Elecciones 28-M: La limitación de precios de la Ley de Vivienda se verá afectada en gran parte del territorio nacional
Juan Ramón Rallo indica que la Ley de Vivienda estaría muerta en la mayor parte del territorio nacional debido al resultado de las elecciones del 28 de mayo y a un agujero en la ley que blindaría la libertad del arrendador para fijar el precio del alquiler.
Por Juan Ramón Rallo
Desde el domingo por la noche, los acontecimientos políticos se han sucedido a una velocidad de vértigo. De hecho, ni siquiera me atrevería a asegurar que, desde el momento en que he completado la escritura de esta columna hasta el momento en que usted, estimado lector, la haya leído, no se haya activado alguna otra bomba informativa en forma de elecciones anticipadas, dimisiones u otros órdagos similares.
Sin embargo, sí hay algo que, en materia económica, podemos afirmar con bastante certeza después de estos comicios: la Ley de Vivienda, que hace unos pocos días consensuaron PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu está en su mayoría muerta en la mayor parte del territorio nacional.
Recordemos que la vivienda es una competencia en gran medida autonómica y que la propia ley estatal, para que no fuera declarada inconstitucional, dejó al albur de los gobiernos regionales algunos aspectos clave de la misma: de manera muy destacada, la declaración de zona tensionada. Y la declaración de zona tensionada es del todo crucial para que la ley adquiera un carácter verdaderamente restrictivo: no en vano, la ley impone en todo el territorio nacional que el alquiler no pueda revalorizarse por encima del IPC –lo que a largo plazo conduciría a un declive progresivo del precio de los arrendamientos en términos reales–, pero fuera de las zonas tensionadas la ley autoriza a que el arrendador fije libremente el precio del alquiler en cada nuevo contrato.
De ahí que, en estos casos, la estrategia de los arrendadores vaya a ser muy sencilla: establecer, a la firma del contrato, un precio que les compense por toda la inflación que esperen durante el período de vigencia del mismo. Y cuando renueven el contrato, volver a ajustarlo al alza. Sólo en las zonas tensionadas la ley limita la potestad del arrendador para fijar, en cada nuevo contrato, la renta del alquiler. Pues bien, dado que el PP ya ha anunciado que sus autonomías no declararán ninguna zona como tensionada, cabe anticipar que la ley de vivienda no desplegará demasiados efectos en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Baleares, Extremadura, Murcia y La Rioja.
En cambio, acaso sí termine aplicándose –si no se deroga antes– en Cataluña, Navarra, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha y acaso Canarias. Aun minoritariamente, podremos contrastar frente a frente los efectos de dos modelos muy distintos de regulación de los alquileres.
Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 30 de mayo de 2023.