El consenso socialdemócrata
Gabriela Calderón de Burgos dice que el intervencionismo en el comercio, en el sistema financiero, en la agricultura con precios oficiales y subsidios, y en muchas otras áreas de la economía describe el Ecuador de los últimos 50 años.
Por Gabriela Calderón de Burgos
La historia contemporánea del Ecuador se puede resumir en que cuando salimos de las dictablandas de los 60s y 70s, si bien liberalizamos el sistema político, no hubo el deseo ni la convicción de liberalizar la economía como para estar vacunados en contra de los autoritarismos.
El estado ecuatoriano, que en 1950 había tenido tan solo 36 organizaciones y ministerios adjuntos al poder ejecutivo, llegó a tener 99 para fines de la década de los setenta. Entre 1971 y 1990 se crearon 61 empresas estatales. Se estableció el subsidio a los combustibles. Entre 1965 y 1980 el gasto público como porcentaje del PIB pasó de 9,5% hasta llegar a 22,5%. La deuda pública pasó de 16% del PIB en 1965 a 41% a fines de la década. Algo similar sucedió con la segunda bonanza petrolera.
Si bien había un consenso entre las élites de volver a la democracia, no existía este en torno a liberalizar significativamente la economía. Las élites seguían creyendo en la planificación centralizada y, consecuentemente, el modelo económico heredado de las dictablandas se dejó en gran medida intacto.
Esto fue así hasta el gobierno de Sixto Durán-Ballén en el que se implementaron dos reformas importantes: (1) se eliminó el control que el Banco Central ejercía sobre las divisas relacionadas al comercio exterior y sobre la administración del comercio; y, (2) Ecuador ingresó en la Organización Mundial de Comercio reduciendo aranceles. Pero como no se hicieron las reformas necesarias en otros ámbitos, la inestabilidad económica y política continuó hasta que Jamil Mahuad dolarizó.
Muchos ven en el gobierno de Sixto Durán-Ballén el origen de la crisis de 1999, pero como explica Pedro Romero el origen de esta más bien se encontraría en la sucretización en 1983 del gobierno de Oswaldo Hurtado, mediante la cual el Banco Central del Ecuador pasó a ocupar un papel relevante como prestamista de última instancia, en esencia, socializando las pérdidas de privados. A partir de este momento, se inicia una serie de transferencias de riqueza a favor de los dueños de los bancos en perjuicio de los ecuatorianos. Nada de esto se puede categorizar como política económica liberal, pues son ejemplos de intervencionismo sostenido a través de distintos gobiernos.
El intervencionismo en el comercio, en el sistema financiero, en la agricultura con precios oficiales, en un sistema tributario progresivo, y en muchas otras áreas, es en gran medida lo que describe el Ecuador de los últimos 50 años. Realmente no se ha ensayado un plan coherente de liberalización económica. Lo que se ha intentado muchas veces es planificar centralmente el desarrollo y el resultado ha sido que “el que parte y reparte se queda con la mejor parte” (léase corrupción).
Los liberales no estamos en contra del equilibrio fiscal, ni de la solidaridad, ni de la igualdad, como se ha sugerido entre los defensores del consenso socialdemócrata. Estamos simplemente en desacuerdo acerca de cómo lograr ese equilibrio: creemos que debe lograrse sin sacrificar el crecimiento económico. Creemos que la solidaridad es un acto voluntario, por ende, pagar impuestos es solo cumplir la ley, no ser solidario. Vemos en el Estado de Derecho la mayor protección de las libertades individuales y por eso valoramos la igualdad ante la ley.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 5 de noviembre de 2021.