Guayaquil y el federalismo
Gabriela Calderón de Burgos dice que la violencia que Ecuador vivió durante los últimos días evidencia una fractura entre las diversas regiones del país, algo que caracteriza la historia del país y una razón por la cual convendría realizar reformas que lo desplacen hacia un modelo federal de gobierno.
Por Gabriela Calderón de Burgos
La violencia que presenciamos en los últimos días evidencia una fractura. Mientras en la Sierra Quito y Cuenca parecían zonas de guerra, en Guayaquil los saqueos se controlaron en dos días y no hubo violencia política. Parecíamos estar en otro país. Pero esto es algo característico de la historia del Ecuador y por esta razón cuando se conformó la República, nuestros padres fundadores consideraron adecuado un modelo de gobierno federal.
Esta tradición federalista volvió a afirmarse luego de la revolución del 6 de marzo de 1845. Nuevamente, con la revolución de 1860 en Loja, que se proclamó como una provincia federal sin dejar de ser parte del Ecuador e incluso defendió el territorio nacional de incursiones peruanas.
Bajo otra bandera, la “autonomía”, Guayaquil lideró en los noventa un proceso limitado de devolución de competencias hacia el municipio. Guayaquil cambió radicalmente. De ser una de las ciudades abandonadas del país, hoy 96% de la población del cantón tiene acceso al agua potable, hay numerosos espacios públicos de entretenimiento y un incremento importante del alumbrado público y calles asfaltadas en nuevos asentamientos urbanos de la ciudad.
Por esta razón Guayaquil debe retomar su liderazgo en procesos que nos conduzcan hacia un federalismo. Como modelo deberíamos tener la Confederación Suiza, donde realmente rige el principio de la subsidiaridad: “nada que puede hacerse a un nivel político inferior debería hacerse en un nivel político superior”. El gobierno central eventualmente se quedaría con las competencias de seguridad externa, comercio internacional, cancillería, un fondo para desastres naturales, y pocas cosas más enumeradas en la constitución.
No es necesario para llegar a eso esperar a estar de acuerdo todos o lanzarnos a una nueva aventura constituyente. Guayaquil podría liderar una segunda ola de descentralización demandando competencias que no sean exclusivas del gobierno central como, por ejemplo, la regulación laboral. Adicionalmente, debe pedir la competencia sobre sus puertos, aeropuertos y vías de acceso. Tampoco hay razón por la que no convendría municipalizar educación, salud, seguridad social y energía.
Esto crearía en nuestro país un laboratorio de experimentos que le daría a los ecuatorianos un abanico de opciones entre las cuales serían libres de elegir, votando con los pies. Algunos cantones mercantilistas u otros socialistas del siglo XXI podrán decidir subsidiar lo que distintos grupos de presión exijan y sacarle los impuestos correspondientes a quienes queden dentro de su jurisdicción. Pero estos abusos, que se pueden dar, se verán limitados por la opción de salida que tendrán las personas.
Para demandar competencias que actualmente son consideradas como exclusivas del gobierno central bien podría proponerse una consulta popular para aprobar o rechazar cambios en la redacción de dos o tres artículos en la sección de la Constitución que concierne el “Régimen de competencias”. Algunos grupos podrán cuestionar la constitucionalidad de dicha reforma y correspondería a la Corte Constitucional responder a estos cuestionamientos y decidir si permite que se cree una ventana por la cual distintas regiones del país podrían introducir la libertad para buscar sus propias soluciones.
Esta es una forma de inyectarle competencia y responsabilidad al sistema político del Ecuador y de reducir la escala de la corrupción.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 17 de octubre de 2019.