Violaciones al Tratado

El presidente afirmó que la propuesta de reforma eléctrica no viola el T-MEC y que además es para que México tenga “más ventajas comparativas” y para que lleguen más inversiones a nuestro país. Por lo que dijo, es claro que no ha leído el texto del Tratado y quienes en su gobierno lo hayan leído y entendido al parecer no se atreven a advertirle que la propuesta de reforma eléctrica viola varios capítulos del mismo. 

La propuesta de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, incluido los artículos transitorios, violaría cinco capítulos del T-MEC así como otros tratados internacionales que México ha suscrito, como son el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, el Tratado México-Unión Europea y el Acuerdo de Paris sobre medio ambiente. 

El primero de los capítulos del T-MEC que se violaría sería el 14 que trata sobre la protección de la inversión en el cual se establecen los mecanismos para dar certeza jurídica a la misma y que incluye disposiciones que otorgan la certeza a los inversionistas de que sus propiedades y posiciones serán respetadas y les garantizan un trato no discriminatorio y una compensación pronta, efectiva y adecuada en los casos en que sus derechos se vean sustancialmente afectados por decisiones del Estado. La reforma cancelaría todos los contratos entre la CFE y los inversionistas privados a lo cual habría que agregar la notoriamente aberrante amenaza proferida por Manuel Bartlett de que no se pagaría ninguna indemnización por los daños causados por tales cancelaciones. Los litigios internacionales se vendrían en cascada con un enorme costo para los mexicanos. 

El segundo es el 21 que versa sobre la política de competencia. La reforma le daría a la CFE poder monopsónico y discriminatorio en la adquisición de electricidad generada por los inversionistas privados y poder monopólico en la distribución/venta. Esto claramente violaría el T-MEC que busca garantizar la libre competencia en los mercados, incluido el energético. 

El tercero sería el 22 que regula las actividades de empresas propiedad del Estado para que éstas se realicen bajo los principios de no discriminación con el fin de no afectar el comercio y la inversión proveniente de empresas de Norteamérica. Darle el poder monopólico a la CFE claramente discrimina a las empresas privadas. 

El cuarto es el 24, relativo a la protección del medio ambiente. La cancelación de los Certificados de Energía Limpia así como el orden de prelación en las fuentes de generación claramente discrimina no solo a los inversionistas privados sino también discrimina a las fuentes renovables (eólica y solar) a lo que habría que agregar que las plantas termoeléctricas de la CFE son notoriamente contaminantes, más ahora que se ven forzadas a quemar el combustóleo producido por las ineficientes refinerías de Pemex. México claramente no cumpliría los compromisos acordados en el T-MEC como tampoco los del Acuerdo de Paris. 

Finalmente, el quinto capítulo que se violaría sería el 28 relativo a las “Buenas Prácticas Regulatorias”. La propuesta de reforma eliminaría la CRE, la CNH y el CENACE de forma tal que la CFE se autorregularía, sería juez y parte con todos los incentivos perversos para discriminar a las empresas generadoras privadas además de que tendría la facultad de establecer un mecanismo de subsidios cruzados, cobrando tarifas mayores a las empresas para subsidiar las tarifas residenciales. 

Contrario a lo que afirmó el presidente, aprobar la reforma daría un golpe definitivo a la certeza jurídica requerida para incentivar la inversión; simple y sencillamente se perdería cualquier atractivo para atraer inversión extranjera además de desincentivar la inversión privada nacional. Y, al enfrentar las empresas mayores costos del fluido eléctrico, además del impacto sobre el precio de los bienes y servicios, se reducirían la competitividad de las empresas en los mercados internacionales con un impacto negativo sobre las exportaciones y el empleo. El presidente se equivoca y México pierde.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 22 de octubre de 2021.