Construir el muro utilizando el derecho de expropiación perjudica a los estadounidenses

David J. Bier dice que el presidente Trump insiste tanto en construir el muro en la frontera con México porque hizo de esto su principal promesa de campaña en 2016 y que el dinero de los contribuyentes no debería ser utilizado para ayudar a que un político sea re-electo.

Por David J. Bier

El Presidente Donald Trump está contratando abogados para realizar su misión de construir un muro en la frontera con México. No, a estos abogados no se les encargará forjar el hierro y cavar zanjas. En cambio, ellos se concentrarán en entablar demandas para arrebatar la propiedad privada de estadounidenses que poseen la tierra donde el presidente quiere construir el muro. Esta es una asignación deficiente de recursos públicos y una violación de los derechos de los estadounidenses.

Esto es así porque el muro en la frontera no será construido sobre la frontera física con México. La guardia fronteriza construirá el muro donde sea más conveniente para sus propósitos. De hecho, algunos estadounidenses de hecho viven del lado “mexicano” del muro, aún cuando sus hogares están ubicados en territorio estadounidense. Necesitan pasar por su “entrada” todos los días para llegar al trabajo y a los colegios.

Los contribuyentes estadounidenses (no los mexicanos, como se nos prometió) no deberían pagar para robar la propiedad privada de estadounidenses, un intento de mejorar la probabilidad de ser re-electo de un político.

En Texas, toda la “frontera” está de hecho en un cuerpo de agua: el Río Grande, lo que significa que es físicamente imposible que el gobierno construya un muro sobre la verdadera línea fronteriza con México. Debido a las inundaciones, también es generalmente imposible colocar la reja en lugar alguno cerca de los bancos del río. El resultado final es que el gobierno necesita construir hasta una milla adentro del territorio

La tierra a lo largo del Río Grande en Texas es casi totalmente de propiedad privada. De hecho, un tercio de la frontera está bajo propiedad no-federal. Esto significa que aquellos abogados que Trump está contratando estarán ocupados planteando cientos de miles de acciones para quitarle tierra a los estadounidenses que viven donde el gobierno quiere ubicar su muro. En Texas, hay 4.900 parcelas de propiedad a 500 pies de la frontera. Aquellas parcelas podrían tener múltiples propietarios —cada uno de ellos perdería con el muro de Trump.

El derecho de expropiación no solo priva a las personas del valor de la tierra expropiada —que podría ser mínima en algunos casos; en otros casos, podría ser toda— pero también el valor del resto de la tierra del propietario. Por ejemplo, la administración de Bush construyó una reja efectivamente poniendo una cancha de golf en “México”, la cual terminó arruinando el negocio de esta cancha en 2015.

Todas las personas viviendo “en México” no reciben compensación a menos que de hecho pierdan su tierra por el muro. El hecho de que ahora tienen que tocar la puerta para entrar a su propio país no vale un centavo. De igual manera, un muro de diez pies construido a un pie de su propiedad tampoco cuenta.

Todo el proceso de “expropiación del dominio” —el término legal para cuando el estado toma control de la propiedad privada— alrededor de la frontera hace caso omiso al requisito en la Constitución de que la “propiedad privada (no) debe ser tomada para uso público, sin una compensación justa. La guardia fronteriza puede enviar una carta requiriendo que el propietario “voluntariamente” entregue su tierra a cambio de una cantidad pequeña, que no está basada en una apreciación real de su valor.

Si no creen que eso es una “compensación justa”, el gobierno simplemente inyectará el dinero en una cuenta de garantía (escrow). Ellos pueden construir un muro gigante a través de su casa, mientras que usted pelea por lo que piensa que es justo en las cortes. De la tierra ya tomada, los propietarios ricos lucharon y ganaron un arreglo que triplica lo que el gobierno ofreció, mientras que los pobres tomaron lo que sea que el gobierno le ofreció. Eso es una burla de la Constitución y múltiples leyes arreglarían este asunto.

La Constitución también requiere que la expropiación sea para “uso público”. Obviamente, un muro fronterizo basado en un análisis legítimo de seguridad calificaría como uso público, pero ninguna autoridad independiente alguna vez ha concluido que un muro fronterizo perjudique significativamente los cruces ilegales. El Servicio de Investigaciones del Congreso concluyó que una “reja [de una sola capa], por sí sola, no tenía un efecto discernible sobre el flujo entrante de inmigrantes no autorizados en la frontera en San Diego”.

La razón por la que el presidente insiste tanto acerca de construir un muro fronterizo no es porque esto es lo que le conviene al país, sino porque le interesa a él particularmente, dado que lo convirtió en su principal promesa de campaña en 2016. Construir un muro en la frontera solo para satisfacer una campaña política también convertiría las palabras de la Constitución en una burla. Los contribuyentes estadounidenses (no los mexicanos, como también se prometió) no deberían pagar para robar la propiedad privada de estadounidenses, todo para ayudar a que un político sea re-elegido. 

Este artículo fue publicado originalmente en Inside Sources (EE.UU.) el 6 de noviembre de 2019.