El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos impone costos y demandas insensatas a los empleadores estadounidenses

Con la primavera a la vuelta de la esquina, las empresas estadounidenses que patrocinan a trabajadores no ciudadanos para obtener prestaciones de inmigración basadas en el empleo están acostumbradas a capear los cambios estacionales. Es probable que la mayoría de los empleadores estén preparados para la temporada inicial de registro de la lotería H-1B del año fiscal 2025. Pero más allá de las presiones habituales de registro de H-1B, estos son los "tiempos [de inmigración] que ponen a prueba las almas [de los empleadores]".

Las empresas estadounidenses se enfrentan ahora a vientos en contra particularmente inclementes agitados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el componente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargado de decidir sobre las solicitudes de prestaciones de inmigración. Éstas son las últimas tempestades del USCIS:

Aumento de las tasas de tramitación urgente

A partir del 26 de febrero de 2024, la agencia (con autorización del Congreso) impuso tarifas de procesamiento premium más altas, ajustadas a la inflación, que deben presentarse para acelerar una solicitud. Por ejemplo, el procesamiento premium de:

• El formulario I-129, Petición para un trabajador no inmigrante, pasa de 2.500 a 2.805 dólares para la mayoría de las categorías de visados de trabajo temporales, y
• El Formulario I-539, Solicitud de prórroga/cambio de estatus de no inmigrante, pasa de 1.750 a 1.965 dólares para estudiantes, visitantes de intercambio y dependientes de no ciudadanos con estatus de visado de trabajo, y
• El Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, pasa de 1.500 a 1.685 dólares para los estudiantes que soliciten formación práctica opcional (OPT) antes y después de terminar o una prórroga de 24 meses de la OPT STEM.

Aumento de las tasas de presentación estándar

A partir del 1 de abril de 2024, una norma final de USCIS aumenta las tasas estándar de presentación de peticiones de no inmigrante basadas en el empleo (I-129s) y peticiones de inmigrante (I-140s). El aumento de las tasas para dos de las categorías de visados de trabajo para no inmigrantes más utilizadas es sustancial: las peticiones H-1B (+70%, de 460 a 780 dólares) y las peticiones L-1 (+201%, de 460 a 1.385 dólares, excepto para los pequeños empresarios y las organizaciones sin ánimo de lucro). Aunque las tasas de presentación de las peticiones de inmigrante aumentan sólo un 2% (hasta 715 dólares), las solicitudes del formulario I-485 de "green card" para ajustar el estatus a la residencia legal permanente suben un 26% (de 1.140 dólares a 1.440 dólares para mayores de 14 años, si no requieren control biométrico).

A las tasas básicas de los formularios I-129 e I-140 se añade una "Tasa del Programa de Asilo" de 600 dólares (excepto las empresas con veinticinco o menos empleados, que sólo deben pagar un recargo de 300 dólares, y las organizaciones sin ánimo de lucro, que no tienen que pagar esta tasa añadida). La norma final entra en vigor el 1 de abril, justo a tiempo para las peticiones H-1B presentadas en nombre de los beneficiarios seleccionados en la lotería del año fiscal 2025. Para las inscripciones H-1B del próximo año (que se abrirán en marzo de 2025), la tasa pasará de 10 a 215 dólares, lo que supone un aumento del 2.050%.

Nuevos formularios obligatorios (no listos para el prime time)

Asimismo, a partir del 1 de abril de 2024, el USCIS exige que se presenten nuevas versiones de los formularios I-129 e I-140 (peticiones de no inmigrante e inmigrante basadas en el empleo) que reflejen el aumento de las tasas de presentación. Aunque la agencia, a fecha de 6 de marzo, no ha publicado versiones de los formularios definitivos (sino sólo avances), advierte de que "no habrá periodo de gracia" si en su lugar se utilizan versiones anteriores.

Nuevas "cuentas de organización" en línea

USCIS también anunció el lanzamiento el 28 de febrero de 2024 de las "cuentas organizativas" H-1B, que en teoría permitirán a un empleador, a un solo abogado de un bufete de abogados y solo a los asistentes jurídicos designados de ese abogado colaborar en el proceso de registro de la lotería H-1B en línea. Aunque esta nueva plataforma en línea promete ser una mejora con respecto al actual proceso de presentación en papel, requerirá varias rondas de actualizaciones técnicas antes de que pueda ser ampliamente utilizada, o ampliada a otras categorías de visados de trabajo.

Tal como está configurado, aparte de los límites a la participación de bufetes de varios abogados y asistentes jurídicos asignados a más de un abogado, el sistema en línea requiere una amplia introducción manual de datos y la edición de la información requerida. No tiene opción de integración API con las soluciones comerciales existentes de software de gestión de casos de inmigración. Estas restricciones limitarán su potencial de uso por parte de empleadores, abogados y sus asistentes jurídicos compartidos, que deben presentar inscripciones para múltiples beneficiarios y posteriormente presentar peticiones H-1B para los casos seleccionados en la lotería.

Continuación de las "visitas in situ" ilegales e intrusivas del USCIS

En su regla final de tarifas, USCIS rechazó los comentarios públicos, incluidos los del Instituto Cato, que desafiaron un aumento de nómina de $ 91,4 millones (73,6%) asignado a la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) de USCIS desde 2016 para llevar a cabo investigaciones (eufemísticamente descritas como "visitas al sitio") en las empresas de los empleadores y las residencias de los trabajadores. Al hacerlo, la agencia alegó que "el trabajo de FDNS no entra dentro de las labores de 'inteligencia' y/o 'investigación' que la [Ley de Inmigración y Nacionalidad] asignó al [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)]", y que, en cualquier caso, la emisión por parte del Secretario del DHS de la Delegación de Seguridad Nacional Nº 0150.1 autorizó expresamente a USCIS a "investigar presuntas violaciones civiles y penales de las leyes de inmigración." Al parecer, USCIS piensa que cuando "investiga", no es una "investigación".

La respuesta del USCIS a los comentarios públicos omitió cualquier discusión de las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (HSA), que limita las acciones del USCIS a participar únicamente en la "adjudicación" de las peticiones y solicitudes que buscan beneficios de inmigración y naturalización (6 U. S.C. § 271(b)), y encomendaba exclusivamente a otra oficina, ahora integrada por el ICE y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, las competencias de investigación y recopilación de información relacionada con la inmigración (6 U.S.C. § 251(3) y 6 U.S.C. § 251(4)).

Y lo que es más importante, la HSA prohibía al Secretario del DHS recombinar las dos oficinas en una sola agencia o combinar, unir o consolidar de otro modo funciones o unidades organizativas de las dos oficinas entre sí (6 U.S.C. § 291(b)).

El USCIS está utilizando de forma inadmisible las tasas de usuario destinadas a las adjudicaciones para llevar a cabo investigaciones que el ICE podría estar realizando utilizando los créditos del Congreso. Por lo tanto, es probable que se requiera un litigio para demostrar que el programa de USCIS/FDNS de visitas in situ es ilegal porque la Delegación de Seguridad Nacional nº 0150.1 se emitió en violación de 6 U.S.C. § 291(b).

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A pesar de los recientes cambios del USCIS y el fuerte aumento de las tasas de la agencia, hay pocas razones para que los empleadores y sus trabajadores no ciudadanos patrocinados esperen que los niveles de servicio del USCIS mejoren pronto, o que los atrasos de inmigración disminuyan significativamente. USCIS rechazó los comentarios de Cato de que la agencia debería vincular cualquier aumento de tasas a tiempos de procesamiento más cortos, lo que significa que la agencia está a punto de obtener mucho más dinero sin prácticamente ninguna responsabilidad.

En respuesta a los comentarios públicos sobre la regla de tasas, y en sus otras acciones públicas, USCIS aparentemente no ha prestado atención a las preocupaciones de que sus adjudicadores están tomando mucho más tiempo para decidir los casos, y emitiendo más solicitudes de pruebas adicionales; sus peticiones y solicitudes han crecido en cantidad de páginas (por lo tanto, tomar más tiempo para decidir), y sus funcionarios a menudo piden pruebas en posesión de terceros que no tienen voz ni posición en un asunto pendiente. Peor aún, al continuar el programa de visitas de investigación FDNS/USCIS a pesar de que es ilegal en virtud de la HSA, y al optar por un recargo de asilo en las peticiones de los empleadores a través de un "principio de capacidad de pago para la determinación de las tasas de usuario", USCIS bien puede desencadenar una repetición de litigios desafiando y prohibiendo las nuevas tasas de presentación, que sólo prolongará y exacerbará los retrasos y los atrasos.

Desde el punto de vista de los empresarios estadounidenses que patrocinan a no ciudadanos para obtener prestaciones de inmigración, el tiempo en la inmigración estadounidense es muy desapacible.

Angelo Paparelli, socio de Vialto Law (US) PLLC, ha recibido durante varios años las más altas calificaciones en derecho de inmigración de Chambers USA, Chambers Global, Legal500 y Best Lawyers in America. Elegido miembro del Colegio de Abogados Laboralistas y de Empleo, es un prolífico bloguero y defensor de la política sobre el sistema de inmigración de EE.UU., ofreciendo soluciones constructivas para ayudar a mantener y mejorar la prosperidad económica, las libertades políticas y el patrimonio de EE.UU. como nación de inmigrantes. Este artículo refleja únicamente las opiniones de sus autores.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 6 de marzo de 2024.