El informe de la comisión de protección social

Finalmente se ha publicado el informe de la comisión de protección social (CPS) nombrada por el gobierno a principios de año. Discrepamos abiertamente de sus propuestas para reformar el sistema de pensiones. En esencia, la comisión propone desaparecer las AFP y reemplazarlas con un sistema centralizado. Aunque no dice que este último deba ser administrado por alguna entidad estatal, es muy probable que, si seguimos sus recomendaciones, terminemos todos de regreso en la Oficina de Normalización de Previsional (ONP). 

El corazón de la propuesta consiste en centralizar las operaciones de recaudación, registro y representación del afiliado en una entidad que podría ser la propia ONP u otra entidad pública, mixta o privada. Esta entidad encargaría la administración de los fondos a un número de gestores escogidos mediante licitación. Los gestores invertirían los fondos de los afiliados siguiendo los lineamientos establecidos por un “comité de notables” designados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

¿Cuál es la necesidad de centralizar las operaciones? Según la comisión, para aprovechar economías de escala y reducir las comisiones. Pero ¿dónde está la evidencia de que existen economías de escala aun por explotar? En el informe no está; quizás en otro lugar. Hay referencias a lo que se cobra en Suecia y en otros países, pero ningún dato convincente sobre lo que sería posible lograr en el Perú. 

A estas alturas, todas las economías de escala parecerían haber sido ya aprovechadas. El sistema ha gravitado una y otra vez hacia cuatro AFP. Si hubiera más economías de escala, serían tres; pero son cuatro. La más chica tiene alrededor de un millón de afiliados. Hay bancos y cajas rurales que manejan una fracción de ese número de cuentas, y nadie pide centralizar la captación de depósitos.

¿Y cuál es la finalidad de licitar la gestión de inversiones? Asegurar una mejor rentabilidad, dice la comisión. Lamentablemente, no ofrece ningún criterio sobre cuál sería la rentabilidad apropiada. Lo que se ve en el informe es que la rentabilidad del sistema peruano de pensiones en los últimos cinco o diez años supera a la de la mayoría de sus pares latinoamericanos.

Las AFP, según el informe, tendrían un sesgo hacia los rendimientos de corto plazo porque así es como los mide la regulación. Quizás. Pero para corregir ese sesgo basta modificar la regulación; no es necesario desfigurar el sistema. 

Por último, ¿para qué una comisión de notables? Pues para despolitizar la fijación de los “benchmarks” para la gestión de inversiones. ¿Despolitizar? El concepto de notable es notablemente elástico como para que en el futuro un MEF interesado en usar los fondos de pensiones para financiar proyectos descabellados o déficits fiscales fuera de control manipule el proceso, en perjuicio de los afiliados. El viejo Seguro Social con un ropaje moderno. 

La comisión parecería inclinarse hacia un régimen estatista porque le tiene poca fe a la competencia. Entre los años 2000 y 2015, la rentabilidad promedio de las AFP ha sido de 37% anual, lo que según la comisión es evidencia de un poder oligopólico. Este economista, sin embargo, ve en el gráfico E.1.10 del informe dos periodos claramente diferenciados. Antes del 2005 la rentabilidad promedio era de 58%; después del 2005 ha bajado a 20%. ¿Qué pasó ese año? Muy simple: se liberalizó el traspaso de afiliados.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 17 de noviembre de 2017.