El mismo populismo

El 1 de diciembre la cuenta oficial de Instagram del presidente Guillermo Lasso mostró un mensaje curioso para anunciar la medida de quitarle el subsidio para combustibles a las camaroneras de más de 30 hectáreas: “Los subsidios son para los pobres…se elimina el subsidio al diésel de las grandes camaroneras [sobre una foto de Ricky Ricón]”. Esta es la vieja y trillada lucha de clases, puesta al servicio de una medida que acarrea mucho ruido y pocas nueces, conforme causa mucho daño a la imagen del gobierno. Lo que se ha eliminado genera un ahorro de $160 millones –según el gobierno, pero eso constituye apenas un 4% de lo que el gobierno esperaba gastar en los subsidios a los combustibles (4.000 millones).

Primero, el subsidio a los combustibles es uno de los subsidios más ineficientes, insostenibles y regresivos que existen en el país. Un estudio del BID de 2019 señala que desde que fue creado en los años setenta, en ocasiones el Estado llegó a subsidiar hasta un 85% del costo real de los combustibles. En 2012, Ecuador fue el quinto país que más gastaba en subsidios energéticos a nivel mundial como porcentaje del PIB. Durante la década 2008-2018 gastamos en promedio $2.300 millones al año en estos subsidios.

Todo este costo para que sean beneficiados principalmente quienes tienen ingresos más altos. Dicho estudio coincide con la recomendación que varias veces realicé en esta columna desde 2007: es posible y conveniente eliminar los subsidios a los combustibles y compensar a los más vulnerables con un aumento al Bono de Desarrollo Humano (BDH). 

El gobierno de Moreno intentó hacer lo correcto a fines de 2019, incrementando el BDH en $15 y compensando al sector productivo y a la clase media con la eliminación del anticipo del impuesto sobre la renta, la rebaja a 2,5% del impuesto a la salida de divisas para la importación de materias primas, bienes de capital y otros insumos de producción, reduciendo los aranceles para la importación de dispositivos electrónicos y para los autos que cuesten hasta $32.000. Esta era la verdadera focalización del subsidio: eliminarlo totalmente y compensar por el impacto con medidas de aplicación general (reducción de impuestos) o realmente focalizada (en los más pobres que supuestamente califican para recibir el bono).

Lamentablemente la ejecución se vio frustrada por el violento levantamiento liderado por los movimientos indígenas y ahora la clase política ha vuelto a la inercia del “no se puede”. Tal vez hubo una comunicación y planificación deficientes dado que la administración de Moreno parece haber tomado a último minuto la decisión de implementar esa reforma, que hubiera sido histórica. El anuncio fue sorpresivo, muchos daban por hecho que el gobierno aumentaría el IVA y los líderes del movimiento indígena llevaban semanas organizando y anunciando un levantamiento. Esto es, la violencia de octubre igual se hubiera dado así el gobierno hubiese optado por otra vía de ajuste. Pero quedó instalada la narrativa de que “no se puede”.

El problema es que el subsidio sigue siendo un lastre para el fisco y cualquier administración que desee poner la casa en orden tendrá que algún día tomar el toro por los cuernos. 

Esto de quitarles a unos, tal vez “los banqueros”, para darles a “los pobres”, es la misma trama populista con actores distintos.