Agentes de recursos escolares: ¿La presencia policial en las escuelas hace más mal que bien?

En el año escolar 2019-20 –el más reciente con datos federales– el 51,4 por ciento de las escuelas públicas poseía un oficial de la ley armado y jurado. Los Oficiales de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) son agentes de policía con un enfoque orientado a la comunidad que pretende aumentar la seguridad mitigando la delincuencia, la violencia y otros comportamientos antisociales en las escuelas. Algunos estadounidenses consideran que el aumento de la presencia policial es una respuesta adecuada para proteger a los alumnos, mientras que otros temen que aumente la mala conducta policial. También existe una creciente preocupación de que los SRO aceleren el "conducto de la escuela a la cárcel": empujar a los estudiantes al sistema de justicia penal a través de una disciplina excesiva y el contacto con las fuerzas del orden.

Con importantes preocupaciones tanto a favor como en contra de los SRO, los responsables políticos deben preguntarse: ¿Hacen más mal que bien?

Los OSR son relativamente nuevos y existen enormes lagunas en la investigación. Los estudios se limitan a menudo a muestras pequeñas y arrojan resultados contradictorios sobre los índices de detenciones y los efectos en la seguridad escolar. No obstante, un tema común es que la presencia de los SRO aumenta las medidas disciplinarias, incluidos los castigos que pueden acarrear importantes daños a largo plazo.

Los investigadores Gottfredson, et al. compararon las escuelas con mayor presencia de SRO con las escuelas sin aumento de SRO. Comprobaron que en los centros con mayor presencia de agentes de vigilancia aumentaba el número de infracciones relacionadas con drogas y armas, así como los casos de disciplina excluyente por parte de los administradores escolares. La disciplina de exclusión se refiere a las medidas que retiran a los alumnos de la escuela, como las suspensiones fuera de la escuela. El estudio también concluye que el aumento del número de SRO no mejora la seguridad escolar.

Los investigadores Sorensen, Shen, y Bushway encontraron que la presencia de SROs en las escuelas intermedias disminuyó la violencia grave, en contraste con Gottfredson, et al., haciendo las escuelas mas seguras, pero tambien aumentaron "las suspensiones fuera de la escuela, las transferencias, las expulsiones, y las remisiones a la policia". El aumento de las suspensiones fue especialmente grave para los alumnos hispanos y negros. Un tercer estudio, en el que se compararon las escuelas cercanas a departamentos de policía que cumplían y no cumplían los requisitos para recibir subvenciones SRO, arrojó resultados similares, descubriendo que las escuelas cercanas a departamentos que superaban el umbral aumentaron el número de infracciones registradas por arma de fuego y disminuyeron los casos de peleas violentas, pero aumentaron las expulsiones, las remisiones para arresto, las suspensiones fuera y dentro de la escuela y el absentismo crónico. Los alumnos negros fueron los que sufrieron el mayor efecto en las suspensiones extraescolares, más del doble que los blancos, seguidos de los alumnos con discapacidades y los hombres.

Mediante la disciplina excluyente, los alumnos pierden el objetivo de la escuela –estar en el aula aprendiendo–, lo que puede crear brechas educativas y de socialización duraderas. Además, el estigma que rodea a la etiqueta de "delincuente" puede apartar a los estudiantes de sus grupos sociales y eliminar el apoyo que se les brinda en la escuela. Pero las relaciones positivas son vitales, sobre todo teniendo en cuenta el repunte de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión entre los jóvenes estadounidenses.

En otro estudio, en el que se compararon centros escolares con y sin SRO en los mismos distritos, no se observó ningún efecto sobre el total de detenciones, pero sí un aumento del 402,3% en la tasa de detenciones por alteración del orden público. Los resultados nulos sobre el total de detenciones sugieren que la detención de alumnos no es la forma más común de corrección por parte de los SRO, pero el aumento de cinco veces en la conducta desordenada merece consideración. La alteración del orden público se produce cuando alguien "perturba el orden público" y es una de las acciones más discrecionales –y posiblemente de menor importancia– que pueden dar lugar a cargos. Por ejemplo, un alumno que grite bruscamente en clase podría ser acusado de un delito menor o una infracción civil, o en circunstancias graves, de un delito grave. La acusación podría depender de varios factores: la tolerancia del profesor a la interrupción, la relación previa del alumno con el profesor o el SRO, o los casos de interrupciones en clases anteriores. Las circunstancias que rodean la presentación de cargos contra un alumno pueden ser subjetivas, lo que deja la participación del sistema de justicia penal en gran medida a la elección del SRO.

La criminalización del mal comportamiento puede inhibir futuras oportunidades de educación, empleo y vivienda, alimentando el "conducto de la escuela a la cárcel". Además, la reducción de las opciones puede conducir a una mayor probabilidad de reincidencia, ya que los estudiantes se ven privados de oportunidades que aumentan el capital individual. Weisburst descubrió que el aumento de la presencia policial en las escuelas de Texas provocaba un descenso del 2,5% en los índices de graduación en la enseñanza secundaria y de alrededor del 4% en los índices de matriculación en la universidad.

Una alternativa a los SRO podría ser animar a los administradores o a los padres monitores. Ambos grupos podrían beneficiarse de una mayor concienciación sobre los problemas escolares al comprometerse con el alumnado en general. Los puestos de monitor crean conexiones positivas para los jóvenes salvando las distancias sociales entre el personal, los padres y los alumnos. Las administraciones pueden poner de relieve las prácticas de mediación cuando surgen conflictos entre los alumnos y realizar intervenciones con las familias, haciendo hincapié en la aplicación de la ley como último recurso. La negociación y la resolución de conflictos son aptitudes esenciales para la vida.

Los estados están ampliando rápidamente los programas de SRO, las subvenciones federales permiten a los organismos locales crear puestos, y el Congreso sigue proponiendo proyectos de ley para ampliar dichos programas. Dada la escasez de buenas investigaciones y los resultados contradictorios de las que existen, la ampliación de los SRO es algo que todos los niveles de gobierno –especialmente Washington, que no tiene autoridad constitucional para intervenir– deberían dudar en hacer.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 24 de julio de 2023.