Energía en manos de la gente

Los apagones en Ecuador no solo tienen que ver con el clima, sino con un mercado eléctrico casi inexistente. El Nobel de Economía Vernon L. Smith demostró en base a experimentos de laboratorio y la práctica de mercados eléctricos competitivos que importantes cambios tecnológicos han hecho insostenible la teoría de los mercados eléctricos como un monopolio natural.[1]

La competencia entre empresas generadoras de electricidad llegó hace décadas, pero aquí no nos hemos enterado. Si bien no está prohibido que los privados inviertan en generar su propia electricidad de diversas fuentes, como varios lo han hecho, la fijación de la tarifa eléctrica es sumamente politizada y desde hace décadas se encuentra por debajo del costo real de la producción de la energía. Con Rafael Correa se eliminó el Fondo de Reposición de la tarifa, con el cual los mismos usuarios hubieran financiado las nuevas inversiones para expandir la capacidad. Desde ese entonces, cualquier nueva inversión debe provenir del Presupuesto General del Estado –en déficit desde hace más de una década.

Para alentar la competencia, Smith propone eliminar la fijación de precios, permitiendo que estos fluctúen constantemente según la oferta y demanda. Los usuarios tomarían decisiones de consumo con mayor conciencia y los actores del mercado se verían entusiasmados a participar. 

Pero, ¿cómo hacemos si tenemos un sistema con una capacidad instalada de generación, transmisión y distribución que es casi todo estatal? Aquí Smith aporta una idea útil: los derechos de capacidad compartida. En la generación, las empresas estatales podrían ser convertidas en empresas de propiedad compartida entre varios y/o las diversas plantas de generación vendidas a empresas. Por ejemplo, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair que generó 8.032 gigawatts en 2023 podría ser propiedad de varias empresas y/o propietarios privados y, por ejemplo, si una persona compra 8% de los derechos de capacidad compartida, esa persona tendría luego derecho a vender a la red de transmisión 642 gigawatts de los 8.032 que produjo en ese año Coca Codo. Incluso si una sola empresa nacional o internacional comprara la hidroeléctrica de mayor capacidad del país, esta empresa vería su poder de monopolio limitado no solo por las empresas dueñas de las otras plantas de generación, sino también por la necesidad de vender su energía a una red de transmisión.

Esto nos lleva a otro punto: la transmisión no tiene por qué ser un monopolio público o privado. Este servicio requiere de inversiones y mantenimiento constantes que no han logrado abastecerse de un fisco en crisis sostenida. El Estado podría permitir que las líneas de transmisión sean de propiedad conjunta de dos o más empresas generadoras, siendo los derechos de capacidad de la línea de transmisión comprados y vendidos de manera independiente. 

Finalmente, la distribución tampoco tiene por qué ser un monopolio. Los clientes deberían tener la opción de saltarse a la red de transmisión —la intermediaria— y comprar directamente a las empresas generadoras. Smith dice que las empresas de telecomunicaciones y de televisión por cable podrían ofrecer el servicio eléctrico. La mera posibilidad de que ingresen nuevos competidores sirve para disciplinar a los actores del mercado.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 4 de octubre de 2024.