Futuro minero

Una de las grandes paradojas de nuestro país es que está ubicado encima de billones de dólares, pero, sin embargo, su población carece de las cosas más básicas. Nuestros niños sufren de desnutrición infantil, nuestros jóvenes no tienen oportunidades de trabajo y la red de seguro social es deficitaria. A eso hay que añadir que el Estado no está en posición de garantizar la energía eléctrica a sus ciudadanos.

Hace muchos años que se sabe que Ecuador es un país rico en cobre, en plata y en oro. Pero, debido a políticas públicas equivocadas y a un marco normativo absurdo, nuestro país no ha podido beneficiarse de sus propios recursos minerales para solucionar los problemas de su población.

Hay dos grandes formas de abordar la explotación minera. Según la primera, típica de los países anglosajones, la propiedad de los minerales corresponde al dueño del terreno en el que se encuentran. Acorde a la segunda, propia del resto de países como el Ecuador, la propiedad de los minerales es del Estado.

El detalle viene al momento de la exploración y la explotación. Países como Ecuador quieren que los beneficios de los minerales sean de propiedad del Estado. Pero, por otra parte, los gobiernos de esos países no tienen ni el capital ni la tecnología que se necesita para descubrir yacimientos mineros y explotarlos. Y es en ese contexto que nace la necesidad de invocar la inversión privada.

La inversión privada en materia de exploración y explotación minera es muy peculiar. El descubrimiento de una mina de cobre, de plata o de oro puede tardar años, y supone aportar millones y millones de dólares sin tener la certeza de que se vaya a encontrar un yacimiento minero de valor. Una vez que se lo encuentra, generalmente después de varios intentos, entonces hay que realizar otros millonarios aportes para poder explotar la mina. Y los beneficios de las ventas sólo se podrán ver dentro de varios años luego del inicio de la explotación.

Esta dinámica crea un escenario peligroso para el inversionista. El Estado puede hacerle promesas. Puede decirle que, si decide hacer inversiones, luego puede beneficiarse con una parte de la explotación de esos yacimientos. Una vez que el inversionista ya ha hecho sus inversiones y haya descubierto minerales, el Estado puede aprovecharse. Puede tratar de cambiar los términos del acuerdo después de la exploración, pero antes de la explotación, sabiendo que el inversionista ya ha puesto su dinero y no ha recibido nada a cambio. El problema es que, si el inversionista sospecha que el Estado va a comportarse de esa forma, no hace ninguna inversión y el país se queda, como le ha ocurrido a Ecuador, sin explotar sus recursos minerales.

Por eso, las leyes deben garantizar a los inversionistas que los acuerdos se van a cumplir. Hay varias vías para hacerlo: contratos con cláusulas de estabilización, tratados de protección de inversiones o sometimiento a arbitraje internacional. Si Ecuador ha de tener un futuro minero, debe empezar por tener un presente de seguridad jurídica.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 20 de noviembre de 2024.