emelec fue sometida al mismo intervencionismo estatal. En 1966, se empezó a desvirtuar el arreglo cuando la dictadura militar presidida por el General Castro Jijón le concedió una garantía de rentabilidad de 9,5% a Emelec a cambio de que esta construya una hidroeléctrica. Posteriormente, en la dictadura militar del General Guillermo Rodríguez Lara, se promulgó la Ley Básica de Electrificación de 1973 mediante la cual se cristalizó la visión estatista y centralista del mercado eléctrico. Pero como la concesión de Guayaquil con Emelec seguía vigente y aparentemente funcionaba bien, se incluyó en esa ley una disposición transitoria que le permitió seguir funcionando hasta que termine el periodo de la concesión iniciada en 1925. 

Pero desde allí todo empezó a andar mal. Emelec se veía obligada a comprarle el diésel al monopolio de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) para generar la energía que producía. Por otra parte, a Inecel tenía que comprarle la energía que le faltaba para abastecer la distribución en Guayaquil y la misma entidad le fijaba la tarifa que podía cobrar a los usuarios. La empresa terminó siendo absorbida por el Estado luego de un largo litigio. 

Hoy, somos unos de los pocos países en el mundo donde la generación de energía está casi totalmente en manos del Estado. La Constitución desalienta la participación privada en el mercado eléctrico, siendo esta relegada a una “excepción” (Artículo 316) y sometida a la fijación de precios y creación de regulaciones por parte de los políticos de turno. 

Estando las cosas así, no debería sorprendernos que en el año 2024 sigamos dependiendo de la lluvia para obtener un servicio tan básico como la luz. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 27 de septiembre de 2024.