Complejidad fiscal

La ciencia económica es compleja, cargada de teoría y de matemática. Pero cuando se trata de la política fiscal, el asunto parecería ser tan elemental como la aritmética de cualquier hogar. Se gasta lo que entra y se cuida de no exagerar con la deuda. Las reglas fiscales son pues simples, poniendo topes al déficit y a la deuda; se equiparan a la velocidad máxima en la carretera. Lamentablemente, la realidad fiscal no es tan simple.

En primer lugar, los datos oficiales no tienen la claridad que corresponde. Como ha revelado recientemente el economista Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal, las cifras oficiales de la deuda pública no incluyen fuertes compromisos de pago estatal, cuyo monto más que duplica la deuda reportada. La deuda oficial para el año 2015 fue un monto equivalente a 23,3% del PBI y el comentario ha venido debatiendo el efecto de aumentar o reducir ese monto en dos o tres puntos porcentuales a lo largo de los próximos años.

Sin embargo, el Consejo Fiscal ha señalado que existen deudas adicionales por un monto equivalente a 48,7% del PBI, incluyendo la deuda pensionaria, compromisos por proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP), y diversos compromisos contingentes. Sumados a la cifra oficial, esos compromisos elevan la deuda total a 72% del PBI. Si la elevación de la deuda en dos o tres puntos porcentuales ha sido motivo de preocupación, ¿cuál debe ser la reacción ante una deuda que resulta ser casi 50 puntos porcentuales mayor a la que se creía tener?

Otro aspecto de las finanzas públicas que cabría aclarar se refiere a los ahorros del Estado, incluyendo el Fondo de Estabilización Fiscal y depósitos de recursos asignados pero aún no gastados, un monto equivalente a 16,8% del PBI. Si se quiere identificar la capacidad legal de pago, el concepto apropiado es la deuda neta de ahorros. Pero si se busca evaluar el impacto del gasto estatal como estímulo macroeconómico, se debe tener presente que el uso de ahorros estatales previamente esterilizados es en efecto una remonetización que debe ser compensada por el Banco Central mediante una reducción de los recursos disponibles para el sector privado.

La complejidad más preocupante se refiere al uso de la política fiscal para estimular el crecimiento productivo, opción propuesta por varios candidatos presidenciales durante nuestro proceso electoral y que, además, está en el centro del debate global acerca de cómo combatir la recesión que ha frenado al mundo.

El debate ha sido expresado como un enfrentamiento entre la propuesta keynesiana a favor del estímulo fiscal y la propuesta monetarista que rehúye esa opción. El recuerdo de la hiperinflación en países como Alemania y el Perú ha dejado una fuerte predisposición en contra del keynesianismo, y la opinión “seria” sigue insistiendo en una política fiscal con el mínimo de déficit.

Sin embargo, la corriente actual es a favor de esa propuesta. Economistas de peso que se vienen pronunciando por un uso agresivo de la política fiscal para recuperar el crecimiento incluyen a Martin Wolf, del “Financial Times” de Londres, y a premios Nobel como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Michael Spence y Robert Shiller, quien predijo la crisis financiera del 2008. Pero el giro más dramático se ha producido en el mismo FMI, baluarte durante medio siglo del monetarismo, pero que hoy recomienda a los europeos el uso agresivo del estímulo fiscal. Si bien son opiniones a tomar en cuenta, mi opinión es que la decisión correcta debe basarse en las circunstancias de cada país.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 8 de mayo de 2016.