El COVID-19 está dejando a muchas escuelas privadas en la desesperación financiera

Alrededor del país, las escuelas privadas están con problemas existenciales gracias al COVID-19. Desde hace mucho en dificultades financieras, dado que deben competir en contra de las escuelas públicas gratuitas, varias de ellas han cerrado permanentemente, incluyendo dos en Baltimore y cinco en Maryland. Estamos ante el peligro de perder algo valioso: las únicas instituciones capaces de proveer algo considerablemente diferente a la educación primaria y secundaria controlada por el Estado. Si esto no se hace bien, la ayuda estatal amenaza con empeorar las cosas. 

Las escuelas privadas no son tradicionalmente ricas. Mientras que la frase “escuela privada” puede traer a la mente imágenes de instituciones lujosas como Andover en Massachusetts o Sidwell Friends en Washington, DC, la mayor parte de las escuelas privadas tiene precios moderados y no tienen ahorros como respaldo. Para tener algo de perspectiva, las escuelas estatales gastan más de $15.000 por estudiante, mientras que la escuela católica promedio cobra solo alrededor de $8.000 y otras escuelas religiosas alrededor de $10.000.

Las pensiones en las escuelas religiosas usualmente cubren solo 50 a 70% de los costos educativos promedio. Las escuelas muchas veces compensan la diferencia con donaciones y subsidios de la parroquia. Pero este año, los eventos para levantar fondos fueron cancelados o limitados por ley, como también lo fueron los servicios religiosos presenciales donde las donaciones suelen ser recolectadas. Y como las familias están soportando sus propias pérdidas  por COVID-19, muchas escuelas privadas no pueden aumentar la pensión. 

A nivel nacional, un mínimo de 107 escuelas privadas han anunciado que cerrarán sus puertas de manera permanente, al menos en parte debido a la crisis, al momento de escribir estas líneas, según los datos del Centro para la Libertad Educativa del Instituto Cato. Casi 16.000 estudiantes asistían a esas escuelas. Entre dos de las que cerraron en Baltimore se encuentra el Instituto de Notre Dame, que tiene entre sus graduados a la presidenta del Congreso Nancy Pelosi y a la ex senadora de Maryland Barbara Mikulski. 

Las escuelas que están cerrando suelen ser las de menor costo y de manera desproporcionada aquellas que eligen las familias afro-americanas. La pensión promedio para las escuelas que están cerrando a nivel nacional es de tan solo alrededor de $7.000, y los estudiantes afro-americanos constituyen más de un 15% de su cuerpo estudiantil. Los afro-americanos constituyen solo un 13% de la población nacional. 

En las cinco escuelas de Maryland que están cerrando 47% de los estudiantes eran afro-americanos, y mientras que su pensión promedio —alrededor de $14.500— se ubica en el extremo alto, ellos también proveen asistencia financiera, según un análisis de los datos del Centro para la Libertad Educativa del Instituto Cato. Cualquier alivio federal no debería discriminar en contra de las escuelas privadas, las cuales ya estaban enfrentándose a una masiva desventaja de financiamiento en relación a las escuelas estatales. Mientras que el Programa de Protección del Sueldo aplica en este caso, haciendo que las escuelas privadas sean igual de aptas que cualquier otra organización con fines de lucro o sin fines de lucro, el alivio para la educación por COVID-19 no ha sido totalmente accesible para las escuelas privadas.

Washington ha enviado $30 mil millones a los estados para la educación, estipulando que ese dinero sea dividido entre la educación primaria, secundaria y universitaria, e incluyendo cerca de $3.750 mil millones a discreción de los gobernadores. Casi todo el Fondo de Alivio por Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias está yendo a escuelas estatales, que se supone que deben compartir el dinero en la forma de servicios y materiales. El Departamento de Educación de EE.UU. ha emitido reglas que establecen que tales cosas podrían ser distribuidas en relación a la proporción de estudiantes inscritos, pero que eso depende de los distritos escolares. Las escuelas privadas necesitan dinero que controlen, no una asistencia que caiga desde arriba. 

Conforme el gobierno federal debate sobre otro paquete de ayuda, si logra acordar uno, este debería ser sencillo: asigne una cantidad fija por estudiante y deje que esta siga a los niños. Esto parece ser lo que la administración de Trump está contemplando: asignar 10% de financiamiento de alivio para la educación primaria y secundaria —la proporción de todos los estudiantes que están en escuelas privadas— para becas en escuelas privadas. 

Para salvar estas escuelas cruciales a largo plazo, el financiamiento de los contribuyentes de los gobiernos de los estados y la ciudades ya no debe ser enviado directamente a las escuelas estatales. Este debería seguir a las niños en base a lo que sus padres, que los conocen mejor, eligen. 

En Maryland, esto podría hacerse expandiendo el programa Ampliando Opciones y Oportunidades para los Estudiantes Hoy (BOOST, por sus siglas en inglés). BOOST provee ayuda por alrededor de $1.000 a $4.400 a algunos estudiantes de ingresos bajos. Expandirlo podría darle a más familias acceso a las escuelas privadas, y como un análisis reciente explica, ahorraría el dinero de los contribuyentes. Dado que el costo de un bono escolar es menos que lo que se gasta por estudiante en las escuelas estatales, expandir los bonos en alrededor de, por ejemplo, 3.000 estudiantes podría salvar a los contribuyentes del estado alrededor de 2,2 millones que podrían re-dirigidos hacia los esfuerzos de alivio por el COVID-19. 

Las escuelas privadas están en problemas y necesitamos hacer lo que siempre ha sido lo correcto: dejar que las familias decidan cómo son educados sus hijos.

Este artículo fue publicado originalmente en Baltimore Sun (EE.UU.) el 16 de julio de 2020.