Focalización y liberalización

En la discusión en torno a la gradual liberalización del precio de las gasolinas subsidiadas, ha vuelto a surgir la discusión de qué grupos serán protegidos de la vida real, donde los combustibles fósiles suben y bajan de precio constantemente. En la puja por privilegios se imponen los más fuertes y organizados, que en este caso serían los taxistas y otros transportistas. 

El propósito de compensar a estos grupos con una transferencia mensual es protegerlos de las variaciones en el precio de la gasolina para que no trasladen cualquier incremento a sus pasajeros. Pero no hay almuerzo gratis y este es un privilegio que le seguirá costando al resto de los ecuatorianos, quienes también se ven impactados en sus negocios y bolsillos por un incremento en el precio de la gasolina. 

Una verdadera focalización sería aquella que proteja a los más vulnerables en términos de ingreso y para eso el Estado ecuatoriano tiene una herramienta valiosa en el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que consiste en un pago mensual de $50 a personas en situación de vulnerabilidad. Este programa actualmente beneficia a 609.222 personas. Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2019 propuso eliminar todos los subsidios a los combustibles compensando a los más vulnerables –como han sido identificados en el programa del BDH— con un incremento de $50 mensuales en la transferencia. Esto tendría un costo anual para el Estado de $365,5 millones e implicaría un ahorro inmediato para el fisco de $2.900 millones, lo que equivale a un 60% del déficit fiscal primario y 26% del déficit global estimado para 2024.

Lenín Moreno intentó hacer esto y se dice que por eso se desató un estallido brutal en octubre de 2019. Pero realmente no sabemos si ese estallido igual se hubiera dado puesto que los líderes de esos disturbios ya habían anunciado que habría un levantamiento por la esperada alza del IVA y lo hicieron mucho antes de la sorpresiva decisión de Moreno de eliminar el subsidio a los combustibles. Sin embargo, este año el gobierno subió el IVA y no hubo levantamiento alguno. 

Grupos como el de los transportistas tienen poder político porque operan en mercados muy intervenidos. Sus insumos, desde los autos, buses, camiones, hasta las llantas, repuestos y la gasolina y el diésel tienen precios controlados o acceso artificialmente limitado por una serie de barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones. Las tarifas que pueden cobrar y las rutas que pueden operar son definidas por el Estado. Aquí tenemos el caldo de cultivo perfecto para un servicio de transporte público deplorable, con un acompañamiento de corrupción en la regulación nacional del transporte. 

Lo ideal sería acabar de una vez por todas con la política fracasada de medio siglo de subsidio a los combustibles, conforme se compensa a los más vulnerables a través del BDH y al resto de los ecuatorianos con una liberalización del mercado de transporte público, incluyendo sus insumos. 

Debería haber más competencia en las rutas de transporte público, reducirse para ello las barreras a la entrada y mejorar los incentivos eliminando los controles de precios. Es mejor subsidiar a las personas directamente que generar distorsiones en los mercados a través de controles de precios.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 28 de junio de 2024.