¿Construir naciones en el extranjero? El barrio de EE.UU. se está volviendo más violento

Mientras los diseñadores de políticas públicas en EE.UU. se enfocan intencionalmente en los desarrollos en Europa, Oriente Medio, y la región Indo-Pacífica, hay problemas formándose mucho más cerca de casa. Bajo una creciente presión derivada de la violencia relacionada con las drogas y la corrupción sistémica, México está mostrando preocupantes señales de un gobierno disfuncional. El último shock ocurrió el 16 de octubre, cuando las autoridades estadounidenses arrestaron al ex secretario de defensa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Cienfuegos Zepeda era un importante personaje dentro de las fuerzas armadas y los asuntos políticos en México, liderando las fuerzas armadas del país durante seis años bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

Su desgracia es especialmente importante porque las fuerzas armadas han estado a cargo de librar la guerra contra las drogas ilegales desde que el presidente Felipe Calderón las convirtió en los principales encargados de esa misión en 2006. Las alegaciones de que Cienfuegos Zepeda estaba siendo pagado por cárteles de drogas, por lo tanto, son especialmente vergonzosas y desmoralizantes. 

Como los reporteros de Associated Press Christopher Sherman y Maria Verza señalan, la dependencia de México en sus fuerzas armadas ha aumentado bajo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador: “Él le ha confiado a las fuerzas armadas no solo el liderazgo de la lucha continua del gobierno contra los cárteles de drogas, sino también detener el robo abundante de combustible, construir importantes proyectos de infraestructura y ser la columna vertebral de la nueva Guardia Nacional, aparentemente civil”. 

Además, las fuerzas armadas desde hace mucho han ocupado un status especial en la jerarquía política de México. Un acuerdo firme ha estado en vigencia durante décadas y consiste en que las fuerzas armadas no interfieren en la política, y los líderes civiles políticos, incluyendo el presidente, no interfieren en las operaciones internas de las fuerzas armadas. El proceso de designación para el secretario de defensa muestra el grado del poder de las fuerzas armadas. A diferencia de los demás puestos en el gabinete, el presidente no tiene la capacidad de realizar una decisión personal acerca de su secretario de defensa; él o ella debe elegir de una lista de candidatos aceptables que los generales le presenten.

El incidente de Cienfuegos Zepeda difícilmente fue la primera vez que el escándalo ha sacudido a las fuerzas armadas de México y a los establecimientos que combaten las drogas. Genero García Luna, quien se desempeñó como el secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012 bajo el presidente Calderón, fue arrestado el año pasado en Texas acusado de tráfico de drogas. Los fiscales estadounidenses alegan que tomó decenas de millones de dólares en sobornos para proteger al cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Otro incidente notorio sucedió incluso antes. En 1996, el gobierno mexicano designó al General Jesús Gutiérrez Rebello, quien había supervisado las operaciones militares durante los primeros siete años en la región infestada de narcóticos de Guadalajara, para encabezar el Instituto Nacional para el Combate de Drogas. Los funcionarios estadounidenses alabaron la designación y cómo esta simbolizaba un creciente papel para las fuerzas armadas del país en la guerra contra las drogas. Solo unos meses después, él fue arrestado por tráfico de drogas. A pesar de dichos escándalos, las fuerzas armadas han continuado siendo una institución altamente respetada ante el público. Rafael Ramos, un editor titular de asuntos de Latinoamérica para CNN, señala que una encuesta de 2017 por parte de la encuestadora mexicana Parametria encontró “que las fuerzas armadas estaban entre las instituciones más confiadas en el país, un descubrimiento que permaneció favorable para las fuerzas armadas durante los 15 años anteriores”. En cambio, “las fuerzas policiales local y federal perdieron la confianza del pueblo mexicano hace mucho tiempo”.

Pero Ramos y otros observadores sostienen que la desilusión amplia ahora podría cambiar esa perspectiva. “El arresto del General Cienfuegos Zepeda ha sacudido no solo a las fuerzas armadas sino también la confianza que los mexicanos han tenido en las fuerzas armadas durante generaciones”, enfatiza Ramos. 

Más allá del asunto de la corrupción en el liderazgo en las fuerzas armadas mexicanas, la estrategia de usar las fuerzas armadas para controlar ya sea el tráfico de drogas o la violencia que lo acompaña ha fracasado de manera espectacular. Los casi 35.000 asesinatos de México (muchos de los cuales estuvieron relacionados al comercio de drogas) en 2019 fijaron un nuevo record —rompiendo el récord anterior de 2018. Los primeros seis meses de 2020 vieron un aumento adicional, a pesar de las cuarentenas y otras restricciones a los movimientos impuestas como respuesta a la pandemia del COVID. La tasa de homicidio de México en 2005, el año antes de que Calderón ordenara a las fuerzas armadas lanzar su ofensiva en contra de los cárteles era de 10 por cada 100.000 habitantes; en 2019, la cifra se encontraba en 29.

Además, los cárteles mismos se están volviendo empresas criminales más diversas y poderosas. Además del tráfico de drogas, ahora obtienen importantes flujos de ingreso de la extorsión, el robo de petróleo, y el tráfico de personas. Con su creciente poder, también están retando el control estatal de importantes porciones del territorio en varias regiones de México. En octubre de 2019, unos pistoleros de un cartel lucharon una batalla reñida con las fuerzas armadas mexicanas en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, y obligaron a las fuerzas armadas a rendirse.  

México todavía no está a punto de convertirse un estado fallido, pero el nivel de disfuncionalidad ya es preocupante y está empeorando. Los tan celebrados logros diplomáticos de la administración de Trump en Afganistán y Oriente Medio no significaran mucho si la violencia y los disturbios en la propia frontera al sur de EE.UU. continúan escalando. Los líderes estadounidenses no solo necesitan prestar más atención a tales desarrollos preocupantes en nuestro vecindario, necesitan estar dispuestos a reconsiderar políticas fundamentales, incluyendo la vieja guerra contra las drogas y el papel de las fuerzas armadas mexicanas dentro de esa estrategia. Tal reconsideración de la política pública es imperativa sin importar quién ocupe la Casa Blanca después del 20 de enero de 2021.

Este artículo fue publicado originalmente en The American Conservative (EE.UU.) el 30 de octubre de 2020.