Fines públicos con medios privados

En el gobierno a veces parece que no existe claridad acerca de cómo hacer lo que se proponen. Los anuncios de concesionar o liquidar las empresas públicas reflejan esto.

Las empresas públicas son verdaderos muertos vivientes, acumulan cuantiosas perdidas para la economía y han protagonizado casos de corrupción. Entonces, enhorabuena que el gobierno esté considerando el modelo de concesión.  La privatización y la concesión —que son modelos diferentes— comparten el objetivo de reducir el tamaño del Estado y el poder de los políticos sobre importantes áreas de la economía. Son modelos que buscan mejorar la calidad y el costo de los servicios públicos ante la ineficiente gestión pública de los mismos. Pero el proceso de transición presenta oportunidades para cometer actos de corrupción.

No se trata de convertir monopolios públicos en monopolios privados, sino de fomentar la competencia, reducir la incertidumbre y aumentar la transparencia.

Susan Rose-Ackerman sugiere que una manera de reducir los alicientes a la corrupción es establecer de forma creíble un regulador de la empresa que tendrá la concesión de un servicio público antes de que empiece el proceso de licitación. De esta manera, se evita que la empresa luego tenga una influencia indebida en la conformación de la agencia reguladora y en la elaboración de las mismas regulaciones.

Un primer paso a seguir en un proceso serio de concesión es realizar los estudios que permitan valorar de la manera más transparente los activos, necesidades de inversión y potencial rentabilidad. Para que estos estudios tengan credibilidad es necesario que los realicen consultoras especializadas e independientes.

Esto podría ayudar a elaborar las regulaciones que Ackerman propone tener en vigencia antes de realizar la licitación y también a determinar los criterios según los cuáles se elegirá al concesionario. Así que un proceso serio de concesión debe empezar por obtener el financiamiento para realizar estos estudios.

Por esto preocupa el anuncio que hiciera el gobierno en materia de concesiones acerca de tres empresas públicas que estarían listas para ser entregadas a manos privadas en junio de 2019. ¿Cómo saben que para esa fecha estará esto listo sin haber hecho estudios al respecto? ¿Alcanzará el tiempo para delinear las reglas del juego antes de la licitación? Es comprensible la avidez del gobierno de obtener recursos frescos, pero debe sopesar los potenciales costos de saltarse estos importantes pasos.

El gobierno debe ampliar su enfoque y considerar que no tiene por qué estar todo en sus manos. Debe proceder a descentralizar la gestión de más servicios públicos que todavía son competencia del gobierno central. Esta es una forma de desconcentrar el poder político y de poner a competir a los municipios y prefecturas. Los procesos de concesión serían manejados por los municipios y las prefecturas, no por el gobierno central.

Finalmente, en muchos casos la privatización o concesión elimina la justificación de las condiciones monopólicas. En donde sea posible, no solo debe el servicio público migrar al sector privado sino que debe hacerlo concesionándose a múltiples empresas que luego compitan entre ellas. El Nobel de Economía Vernon Smith demuestra que esto es posible en el caso de la electricidad, pudiendo competir distintas empresas en el mercado de la generación, transmisión y distribución.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 2 de noviembre de 2018.