¿Alguna vez se eliminarán las exoneraciones?

Desde hace veinte años los departamentos de la Amazonía están exonerados del Impuesto General a las Ventas (IGV). San Martín renunció hace un tiempo a la exoneración, a cambio de un aumento en la inversión pública. Esta semana se ha aprobado una ley por la cual Loreto también renuncia a la exoneración a partir del próximo año y el resto de departamentos a partir del 2020, mientras que el Gobierno Central se compromete a darles casi 400 millones de soles anuales para invertir. No es lo ideal, pero ayuda a reducir el déficit fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que estas exoneraciones le cuestan 817 millones de soles anuales de recaudación. Con el acuerdo alcanzado, se ahorrará la mitad o quizás un poco más porque los gobiernos regionales nunca ejecutan todo el presupuesto de inversión que se les da.

Al margen de esta medida puntual, la inacción del gobierno en materia de exoneraciones tributarias, aunque era previsible, no deja de ser decepcionante. Pidió facultades legislativas y se las dieron, pero no las usó. Dijo que se reuniría con el Congreso para revisar las exoneraciones, pero nunca hubo, que se sepa, tales reuniones. Todo lo que ha hecho es prorrogar por un año más –sí, seguro– la devolución del IGV por los gastos de exploración minera y petrolera y darse un plazo similar para “evaluar” otras exoneraciones.

Decimos “exoneraciones” en el sentido lato del término, incluyendo las exoneraciones propiamente dichas y las devoluciones, inafectaciones y beneficios similares, conocidos genéricamente como gastos tributarios porque son “análogos a pagos directos o subsidios entregados por el gobierno”, según nuestro viejo diccionario de economía del MIT. La población amazónica, por ejemplo, recibe (hasta ahora) un subsidio porque el gobierno se abstiene, en efecto, de cobrarle un impuesto que sí nos cobra al resto de los peruanos.

Hay dos razones por las cuales se deben eliminar las exoneraciones. La primera es reducir el déficit fiscal. El MEF calcula que el déficit podría reducirse hasta en 17.000 millones de soles si se eliminaran totalmente. La segunda razón es que, como todo subsidio, las exoneraciones distorsionan la asignación de recursos: incentivan ciertas actividades en desmedro de otras que aportan más al bienestar nacional.

Todos sabemos que la minería es importante para el país. Pero es importante en la medida en que genera valor; no cuando depende de la devolución de un impuesto, como el IGV, que a las demás actividades económicas no se les devuelve. Cabe preguntarse, sin embargo, como se preguntaba retóricamente un empresario hace algunos días, qué valor se ha generado cuando una exploración no arroja los resultados esperados. Pues el valor que se ha generado es el de saber si ese prospecto tiene o no tiene suficiente mineral como para explotarlo comercialmente. En la misma situación está un exportador que viaja a la China para investigar si hay mercado para sus productos y llega a la conclusión de que no lo hay. Eso no significa que tengamos que devolverle el IGV de su pasaje. Es parte del riesgo del negocio. Un riesgo que no queremos socializar.

Ninguna exoneración será fácil de eliminar, ni las más grandes ni las más chicas. Siempre habrá alguien que se oponga y un político o ciento treinta que lo defiendan... y millones de contribuyentes que, sin saberlo, pagan la cuenta.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Péru) el 21 de diciembre de 2018.