Dolarización y finanzas públicas
Gabriela Calderón de Burgos sostiene que en lugar añorar los días en que el Banco Central del Ecuador (BCE) podía emitir moneda para socorrer la caja fiscal, es de agradecer que la dolarización impone una fuerte restricción presupuestaria, que sirve en última instancia para proteger la propiedad de los ciudadanos.
Por Gabriela Calderón de Burgos
Varios analistas sostienen que el estado crítico de las finanzas públicas amenaza la dolarización. Realmente, la principal amenaza a la dolarización es una clase política con poco respeto a la propiedad ajena. Cuando vemos cómo todos los años se gasta alegremente cuantiosos recursos sin que los ciudadanos sientan una mejora apreciable en la calidad de los servicios públicos, percibimos este descuido con que gastan los recursos escasos que la sociedad les ha confiado.
Esta semana se reportó que el gobierno no tiene suficiente dinero en caja para pagar sueldos a todos los servidores públicos. Según información del Ministerio de Economía, el Estado debe pagar alrededor de $690 millones en sueldos cada mes. En enero, el gobierno pagó tan solo 180 millones, priorizando militares, policías, médicos y profesores. Hasta el 31 de enero también debía cumplir el Estado con un pago de $391 millones en deuda. No obstante, según Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal, hasta esta semana solo se habían pagado $25 millones.
Si los gastos crecen muy por encima de los ingresos, como ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, no hay plata que alcance. Viviremos raspando la olla y cavando cada vez un hoyo más profundo del que ya tenemos.
El economista Vicente Albornoz señala que entre 2006 y 2018 el gasto en empleados del sector público casi se triplicó. La mayor parte de la expansión se dio entre 2006 y 2013, cuando los políticos en el poder consideraban que Ecuador era el jaguar sudamericano. Nótese que la expansión del gasto en sueldos del sector público continuó incluso después del fin de la bonanza petrolera en 2014.
En 2023 el estado ecuatoriano gastó $7463 millones en dos subsidios: combustibles (36%) y pensiones de los afiliados al IESS (42%). Ambos subsidios constituyen 96% del déficit fiscal ($5776 millones). En estos dos rubros, se gastaron durante la última década el equivalente a 51% de la deuda pública total ($75.227 millones). Con el aumento del IVA el gobierno espera recaudar alrededor de $1.300 millones, un pequeño parche frente a la brecha de financiamiento de $14.500 millones.
Lejos de mirar con nostalgia hacia los días en que el Banco Central del Ecuador (BCE) podía emitir moneda para socorrer la caja fiscal, deberíamos agradecer que la dolarización impone una fuerte restricción presupuestaria, que sirve en última instancia para proteger la propiedad de los ciudadanos ordinarios de la voracidad de la clase política. Es cierto que la dolarización no ha impedido totalmente los desequilibrios en las finanzas públicas, pero divorció estas de las privadas. La tolerancia de nuevos y crecientes impuestos se agota y se cierran los mercados de capitales.
Si los impuestos y la nueva deuda no alcanzan para cubrir el hueco, no “se cae la dolarización”, lo que se cae es el modelo estatista del Socialismo del Siglo XXI. Pronto llegará el día en que los políticos finalmente se tengan que ajustar a la realidad. Los ciudadanos rechazarían cualquier medio de pago alternativo que se les ocurra introducir en aras de mantener el gasto excesivo. Cuando llegue ese momento, el crédito y los recursos de la economía encontrarán mejores destinos en el sector productivo.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 2 de febrero de 2024.