El futuro de los contratos petroleros
Iván Alonso dice que el costo relevante para Petroperú y el país no es el que se anote en la contabilidad de la refinería, sino el que los economistas llaman “costo de oportunidad”.
Por Iván Alonso
Un proyecto de ley para extender por diez años el plazo de explotación del petróleo en los contratos de licencia ha sido muy criticado, especialmente por el presidente de Petroperú, Daniel Campodónico. La extensión podría aplicarse a los contratos que están por vencer, si los contratistas lo piden. Petroperú quisiera, más bien, hacerse cargo de esos lotes para, en palabras de su presidente, obtener el petróleo para la nueva refinería de Talara “a precio de costo”. Vayamos primero al proyecto; de lo otro nos ocuparemos después.
El proyecto corrige un problema que se origina en una peculiaridad de la ley general de hidrocarburos. Esta ley contempla una fase de exploración de 7 años y otra explotación de 30 años para el petróleo y 40 años para el gas natural, que usualmente duermen juntos. Algún genio habrá creído que de esa manera se incentivaba una extracción acelerada del petróleo, el más valioso de los dos, dejando el gas para el final. Pero ningún contratista se va a quedar para extraer solamente gas si no existe un gasoducto para llevarlo adonde están los consumidores. Si no había suficiente gas como para justificar desde un principio esa inversión, su interés en un lote termina cuando termina su derecho a extraer petróleo. No tiene mucho sentido poner diferentes plazos para el petróleo y el gas.
En lo que se refiere a nuevos contratos, el proyecto debería, pues, aprobarse. Pero en lo que se refiere a la extensión de los contratos vigentes, que está en la primera disposición complementaria, la situación es distinta.
Los contratistas sabían, a la hora de firmar, que tenían 30 años para sacar todo el petróleo que pudieran. ¿Qué pasa, sin embargo, si al acercarse ese plazo todavía queda petróleo en los pozos? Quizás había más de lo que se calculaba cuando se firmó el contrato. Quizás con la tecnología y los precios actuales resulta rentable, como se dice, rascar la olla. ¿No es acaso razonable dejar que el contratista, en los diez años que le quedan para extraer gas, siga extrayendo petróleo? Razonable puede ser, pero el estado debe evitar darle al contratista un windfall (una ganancia inesperada) a través de una modificación de los términos del contrato. Lo más equitativo parecería ser licitar de nuevo esos contratos, dándole al contratista un derecho de preferencia para no perturbar, en lo posible, la continuidad de las operaciones.
Petroperú podría quizás participar en esas licitaciones. No nos parece lo mejor que se aventure a producir petróleo; pero, en fin, si la ley se lo permite, será decisión de su directorio si participa o no. Pero no debe engañarse el directorio creyendo que el petróleo le costará menos a Talara si lo produce Petroperú.
El costo relevante para Petroperú (y para el país) no es el que se anote en la contabilidad de la refinería, sino el que los economistas llaman “costo de oportunidad”. Talara se ahorra $80 por barril si, en lugar de comprarlo a $100 en el mercado internacional, se lo compra a $20 al departamento de producción. Pero el departamento de producción pierde $80 al dejar pasar la oportunidad de venderlo a $100 en el mercado para vendérselo a Talara a $20. Comprar el petróleo a precio de costo no es más que un artificio contable que sirve para inflar las ganancias o disfrazar las pérdidas de la refinería.
Para el país en su conjunto, el beneficio del petróleo es el valor de lo que podemos obtener a cambio. Si lo vendemos en el mercado internacional, podemos importar $100 de productos refinados. Talara, al parecer, no puede convertir un barril de petróleo en $100 de productos refinados. Si pudiera, no tendría problema en pagar el precio internacional.