Cambio de régimen

La Transición ha terminado. El consenso que permitió el paso de la dictadura a la democracia está roto y se inicia una etapa cuajada de incertidumbre en un escenario que promete abrir una profunda división en la sociedad española. Cuarenta años después, la autodenominada coalición progresista PSOE-UP recupera el proyecto de ruptura que la izquierda aparcó al aceptar la reforma que llevó a instaurar un sistema democrático en España. No se trata pues de un simple cambio de Gobierno, sino de régimen. Estamos en la antesala de un programa cuya aplicación se traducirá en una transformación radical de su estructura política, social, económica e institucional, en un salto cualitativo hacia un modelo colectivista definido por un creciente control de todos los ámbitos por el Estado.

El PSOE ha interiorizado el fracaso de la socialdemocracia. Esta se ha vaciado de contenido ante al éxito indiscutible de la implantación de su agenda y ante su incapacidad de ofrecer con sus recetas tradicionales una respuesta a los desafíos emergentes a raíz de la Gran Recesión. Ello la ha conducido a buscar fuentes distintas de inspiración capaces de llenar su orfandad ideológico-programática. Para sobrevivir ha vuelto en el terreno económico a un keynesianismo cañí en lo macro y a un masivo intervencionismo en lo micro que harían estremecer a Keynes y, en el terreno político, ha aceptado con fervor el credo de las religiones identitarias y resucitado el fantasma de las dos Españas.

Finiquitada la utopía comunista tras la experiencia trágica del socialismo real y agotadas las políticas socialdemócratas convencionales, las líneas divisorias entre el PSOE y la extrema izquierda se han difuminado hasta casi desaparecer configurando una alianza definida por el antiindividualismo y la condena del capitalismo. El resultado de esa confluencia apoyada por las fuerzas políticas que aspiran a destruir la estructura territorial del Estado se ha convertido en una seria amenaza para la pervivencia del sistema de convivencia alumbrado en 1977 con el consenso de las fuerzas políticas que entonces representaban la sociedad española.

La coalición progresista dibuja una política en la cual la ya mermada libertad económica existente se ve aún más restringida por una brutal expansión del gasto público, por una fiscalidad abusiva, por una amenaza clara hacia la propiedad privada, por una injerencia masiva en el funcionamiento de los mercados, por un acusado dirigismo y por la extensión, acentuación y blindaje del estatismo en todos los programas de bienestar social. En ninguna democracia occidental existe una política económica de esta naturaleza, incompatible con la estabilidad macroeconómica, con la creación de empleo y con el crecimiento en el medio y en el largo plazo. En ninguna economía abierta ha dejado una estrategia así de desembocar en una profunda crisis y en un empobrecimiento general.

En una España que hizo de la reconciliación nacional y de mirar al futuro el fundamento de un marco de convivencia para todos se pretende, entre otras cosas, convertir en fiestas nacionales, cuatro décadas después de la muerte del dictador y casi ocho desde el final de la Guerra Civil, el recuerdo a las víctimas del franquismo y del exilio, y hacer de los trágicos fantasmas del pasado agentes activos del presente y del mañana. El pacto tácito de la Transición de no usar la historia con propósitos políticos se ha quebrado, olvidando que imponer una memoria colectiva o histórica desde el Gobierno es propio de regímenes totalitarios o de utopías totalitarias, como señaló un ilustre historiador de izquierdas, Santos Juliá.

Todo el programa de la coalición progresista profundiza en la política, ya en marcha, de encuadrar a los individuos en colectivos identitarios que fragmentan la sociedad en estamentos cerrados por razones de género, raza, religión o condición, liquidando una de las ideas básicas sobre las que se asienta una sociedad abierta y una democracia liberal: el de la ciudadanía, esto es, la de igual libertad de todas las personas ante la ley, con el objetivo de disolver su individualidad en identidades colectivas construidas desde el poder y sostenidas por los privilegios legales y financieros concedidos por este.

En una sociedad democrática, la libertad de expresión es un valor fundamental. Las ideas no delinquen y se combaten con ideas en un debate abierto. Como escribió Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”. A la creciente censura tácita y, en numerosas ocasiones, expresa de cualquier manifestación que ponga en cuestión lo considerado políticamente correcto, la coalición progresista se dispone a desplegar una “estrategia nacional para combatir la desinformación” en internet y en las redes sociales, una de las escasas plataformas de comunicación en las que aún existe un pluralismo real, esto es, una opinión no controlada o mediatizada por la izquierda.

El programa acordado por el PSOE y Unidas Podemos es un catálogo de medidas que conduce a una sociedad a grados decrecientes de libertad y prosperidad. Tiene un sesgo colectivista sin precedentes en la España democrática. Ante este panorama hay que defender los valores de la sociedad abierta: el pluralismo y la tolerancia frente al sectarismo, la racionalidad frente a la irracionalidad, el inalienable derecho del individuo a vivir como desee respetando la libertad de los demás. En esta hora es preciso mantener la cabeza fría y no sucumbir a la tentación de entrar en la vieja, estéril y letal dialéctica de las dos Españas. Hay que mostrar un exquisito y decidido desprecio hacia ese canto de sirena.

La alternativa a la postsocialdemocracia que encarna el Gobierno social-comunista solo puede ser el liberalismo. Esta es la única opción capaz de ofrecer un proyecto real de cambio y de modernización en la España del siglo XXI ante el agotamiento del modelo socialdemócrata, ante el rampante radicalismo de la izquierda y ante la necesidad de reconstruir una sociedad libre y próspera desde las cenizas que probablemente legará el Gabinete entrante.

Este artículo fue publicado originalmente en Civismo (España) el 13 de enero de 2020.