Gobernar sin apoyo de la Asamblea

En una democracia liberal es normal tener un gobierno dividido: el ejecutivo de un partido y la Asamblea dominada por otros. El sistema está diseñado para que existan pesos y contrapesos, de tal manera que las diversas fuerzas políticas se vean obligadas a negociar entre sí. Desde una visión idealista de la política, esas negociaciones serán pulcras y transparentes, pero esa visión pronto nos llevaría a una decepción. La visión realista es que los políticos obedecen principalmente a sus intereses particulares y a su deseo de permanecer en el poder. 

Tampoco es esta una visión que debería llevarnos al pesimismo y cinismo. Puede suceder que se den cambios positivos para el país producto de que los políticos actúen en busca de su beneficio particular, así como también puede suceder que otros que actúan desinteresadamente terminan perjudicando al país. Esto tiene que ver con el fenómeno de las consecuencias no intencionadas.

El gobierno lleva meses lamentando una falta de apoyo en la Asamblea para las reformas que desea emprender. Pero como mencionamos en este espacio hace exactamente un año, uno de los legados del correísmo es la Constitución hiper-presidencialista de Montecristi, la cual dejó concentrados en el Ejecutivo amplios poderes. 

Por ejemplo, el Presidente, en virtud del Artículo 303, tiene el manejo exclusivo de la política monetaria, crediticia y financiera. Estos poderes podrían ser utilizados para aliviar significativamente la represión financiera que adolece al sistema bancario sin necesidad de cambiar la legislación vigente.

El presidente ha atinado dándole prioridad la apertura comercial, pudiendo el ejecutivo avanzar gran parte del camino sin respaldo en la Asamblea. El Artículo 305 de la Constitución establece que “La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función Ejecutiva”. Entonces, sin necesidad de esperar a que concluyan las negociaciones para lograr acuerdos comerciales con los gobiernos de otros países y sin tener que esperar a lograr una ratificación por una mayoría de la Asamblea, el gobierno podría anunciar una política de reducción unilateral y general de aranceles, imitando la exitosa política de liberalización comercial que emprendieron décadas atrás Chile y Perú. Para empezar, puede reducir a un nivel mínimo el ICE e ISD. De manera simultánea, puede bajar el gasto.

También está en manos del gobierno eliminar decenas de reglamentos de las normas INEN que, escudándose en la pantomima de buscar garantizarle seguridad y calidad a los consumidores, terminan perjudicando sus bolsillos.

El gobierno podría simplificar un sinnúmero de regulaciones sin necesidad de modificar las leyes vigentes valiéndose del poder que tiene el Ejecutivo (Art. 147) para expedir, modificar o dejar sin efecto los reglamentos que permiten implementar la legislación.

El gobierno también puede decidir no intervenir donde las leyes vigentes lo facultan para hacerlo, resultando así en una liberalización de facto de sectores importantes como el bancario. 

Finalmente, para todo lo que no haya un consenso nacional el gobierno puede descentralizar competencias —donde la constitución no lo impida— a través de los municipios, para que estos implementen reformas según las preferencias locales.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 1 de abril de 2022.