Auto-golpe en Perú: por qué el intento de Castillo falló tan rápido

La constitución de Perú se vio amenazada desde el momento en que Pedro Castillo ganó oficialmente las polémicas elecciones presidenciales de junio del 2021. Castillo, un líder del sindicato de maestros poco conocido antes de saltar a la fama mediática como candidato de un partido marxista-leninista (Perú Libre), nunca tuvo la intención de seguir las reglas establecidas de la república peruana. 

Aunque ciertamente erráticas –el país ahora tiene su séptimo presidente en seis años– las instituciones peruanas habían logrado resistir una serie de enfrentamientos fuertes entre el ejecutivo y el Congreso. Los escándalos de corrupción de Odebrecht desataron la cizaña. Una consecuencia fue el suicidio de Alan García, antiguo mandatario en dos ocasiones, en el 2019. La amenaza de Castillo, sin embargo, era de otras dimensiones.

Para empezar, el programa de su partido en el 2021 buscaba violar explícitamente las garantías inequívocas de la constitución hacia la propiedad privada, la cual se considera “inviolable”. La constitución también garantiza la libertad de empresa, la inversión extranjera y la libertad de prensa. La plataforma de Castillo, por otro lado, pretendía nacionalizar el sector minero y otras industrias importantes, expropiar tierras y deshacerse del exitoso sistema privado de pensiones del país, que, en ese momento, administraba más de USD $40 mil millones en ahorros de los ciudadanos. Perú Libre, partido que admira abiertamente a Vladimir Lenin y Fidel Castro, incluso declaró la necesidad de “regular” la prensa libre, afirmando que un medio “amarillistas” eran una amenaza “fatal” a la democracia.

De manera más agresiva, el programa de gobierno de Castillo pedía abiertamente una nueva constitución para reemplazar la existente, la cual rechazaba como “individualista, mercantilista, privatizadora y derrotista” frente a los intereses extranjeros. Incluso antes de su toma de posesión, Castillo y sus aliados afirmaron que era necesario convocar a una nueva asamblea constituyente. Dado que el Congreso, el cual no estaba bajo el control de Perú Libre, se opondría a tales planes, Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba y el mentor político de Castillo, abogó por la disolución del parlamento. En teoría, esto le permitiría al ejecutivo llevar a cabo cambios constitucionales fundamentales sin oposición alguna.

En el 2021, una mayoría mínima de los votantes peruanos optó por ignorar tales riesgos sistémicos. Percibían a Castillo como un flagelo contra la corrupción y la clase política, especialmente contra uno de sus miembros más emblemáticos. Su oponente, Keiko Fujimori, hija del expresidente convertido en tirano, Alberto Fujimori, es una política de carrera que ha ejercido el poder desde su adolescencia y recientemente estuvo en la cárcel por lavado de activos.

Sin embargo, unos 18 meses después de su victoria, el propio Castillo está acusado, nada menos que por el Fiscal General, de liderar una organización criminal en el seno del gobierno, junto a sus aliados políticos y familiares. Mientras tanto, el Congreso logró resistir los intentos de Castillo de socavar su autoridad. En noviembre pasado, una mayoría en el Congreso rechazó una solicitud de Castillo de viajar a México para una cumbre. Era la tercera vez que se le prohibía salir del país por temor a que huyera en la medida que su poder político menguaba, hasta el punto de haber renunciado a Perú Libre, el partido que lo eligió, hace pocos meses.

El tiempo se agotaba en medio de las luchas entre Castillo y el Congreso. Por el bien de la economía, dicha parálisis impidió que Castillo implementara medidas estatistas de importancia. El intento de “autogolpe” de Castillo antes de ayer, cuando intentó disolver el Congreso e instaurar un estado de emergencia, se produjo poco después de que el exjefe de los servicios de inteligencia de Perú declarara que había advertido al expresidente sobre actos de corrupción dentro de su círculo más íntimo. El miércoles también estaba previsto que el Congreso votara por tercera vez para destituir a Castillo de su cargo por incapacidad moral. La votación se aprobó después del intento de golpe de Estado, tras el cual las autoridades peruanas arrestaron a Castillo cuando, aparentemente, intentaba huir a la embajada de México.

En 1992, el expresidente Fujimori triunfó donde Castillo fracasó al disolver un Congreso liderado por la oposición y gobernar por decreto, hasta que hizo elegir un nuevo Congreso favorable. Fujimori, sin embargo, era extraordinariamente popular —su índice de aprobación superaba el 80 por ciento en el momento del golpe— mientras que el 66 por ciento de los peruanos desaprobaban de la gestión de Castillo según una encuesta publicada el mes pasado. Crucialmente, Fujimori contó con el apoyo de la cúpula militar, mientras que tanto el ejército como la policía rechazaron rápidamente las medidas desesperadas de Castillo.

La constitución actual de Perú data de la época de Fujimori, pero su eventual caída por causa de sus abusos a los derechos humanos se dio bajo el marco constitucional vigente. Tras la elección de Castillo, era incierto si la constitución podría sobrevivir una vez más a un ataque inminente, esta vez de tipo marxista. Hasta el momento, la buena noticia es que sí pudo.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 7 de diciembre de 2022.