¿Deben existir las demandas por difamación?
Jeffrey Miron y Jacob Winter se preguntan qué marco jurídico equilibra mejor los beneficios de las demandas por difamación con su potencial de censura.
Por Jeffrey A. Miron y Jacob Winter
El mes pasado, ABC News acordó pagar 15 millones de dólares a la futura biblioteca presidencial de Donald Trump para resolver una demanda por difamación derivada de las declaraciones del presentador George Stephanopoulos el 10 de marzo de 2024.
La difamación se produce cuando una persona comunica afirmaciones falsas sobre otra que dañan su reputación.
Desde la fundación del país, la difamación ha sido un agravio, un asunto por el que una persona puede demandar a otra. Además, la difamación es un delito punible con multas y/o penas de cárcel en al menos 14 estados.
Los libertarios se oponen a las leyes penales de difamación porque los gobiernos pueden utilizarlas para acosar y silenciar las críticas. Los gobiernos han utilizado esta táctica a lo largo de la historia de nuestra nación, desde la Ley de Sedición en 1798 hasta 2018, por ejemplo, cuando la policía de New Hampshire detuvo y acusó a un hombre por criticar al jefe de policía de su ciudad. Estas leyes son contrarias a la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
El caso ABC, sin embargo, muestra que el estatus de la difamación como agravio también es problemático. La ley actual impide a los personajes públicos ganar demandas por difamación a menos que puedan demostrar que el acusado comunicó la declaración "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por ella". En el caso de ABC, Stephanopoulos repitió que Trump había sido "declarado responsable de violación", lo cual es técnicamente inexacto porque el jurado declaró a Trump responsable de abuso sexual, una categoría distinta en Nueva York en la época del supuesto incidente. Así pues, la formulación de Stephanopoulos fue incorrecta, pero no gravemente engañosa.
Independientemente de si el acuerdo estaba justificado, este caso ilustra que las demandas civiles por difamación entrañan un peligro. Incluso si los funcionarios del gobierno no pueden encarcelar a las personas que supuestamente les difaman, todavía pueden utilizar o amenazar con demandas civiles que efectivamente imponen multas, poniendo en peligro la libertad de expresión.
Las demandas por difamación pueden tener ventajas. Si difundo rumores falsos que empañan la reputación de mi vecino, parece justo que pueda obtener reparación.
Sin embargo, medir ese daño subjetivo es difícil. Y si no existieran las demandas por difamación, mi vecino podría decir lo que quisiera para corregir los hechos o incluso difamarme en represalia sin temor a que yo le demandara. Esto ofrece un incentivo natural para que la gente no difame a los demás.
La pregunta correcta es, por tanto, qué marco jurídico equilibra mejor los beneficios de las demandas por difamación con su potencial de censura. El mejor enfoque es el que maximiza la capacidad del público para participar en debates vigorosos. Así pues, deberíamos eliminar la difamación como delito y como agravio.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 13 de enero de 2025.