Franja de precios o franja electoral

El presidente Castillo ha anunciado que en las próximas semanas el Gobierno va a revisar la franja de precios, poniendo aparentemente en marcha la Segunda Reforma Agraria. La franja de precios es un sistema de sobretasas arancelarias que se aplica desde 1991 para estabilizar los precios de importación del arroz, el azúcar, el maíz y la leche. El sistema consiste en fijar para cada uno de estos productos un precio mínimo y un precio máximo, en base a sus recientes cotizaciones internacionales. Las sobretasas se ajustan hacia arriba o hacia abajo para mantener el precio de importación dentro de esa franja. La idea es proteger al agricultor o ganadero nacional cuando el precio internacional es muy bajo y al consumidor cuando es muy alto. 

¿Qué quiere decir que se vaya a “revisar” la franja? Lo más probable es que se eleve los precios mínimos para aumentar la protección arancelaria a los agricultores y ganaderos que compiten con los productos importados. La revisión podría consistir en subir o eliminar los topes a las sobretasas que existen actualmente. La suma de la tasa arancelaria ordinaria y la sobretasa no puede exceder el 15% del precio internacional del producto (incluyendo fletes y seguros). 

El efecto práctico es el siguiente. El arroz, digamos, no puede entrar al país a un precio inferior a 612 dólares por tonelada. Hoy, que se cotiza a 580, paga, entre tasa y sobretasa, 32 dólares por tonelada para llegar a los 612. Pero si su cotización bajara a 500, no podría pagar más de 75, que vendría a ser el 15% del precio internacional; y entraría al país a 575 dólares por tonelada. Los agricultores locales tendrían que bajar su precio en 37 dólares, de 612 a 575, para poder competir con el arroz importado. Los consumidores estaríamos felices, pero una revisión de la franja de precios podría borrarnos la sonrisa de la cara. 

Supongamos que el Gobierno decidiera eliminar el tope. Al precio de 500 habría que sumarle 112, entre tasa y sobretasa, para llegar, otra vez, a los 612. Supongamos que no elimina el tope, sino que lo sube del 15% al 20% del precio internacional. Al precio de 500 se le puede sumar ahora 100, y llegamos a 600 dólares por tonelada. En ambos casos, gana el agricultor y pierde el consumidor. 

La transferencia de recursos del bolsillo del consumidor al bolsillo del productor es consustancial a toda medida proteccionista. Rara vez, por no decir nunca, se admite que ése es el objetivo. Un objetivo intermedio, en realidad, pues el objetivo final es ganarse el beneplácito (y quizás el voto) del productor. El del consumidor difícilmente se pierda tan solo por el costo del arroz, que no es más que una fracción pequeña del gasto familiar. 

Pero, independientemente de ese eventual cálculo electoral, el aumento de la protección arancelaria para los agricultores significa una pérdida para el país en su conjunto. Dicho de otra manera, lo que ganan los agricultores es menos de lo que pierden los consumidores, como es fácil de demostrar. 

La subida del precio en el mercado interno, de 575 a 600 o 612 en nuestro ejemplo, reduce las importaciones, pero aumenta, sin duda, la producción local (cosa que los partidarios de la protección señalarán como una de sus virtudes). Sin embargo, para que esa subida del precio se sostenga, tiene que contraerse la oferta de arroz en el mercado. El aumento de la producción local no compensa la reducción de las importaciones. Habrá menos arroz para satisfacer las necesidades de los consumidores y menores cantidades también de todos los demás productos que los agricultores dejen de sembrar para sembrar arroz.