DOGE no puede reducir el Estado sin el Congreso

"Es una broma", una "pérdida de tiempo": esa era lo que decían los demócratas sobre el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) hace apenas unos meses. Pero desde que Elon Musk y sus "asesinos con cara de niño" irrumpieron en la burocracia –despidiendo en masa a empleados, reduciendo a cero los presupuestos y arrojando las agencias "a la trituradora de leña"–, el tono ha cambiado. Ahora, el DOGE es "un agente del caos sin límites", según una demanda de fiscales generales estatales demócratas. Peor aún, dice el senador Ron Wyden (Demócrata de Oregon), están "apoderándose de las herramientas que necesitan para un golpe de estado".

Incluso a algunos autodenominados libertarios no les hacen ninguna gracia las travesuras de los mosqueteros. No lo entiendo: ¿Cómo no se divierten con esto? Todo parece escrito por Ayn Rand, si Rand tuviera sentido del humor.

Aun así, espero que DOGE ofrezca algo más que entretenimiento: me gustaría que funcionara. Pero no lo hará, mientras los DOGEnauts crean que pueden recortar billones del presupuesto federal sólo con medidas ejecutivas. Para hacer el trabajo, el DOGE necesita al Congreso.

Hasta ahora, el DOGE se ha ceñido a la estrategia que Musk y Vivek Ramaswamy esbozaron en The Wall Street Journal tras las elecciones: "impulsar el cambio a través de la acción ejecutiva basada en la legislación existente en lugar de aprobar nuevas leyes". Pero nada de esto funciona así. Ni el presidente ni sus apoderados pueden eliminar sumariamente agencias y departamentos para los que el Congreso ha proporcionado autoridad estatutaria y financiación. Incluso la Heritage Foundation, amigable con el movimiento "MAGA", lo reconoció en un memorando legal de 2017: "El poder de promulgar, enmendar o abolir estos departamentos y agencias ejecutivas y sus funciones pertenece al Congreso". El equipo del DOGE lo está descubriendo por las malas, a medida que sus planes de eliminación de agencias se atascan en los tribunales federales.

El equipo del presidente Donald Trump cree haber encontrado una solución: una ambiciosa teoría constitucional que permite al presidente anular las asignaciones del Congreso que no le gusten. El último presidente que lo intentó fue Richard Nixon, y no llegó muy lejos. En su segundo mandato, cuando Nixon adoptó una estrategia de confiscación con esteroides, reteniendo miles de millones en fondos asignados, fue abofeteado, primero por los tribunales y luego por el Congreso. En 1974, el Congreso cerró la puerta a futuros abusos aprobando la Ley de Control de Confiscaciones, que exige que el presidente obtenga la aprobación del Congreso antes de rescindir las asignaciones.

Funcionarios clave de Trump, como el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russ Vought, insisten en que la Ley de Control de Confiscaciones es inconstitucional. Pero, históricamente, esa opinión ha recibido poco apoyo, incluso entre los juristas conservadores de peso.

Cuando era fiscal general adjunto en la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) de Nixon, el futuro presidente del Tribunal Supremo, William Rehnquist, rechazó la idea de que el poder de la pluma se impusiera al poder del bolsillo del Congreso. "Parece una proposición anómala", escribió en un memorando de 1969, “que porque el Poder Ejecutivo está obligado a ejecutar las leyes, sea libre de negarse a ejecutarlas”. La OLC de la administración Reagan llegó a la misma conclusión en 1988 diciendo: "No hay ninguna fuente textual en la Constitución para ninguna autoridad inherente para confiscar". Es poco probable que el Tribunal Supremo descubra una y otorgue a Trump autoridad ilimitada para incautar fondos.

Eso no significa que el DOGE esté condenado a mordisquear los bordes de un presupuesto federal de 7 billones de dólares. Aunque el presidente carece actualmente de amplia autoridad para reorganizar el poder ejecutivo, el Congreso podría concedérsela. El 13 de febrero, el senador Mike Lee (republicano de Utah) y el representante James Comer (republicano de Kentucky) presentaron la Ley de Reorganización del Gobierno de 2025, que haría precisamente eso: otorgar al presidente amplios poderes para reestructurar y reducir el tamaño de la burocracia, previa aprobación por la vía rápida en el Congreso.

El proyecto reactiva las facultades legales de que gozaron varios presidentes entre 1932 y 1984, pero con una diferencia clave. En el pasado, las leyes de reorganización presidencial prohibían al presidente proponer planes para cerrar agencias enteras; este proyecto de ley pone "departamentos ejecutivos enteros, no sólo agencias" en la guillotina. De aprobarse, daría a la administración una autoridad clara para reducir el gobierno federal, y la reforzaría frente a impugnaciones legales.

Otro proyecto de reforma de Lee y el senador republicano Rand Paul avanzaría en los objetivos del DOGE "recuperando el poder legislativo del Estado regulador". Como dijo Musk la semana pasada: "No se puede tener una burocracia federal autónoma, hay que tener una que responda al pueblo". La Ley de Reglamentos del Ejecutivo que Necesitan Escrutinio (REINS, por sus siglas en inglés) exigiría la aprobación afirmativa del Congreso para los principales reglamentos federales, poniendo al Estado administrativo bajo control democrático.

Musk tiene razón: "Necesitamos suprimir agencias enteras" y frenar el dominio burocrático. Pero se equivoca al pensar que él solo puede arreglarlo. El Leviatán federal es una criatura del derecho estatutario y de las asignaciones del Congreso. No se puede desmantelar sin la participación de la rama que nos metió en este lío. Los reformistas del Congreso están dispuestos a ayudar. La administración debería aceptar un "sí" por respuesta.

Este artículo fue publicado originalmente en Reason (Estados Unidos) el 18 de febrero de 2025.