El Congreso está abdicando voluntariamente de sus poderes de guerra nuevamente

La Constitución de EE.UU. otorga explícitamente al Congreso, no al presidente, la autoridad para determinar si la república debe ir a la guerra. Desafortunadamente, ese punto fundamental ahora es poco más que una pintoresca nota histórica al pie de la página. El Congreso no ha emitido declaraciones de guerra desde principios de la década de 1940, cuando lo hizo contra la Alemania nazi, el Japón imperial y otras potencias del Eje. Sin embargo, EE.UU. ha lanzado más de una docena de significativas “guerras presidenciales” desde entonces. Además, ese ritmo muestra pocas señales de desaceleración. 

La mayoría de los análisis del ascenso de la presidencia imperial desde la Segunda Guerra Mundial se han centrado en la usurpación inexorable de los poderes de guerra del Congreso por parte del ejecutivo –aunque con una visión más amplia. De hecho, la usurpación ha sido el factor dominante. Cuando Harry Truman envió más de 200.000 soldados estadounidenses para intervenir en el conflicto que había estallado en la Península de Corea, no mostró inclinación alguna a buscar una declaración de guerra del Congreso. De hecho, actuó como si obtener una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizando a los estados miembros a enviar fuerzas fuera más relevante legalmente que obtener cualquier tipo de aprobación del Congreso. Los posteriores presidentes también ignoraron al Congreso y actuaron completamente bajo su propia supuesta autoridad (Lyndon B. Johnson en República Dominicana, Ronald Reagan en el Líbano y Granada, Barack Obama en Libia). En un caso (Bill Clinton en Kosovo), un presidente incluso hizo caso omiso de la negativa del poder legislativo a aprobar una acción militar. Sin embargo, con mayor frecuencia, los ocupantes de la Casa Blanca prefirieron resoluciones de apoyo, de ”cheque en blanco”, por parte del Congreso (Johnson en Vietnam, el mayor de los Bush en el Golfo Pérsico y el Bush menor en Afganistán e Irak).

Los aspirantes a emperadores de EE.UU., de hecho, han sido audaces al expandir el poder de EE.UU. en la arena internacional y burlarse de la Constitución en el proceso. Sin embargo, otro factor importante ha sido el persistente comportamiento adulador por parte del Congreso. Con demasiada frecuencia, el poder legislativo ha renunciado voluntariamente –incluso con entusiasmo– a su responsabilidad constitucional de decidir si EE.UU. debe ir a la guerra. El fracaso del Congreso para detener las guerras presidenciales descaradamente inconstitucionales –comenzando con la “acción policial” coreana– ha sido el ejemplo más práctico de tal abandono del deber. Sin embargo, una manifestación más sutil ha sido la aprobación del Congreso de resoluciones vacías y abiertas. Tales medidas autorizaron el uso de la fuerza contra un adversario estadounidense designado, pero dan al presidente discrecionalidad ilimitada para decidir si ese paso es necesario o cuándo lo es. Tanto la Autorización para el uso de la fuerza militar de 2001 (AUMF, contra Al Qaeda y el terrorismo internacional) como la AUMF de 2002 (contra Irak) personifican ese patrón. 

Las actitudes del Congreso sobre dos arenas volátiles que podrían conducir a peligrosos enredos militares para EE.UU. –Ucrania y Taiwán– son los últimos ejemplos de una deferencia poco saludable hacia la Casa Blanca y una evasión de responsabilidad. Como he escrito en otro artículo, existe un fuerte sentimiento bipartidista en el Congreso para aumentar el apoyo diplomático, económico y militar de Washington a Taipéi. Entre otros efectos, hay un creciente desencanto con la política de larga data de Washington de “ambigüedad estratégica” con respecto a un conflicto armado entre la República Popular China (RPC) y Taiwán. Ese enfoque se incorporó en la Ley de Relaciones con Taiwán (TRA), que el Congreso promulgó en 1979 cuando Washington cambió las relaciones diplomáticas estadounidenses de Taipéi a Beijing. La TRA no compromete a EE.UU. a usar sus fuerzas armadas para defender a Taiwán de un ataque; EE.UU. solo promete continuar vendiendo armas defensivas a Taipéi y considerar cualquier ataque de la República Popular China a la isla como una grave ruptura de la paz. Si ocurre lo último, el presidente debe consultar con el Congreso sobre la respuesta apropiada. 

Existe un sentimiento creciente tanto en el Congreso como en la burbuja de la política exterior de EE.UU. para reemplazar la ambigüedad estratégica por “claridad estratégica” –dejando en claro a los líderes de la República Popular China que EE.UU. usará la fuerza para defender a Taiwán. Sin embargo, hay pocas señales de que el Congreso tenga el coraje o la integridad para aprobar un tratado –o incluso un estatuto– a tal efecto. En cambio, los halcones del Congreso quieren que el presidente emita tal declaración y tome la decisión de recurrir a la fuerza. Varios miembros incluso respaldan una legislación que diluiría el requisito de la TRA de que el presidente debe consultar al Congreso sobre la adopción de medidas militares. 

En un artículo de opinión del Washington Post, del 11 de octubre de 2021, la representante Elaine Luria (Demócrata de Virginia) explicó el motivo de dicho cambio. “Bajo las leyes con Taiwán, el presidente no tiene autoridad legal, sin la autorización expresa del Congreso, para usar la fuerza militar para defender a Taiwán. Las limitaciones legales sobre la capacidad de un presidente para responder rápidamente podrían garantizar un hecho consumado por parte de China”. Al respaldar la Ley de Prevención de la Invasión de Taiwán propuesta por los republicanos de línea dura en el Senado como “un buen comienzo”, argumentó que era imperativo “desatar” las manos del presidente y dejar que ese funcionario tomara una decisión sin restricciones sobre si intervenir militarmente para defender Taiwán. Aunque tal legislación aún no ha sido aprobada, parece haber poca resistencia a hacer ese cambio. 

También existe una ausencia generalizada de voluntad en el Congreso para controlar al presidente Biden a medida que profundiza la participación de EE.UU. en la guerra entre Rusia y Ucrania. El Congreso ha aprobado robóticamente las solicitudes de financiación de la Casa Blanca –que ahora suman unos 40.000 millones de dólares, para ayuda militar y financiera a Ucrania. Finalmente, han comenzado a surgir algunas quejas sobre los costos excesivos y la falta de responsabilidad sobre a dónde va el dinero –especialmente entre los republicanos. Sin embargo, ha habido poco debate sobre si entregar armas a Ucrania y compartir la inteligencia militar estadounidense con Kiev podría, en última instancia, convertir a EE.UU. en un beligerante en ese peligroso conflicto armado. Ni siquiera ha habido mucho esfuerzo para insistir en una resolución que respalde tales medidas. Una vez más, el Congreso parece satisfecho con dejar que el presidente tome las decisiones sustantivas. 

La abdicación cumple un propósito político importante, porque permite que el Congreso evite la responsabilidad por cuestiones de guerra y paz, vida o muerte. Si una intervención militar presencial sale bien, los legisladores pueden subir a bordo y presentarse como partidarios entusiastas de la empresa. Si la guerra sale mal, pueden repudiarla e incluso criticarla como la máxima locura presidencial –especialmente si el ocupante de la Oficina Oval es del partido de la oposición. Tal abdicación del poder de guerra del Congreso, sin embargo, constituye un perfil de cobardía. También ha sido un factor importante en la proliferación de intervenciones militares estadounidenses mal concebidas, a menudo desastrosas. El Congreso debe hacerse presente y reclamar sus poderes constitucionales (y responsabilidades) para las decisiones sobre la guerra y la paz si existe alguna posibilidad de frenar la presidencia imperial. De lo contrario, no podemos evitar guerras aún más calamitosas como las que están arruinando la república.

Este artículo fue publicado originalmente en Antiwar.com (EE.UU.) el 14 de junio de 2022.